El prontuario del abogado de la UDI, Chispas, Cascadas, Vial, Spiniak y John O’Reilly

Por Jorge Molina Araneda

Luis Hermosilla es un abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica. En su época universitaria formó una gran amistad con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el exministro de Interior, Andrés Chadwick.

Actualmente se encuentra en el ojo del huracán ya que un reportaje de CIPER reveló un audio donde el aludido Luis Hermosilla -socio de Andrés Chadwick y exdefensor del jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi- discute sobre pagos ilícitos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Se trata de una reunión entre Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, en junio en el edificio del Grupo Patio en Vitacura. En el audio, proponen crear una “caja negra” para manejar pagos clandestinos, destinados a obtener información privilegiada y favores de estas instituciones.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (…) porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”, dice Hermosilla.

También el abogado menciona una deuda de $10 millones con un funcionario del SII, y sugiere la necesidad de establecer una caja de fondos para influir en más funcionarios. En esa línea, detalla cómo estos pagos ilegales han sido una práctica común para manipular información y procesos dentro de estas entidades.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, agrega Luis Hermosilla.

La reunión se centró en abordar los problemas legales y financieros de Sauer, cuyas empresas estaban siendo investigadas por operaciones irregulares. En ese sentido, Hermosilla y Villalobos debaten sobre cómo manejar la situación, mencionando pagos y estrategias para controlar la información que emanaba del SII y la CMF.

“Aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito”, reconoce el abogado, que también fue confirmado por Villalobos: “Esto es un delito”.

La investigación del SII inicialmente se centró en 12 RUT relacionados con STF y luego se expandió a 44, incluyendo a empresarios ligados al Grupo Patio. En el audio, Villalobos revela que tenía acceso a información confidencial del SII, lo cual indica una filtración de datos sensibles y reservados.

Luego de revelarse el audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla. Sumándose con esta misma acción el SII, el cual inició una investigación interna.

Redes y casos polémicos

En abril de 2013, cuando Andrés Chadwick ya era ministro del Interior y aún seguía ligado al estudio “Hermosilla y Chadwick”, pero –según ha explicado- solo bajo el régimen de “comunidad de techo”, Hermosilla se adjudicó $25.900.000 como pago por una asesoría penal, particularmente para tomar causas relacionadas con el conflicto en La Araucanía, por ejemplo, la querella del gobierno contra el machi Celestino Córdova. Este contrato fue firmado por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

El contrato fue modificado tres meses después, elevándose el valor de los servicios profesionales de Hermosilla a casi $29 millones, ahora para tramitar causas penales en las que intervenga el ministerio del Interior. Esta modificación de julio de 2013 fue firmada por el propio Andrés Chadwick.

Un tercer contrato, esta vez de $44 millones, se celebró entre Hermosilla y la cartera: su labor consistía en lo mismo del primer contrato, es decir, asesorar al Ministerio del Interior en las causas penales tramitadas en la Región de La Araucanía.

Otro contrato con Hermosilla fue en relación a la causa por sobreprecios en insumos para el plan Frontera Norte de la Subsecretaría del Interior, aunque en ese momento se dijo que los honorarios para el abogado habrían sido pagados personalmente por el subsecretario de entonces, Rodrigo Ubilla.

Cabe recordar que Luis Hermosilla también estuvo vinculado al caso SQM, como asesor de la minera y abogado de uno de los gerentes, Patricio de Solminihac, hermano del exministro de Piñera, Hernán de Solminihac, en el caso cascadas.

No solo ha sido abogado del ministerio del Interior en los casos Luchsinger y Catrillanca, sino que además fue abogado defensor de Claudio Spiniak.

Spiniak fue detenido y acusado el 30 de septiembre de 2003 de integrar una red de pedófilos, a lo que posteriormente se le sumaría la acusación por facilitación a la prostitución y abuso sexual de menores de edad (caso que salpicó a los entonces senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa). Spiniak, el principal inculpado, fue condenado por el juez Valderrama —ejerciendo como magistrado del 33º Juzgado del Crimen de Santiago—, el 10 de agosto de 2006, a 5 años de cárcel por cuatro abusos sexuales. El Consejo de Defensa del Estado recurrió de casación en la forma contra la sentencia, y la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena a siete años y medio. El Servicio Nacional de Menores (Sename) interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, la cual finalmente anuló la sentencia del tribunal de segunda instancia el 7 de agosto de 2008, y dictó una sentencia de reemplazo, donde agregó cargos por abuso a un quinto menor y fijó la pena de Spiniak en 12 años de presidio. Posteriormente, Claudio Spiniak se vio beneficiado con la rebaja de su pena a 10 años, saliendo en libertad el 16 de diciembre de 2013.

Hermosilla es uno de los penalistas más conocidos por la opinión pública. Fue abogado defensor del sacerdote John O’Reilly, rostro emblemático de los Legionarios de Cristo, quien fue condenado por abuso sexual reiterado contra una niña de seis años de edad, alumna del Colegio Cumbres, a 4 años y 1 día -con beneficio de libertad vigilada-. En tanto, la justicia canónica ratificó ese fallo y dejó a firme la sentencia  por pederastia contra “la cara de los Legionarios de Cristo en Chile”.

Profesionalmente es descrito como criterioso y muy buen asesor. Lo fue en el caso Chispas, en el que junto con representar a Marcos Zylberberg cuando fue sometido a proceso por “transacción ficticia” —fallo revocado en segunda instancia— hizo de consejero y prestó oídos a un afligido José Yuraszeck, cuya defensa estuvo a cargo de Hugo Rivera.

En materia de honorarios puede estar entre los más caros. “Por un caso como el del cura O’Reilly puede cobrar, por lo menos, $100 millones además de un premio por resultados”, calcula un litigante. También puede hacerlo gratis como dicen que ocurrió con la defensa de Jaime Guzmán que asumió en 1996. Lo conocía desde la universidad y se lo pidió su amigo Andrés Chadwick.

Fue miembro del Instituto de Derechos Humanos desde enero de 2010. Entró en uno de los dos cupos que le correspondía aprobar al Senado y que fueron consensuados durante el mandato de Michelle Bachelet.

A los 14 años, siendo alumno del Instituto Nacional, se inscribió en el Partido Comunista, según publicó en su oportunidad la revista Capital. Entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica en 1974 y formó parte de un cuarteto inseparable con sus compañeros de curso Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y José Miguel Olivares, quienes serían líderes del gremialismo, presidentes de la FEUC y militantes de la UDI.

A Jaime Guzmán lo conocieron en el segundo semestre del primer año de la carrera y ejerció una influencia gravitante en el giro político de dos de ellos: Olivares, que era simpatizante DC, y Chadwick, exMapu.

A partir de 1977 Hermosilla se distancia. Sus amigos han tomado posiciones cada vez más ajenas a las suyas; Coloma y Chadwick son dos de los 77 jóvenes que suben con antorchas hasta la cima de Chacarillas a jurar lealtad al régimen de Pinochet.

De acuerdo a revista Qué Pasa,  ha mantenido una amistad permanente con Fernando Paulsen, el panelista de Tolerancia Cero, por quien se bautizó católico para poder ser padrino de uno de sus hijos. Otro hombre de la prensa cercano a Hermosilla es el director de Ex-Ante, Cristián Bofill. Es también cercano a Gloria Stanley, cuyo yerno, el periodista Andrés Velasco, asesoraba comunicacionalmente a los Legionarios en el caso del sacerdote O’Reilly.

Héctor Salazar, exabogado de la Vicaría de la Solidaridad, quien tomó después de Hermosilla la defensa del sociólogo José Manuel Parada, degollado por la dictadura en 1985, es sumamente crítico de su excompañero de ruta por haber apoyado públicamente a Joaquín Lavín en su primera campaña presidencial. “El personaje deja de ser creíble, para nuestro mundo fue una desilusión. Tú tienes derecho a cambiar, lo que llama la atención es que sea de blanco a negro. Recuerdo que le mandamos una carta pidiéndole explicaciones, la firmamos cuatro o cinco abogados de la Vicaría. Se enojó mucho y conmigo la distancia se alargó tanto que no me saluda. Lo atribuyo a que él tiene conciencia de que yo tengo la convicción del tipo de personaje que es”, sostiene el profesional.

Merced a su defensa en el cado de Jaime Guzmán, forjó un lazo indestructible con la UDI.

Asumió causas que provocaron gran conmoción pública: el asesinato del pequeño Víctor Zamorano Jones en la que colaboró con su padre Nurieldín Hermosilla; la responsabilidad jerárquica del exgerente de ventas de Codelco, Owen Guerrini, en las operaciones de futuros de cobre del operador Juan Pablo Dávila, y como defensor de Jorge Tocornal, acusado por haber violado y abusado de sus dos hijos y en la que éste fue condenado a 13 años de cárcel. Esta última fue su segunda representación en una causa sobre hechos de connotación sexual después del caso Spiniak.

En 1999, a la par que Hermosilla se sumaba a la campaña lavinista y declaraba “votar por Lavín no es votar por Pinochet” la Universidad Andrés Bello buscaba su acreditación. Pensando en nombres que le dieran prestigio y, a la vez, pudieran atraer académicos influyentes los entonces socios de esa casa de estudios, Luis Cordero y Miguel Ángel Poduje, fallecido exministro de Vivienda de Pinochet, invitan a Hermosilla a ser decano de la Escuela de Derecho.

Cuando él tuvo que designar al vicedecano escuchó las recomendaciones de dos cercanos: Rodrigo Hinzpeter, su socio en la oficina de abogados que armó junto a Andrés Jana y Arturo Vergara; y Andrés Chadwick. Ambos le propusieron a Patricio Zapata, un abogado de la DC, que había trabajado en la Secretaría General de la Presidencia y que, por cierto, ampliaba el arcoíris político de la Facultad.

El nuevo decano reclutó a dos ministros de la Suprema y a uno de la Corte de Apelaciones para hacer clases: Milton Juica, Domingo Kokisch y Alfredo Pfeiffer -estos dos últimos ya fallecidos- quienes representaban distintas posturas dentro del Poder Judicial. Uno progresista y pro derechos humanos; otro de derecha, pero respetado por sus fallos, y el tercero (Pfeiffer), partidario de la Ley de Amnistía y cuestionado por los abogados de derechos humanos.

En la época fue muy criticado que, siendo un penalista activo, contratara a altos representantes de la justicia. Igualmente, que los ministros aceptaran.

En otro terreno, en 2020, las operaciones sospechosas de la empresa Ramaja Inversiones Ltda. –de propiedad del empresario Alberto Scuncio–, que se encontraban bajo investigación de parte de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, por el delito de lavado de activos, según el informe reservado de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) –conocido por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública en agosto de 2019–, no solo se remitirían a la exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, sino que parte importante también de las sospechas de la ANI recaían en sus actividades de importación de miles de toneladas de urea, un derivado del petróleo que se utiliza de fertilizante, como insumo para la fabricación de explosivos y como precursor químico para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a la informado por la División de Inteligencia de la ANI el 8 de agosto de 2019 la empresa Ramaja importó desde Venezuela, entre fines de 2017 y 2018, más 32 mil toneladas del producto, por un valor de US$9.739.000.

Si bien para las empresas ligadas al rubro, el enorme volumen de importación de este producto no es algo inusual, pues cada lote de urea que ingresa al país oscila entre las 15 mil y 35 mil toneladas, el informe de inteligencia centra su atención en que la sociedad de Alberto Scuncio, sin tener mayor trayectoria en este rubro, se convirtió desde mediados de la década pasada y, solo en un par de años, en el único proveedor de urea en Chile, situación que hizo experimentar a la empresa un estallido comercial con más de 757 operaciones de comercio exterior solo el año 2016.

Según consta en el informe, los cargamentos de urea fueron adquiridos fundamentalmente por la empresa nacional Agrogestión Vitra S.A. Una de estas importaciones tuvo su recalado en el puerto de Penco el 01 de enero de 2018 y alcanzó un volumen de 14 mil 299 toneladas. Desde el mismo puerto de descarga, Ramaja vendió a Vitra 8 mil 700 toneladas por un valor cercano a los 2 mil millones de pesos.

Luego que el informe de la ANI ingresara al despacho del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, muy pocas personas tomaron conocimiento de la gravedad de la información y tampoco se derivaron instrucciones explícitas de investigación, pese a lo detallado del informe que relacionaba a la empresa Ramaja con exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, investigaciones vigentes de lavado de dinero en Estados Unidos contra empresarios ligados al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en el que aparece la sociedad de Scuncio, además de sospechosas importaciones de urea. De hecho, la investigación vigente en el Ministerio Público provino de la Unidad de Inteligencia Financiera, que de manera autónoma elevó un Reporte de Operación Sospechosa, debido a los movimientos financieros de Ramaja.

Según fuentes conocedoras del trabajo de la subsecretaría, la información no pasó inadvertida para el abogado Luis Hermosilla, quien gozaba por entonces de plena libertad en el Ministerio del Interior, debido a su rol de asesor en materias criminales del exministro de la cartera, Andrés Chadwick.

Y no pasó inadvertida para producto de que la empresa Agrogestión Vitra S.A. –que le compraba la urea a Ramaja– es una de las compañías de propiedad de Gonzalo Vial Concha, hijo del controlador de empresas Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, y que se vio envuelto en el escándalo Caval, que tuvo como protagonistas al hijo y a la exnuera de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

En ese litigio, quien defiende a Gonzalo Vial Concha es precisamente el penalista Luis Hermosilla, quien, siendo el abogado del dueño de Vitra, habría tomado conocimiento del informe de inteligencia en que aparecía mencionada esta empresa, en su doble calidad de abogado privado y asesor del Ministerio del Interior, para la presentación de querellas criminales.

Antes de Ramaja, el principal proveedor de la sustancia era la compañía de petróleos PDVSA, investigada por delitos de corrupción por más de US$ 4.500 millones en Estados Unidos.

“Durante años la urea llegó a Chile a través de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Pero luego dejó de ofrecer el producto y muchos en el mercado chileno le compraron a la empresa Ramaja. Así lo hizo Vitra en 2016, 2017, 2018”, puntualizó Vitra de manera oficial.

La compra de los insumos a la empresa de Scuncio coincidió con el estallido comercial que esta experimentó precisamente el 2016 y que la llevó de la nada a tener más de 700 operaciones de comercio exterior, en solo un año.

El abrupto cese de la importación de la empresa petrolera de Venezuela coincidió con dos hechos. Por una parte, la investigación por corrupción que comenzó en Estados Unidos y, por otra, la condena a más de 20 años de cárcel por el delito de narcotráfico de Walid Makled, principal distribuidor internacional de urea de la empresa estatal venezolana Pequiven, filial de la estatal  PDVSA. Según autoridades de Colombia –que fue el país donde cayó detenido–, Makled está vinculado a una organización que enviaba más de 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU.

Esta firma, creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, es la sociedad madre de la empresa International Petrochemical Holding Limited, la que a través de su gerente de asuntos legales y representante también de Pequiven, Fabián Sánchez Girón, constituyó en Chile en el año 2016 la compañía Suministros del Sur, Susuca, en sociedad con la empresa Ramaja, de propiedad de Alberto y Martín Scuncio.

Fuentes cercanas a las empresas que trabajan con la urea admiten que desde el 2016 existían fuertes rumores de actividades sospechosas de Ramaja con la importación de la sustancia y, que por esa razón, habrían dejado de comprarle el 2018. En mayo de ese año, un informe de la Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), presentado en Panamá, señaló que la urea y el amoniaco estaban siendo utilizados en los laboratorios de cocaína en Bolivia como precursores para la elaboración de la pasta base y la cristalización del clorhidrato.

No obstante que un axioma jurídico señala: “A confesión de parte, relevo de pruebas”, es de esperar que el caso revelado por CIPER sea investigado a fondo y que los responsables sean castigados con severidad. Ya basta y agota que en este país por las redes de influencia y el poder económico los peces gordos salgan incólumes en hechos totalmente punibles… esto último es uno de los gatillantes de la desafección de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Fuentes: CIPER, Radio Universidad de Chile, El Mostrador y Cooperativa.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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