Durante la mañana del 21 de noviembre y en el Juzgado de Garantía de Iquique, fueron formalizados por el delito de fraude al Fisco la actual consejera regional de Tarapacá, Daniela Solari (RN), la ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, María Luisa Lemus (en calidad de cómplice de los ilícitos), Rodrigo Vega -primo de Solari-, Gabriel Díaz, Marcelo Valenzuela, y el empresario Gunther Ziller.
También fueron reformalizados el exintendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada (UDI), su exjefa de gabinete, Lilian Plaza, el exjefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional, Jhonny Muñoz; además de los empresarios Juan Carlos Ayala, Lorena Barrientos, Ximena Ciudad, Dimitri Díaz, Ricardo Percic y Jorge Venegas, por el delito de fraude al Fisco. Lo anterior, tras ser formalizados en diciembre de 2022 -como informó Radio Paulina-.
Es importante precisar, que el expresidente Sebastián Piñera designó a Miguel Ángel Quezada como intendente regional de Tarapacá en febrero de 2018, mientras que en julio de 2021 asumió como delegado presidencial por la misma región.
Sin embargo, ¿en qué consiste la millonaria trama que tiene al exintendente y a la actual consejera regional formalizados por fraude al Fisco?
Todo inició durante la pandemia Covid-19, cuando en marzo de 2020 el gobierno de Piñera anunció el programa “Alimentos para Chile”, destinado a la ayuda social de las familias más vulneradas y afectadas por la situación sanitaria, consistente en la confección de cajas que contenían alimentos no perecibles, útiles de higiene personal y útiles de aseo. Por lo que, la Subsecretaría del Interior, mediante la resolución N°122/20, de abril de 2020, autorizó la transferencia de fondos a la Intendencia de Tarapacá avaluados en $1.190.887.164, debido a la solicitud del intendente Miguel Ángel Quezada, de pagar la adquisición de víveres, útiles de higiene personal y de aseo.
Debido a lo anterior, Quezada y Lilian Plaza, sostuvieron conversaciones previas con representantes de diversas empresas, realizando las gestiones personales con el fin de que se adjudicarán la ejecución de los contratos bajo la modalidad de trato directo. En donde, el exintendente autorizó la compra de 23.113 canastas de alimentos, elementos de higiene personal y aseo, adjudicando los contratos a tres proveedores de la región: DID Sonido y Compañía Spa, Sociedad V Y L Deportes Limitada, y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
«DID Sonido y Compañía Spa, adjudicándose 8.006 cajas, cuyo valor unitario era de $50.944 y cuyo valor total ascendía a $407.857.664, representada por los imputados Dimitri Díaz y Ricardo Percic. Sociedad V Y L Deportes Limitada, adjudicándose 7.650 cajas, cuyo valor unitario $51.180, por un valor total de $391.527.000, representado por el imputado Jorge Venegas. Y Lorena Barrientos quien actuando bajo su Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se adjudicó 7.457 cajas, cuyo valor unitario $52.500, por un valor total de $391.492.500», detalla la querella interpuesta por el diputado Matías Ramírez.
Incluso, las empresas adjudicadas no cumplían con los requisitos para la ejecución de estos contratos, puesto que, no contaban con el giro comercial ni tampoco con el respaldo financiero adecuado a la fecha de su adjudicación, ya que, tanto la empresa DID Sonido como Sociedad V Y L Deportes Limitada, extendieron su giro comercial y actividad tributaria a rubro de la venta al por mayor de huevos, lácteos, abarrotes y de otros alimentos posterior a la adjudicación.
En el caso de la empresa de Lorena Barrientos, si bien poseía un historial de prestaciones por servicios menores al Estado, debido a que cuenta con un giro comercial de “Servicios de banquetería”, carecía de experiencia y del respaldo financiero para la ejecución del contrato. Pero, a pesar de aquello fue invitada a participar en el trato directo, adjudicándose la confección de cajas de alimentos
«Miguel Quezada, Lilian Plaza y Johnny Muñoz -todos funcionarios públicos en aquel entonces-, adjudican dichos contratos por un precio muy superior respecto del valor unitario de las cajas, al valor del mercado al momento de los hechos, alcanzando un perjuicio y detrimento fiscal por un monto que asciende a los $230.763.144, en virtud del análisis acabado que realiza el laboratorio criminalístico de la Policía de investigaciones en el Informe Pericial (…) (los proveedores) vendieron a la Intendencia Regional Tarapacá a un «Precio de Venta Total Cobrado y Pagado» de $1.190.872.691″, se describe en los antecedentes del caso, en el que además se explica que otros proveedores que no participaron de esta modalidad de compra, tuvieron un valor neto de $960.105.088, teniendo una diferencia en casi 230 millones de pesos con las empresas adjudicadas.
En cuanto al presupuesto, el valor unitario por cada caja de alimentos debió ser de $41.540, por ende, en el caso de DID Sonido y Compañía Spa por las 8.006 cajas que se adjudicó, existe una diferencia del valor unitario de las cajas de $9.404 y un sobreprecio ascendiente a $75.288.424; Sociedad V Y L Deportes Limitada, que por las 7.650 cajas que se adjudicó, existe una diferencia del valor unitario de las cajas de $9.404 y un sobreprecio de $73.746.000; y la empresa de Lorena Barrientos, que por las 7.457 cajas que se adjudicó, existe una diferencia del valor unitario de las cajas de $9.404 y un sobreprecio ascendiente a $81.728.720.
Por lo tanto, al sumar los sobreprecios en la adjudicación de la Intendencia Regional de Tarapacá con estos tres proveedores, la suma asciende a $230.763.144, siendo considerado un perjuicio fiscal.
EL IRREGULAR CONVENIO DE QUEZADA
El intendente Regional de Tarapacá Miguel Ángel Quezada presentó al Consejo Regional dos solicitudes de organizaciones sin fines de lucro con la finalidad de ejecutar los proyectos de adquisición de cajas de alimentos: la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, por un monto de $246.144.000; y la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique, por $946.200.000. Tras estas solicitudes, en junio de 2020 el Gobierno Regional aprobó el convenio de transferencia con la “Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique”, para la confección y distribución de 18.000 canastas de alimentos en la provincia de Iquique.
«Lo anterior, solo con el fin de beneficiar así a la empresa C&A Eventos, la cual se encontraba inhabilitada para suscribir con el Estado. Dicha maniobra permite que C&A eventos ejecute la confección y distribución de 6000 cajas de alimentos, por encargo de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique. Esto se corrobora debido a que los proveedores adjudicados para la confección de cajas por parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Iquique fueron: C&A Eventos SPA, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.450, por un total de $314.700.000; Studio LD SPA, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.300, por un total de $313.800.000; Sociedad V Y L Deportes Limitada, por 6.000 cajas, valor unitario de $52.750, por un total de $316.500.000», se menciona en la acción judicial de Matías Ramírez, y en que se confirma que dicho sobreprecio, generó un perjuicio fiscal que asciende a $41.407.080.
No obstante, este no fue el único acuerdo suscrito, ya que, el Gobierno Regional suscribió un convenio de transferencia de recursos con la “Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota”, para el armado y distribución de 4.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza, adjudicándose a la empresa LP Producciones SPA, por el valor unitario $52.467, y por un monto total de $245.544.000; muy
superior a los valores del mercado, generando un perjuicio fiscal de $41.407.080.
Debido a lo anterior, el abogado querellante Enzo Morales, solicitó la prisión preventiva para todos los imputados en este caso, sin embargo, el tribunal decretó solo la medida cautelar de arraigo nacional mientras dure la investigación. Incluso, en conversación con Radio Paulina, Morales afirmó que apelará a ante la Corte de Apelaciones de Iquique “para que revoque la resolución y ordene la prisión preventiva por la gravedad de los hechos”.
Por su parte, el diputado Matías Ramírez, en conversación con El Ciudadano, explicó que cada una de las indagatorias da cuenta de cómo funcionó este fraude al Fisco, el que benefició a empresas cercanas y elegidas por el exintendente Miguel Ángel Quezada y a la actual consejera regional, Daniela Solari.
-Esperamos que esto nos permita avanzar en una tercera arista de la investigación, que se desarrolló en la Provincia del Tamarugal y donde también hay diversos funcionarios involucrados, y que creemos que es importante aclarar cada uno de estos antecedentes lo más rápido posible-, dijo Ramírez.
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