¿Hasta cuándo?

Esta es una pregunta que refleja hastío. Y es la que desde hace años deben estarse haciendo los profesores de Chile. Por distintas razones. Pero en cada oportunidad, alguna trapacería los ha transformado en víctimas. Y cuando no son perjudicados en su peculio, es la dignidad personal y gremial la que soporta las arremetidas del gobierno de turno. Así ha sido desde que tengo recuerdo. Aunque antes de la dictadura, al menos contaban con un reconocimiento social que en los años del general Pinochet perdieron.

Hasta ahí, se podía pensar que eso es propio de las tiranías. Con la llegada de la democracia se arreglarían las cosas. Y algo mejoraron, es cierto. Los problemas de fondo, sin embargo, continuaron. Y cuando se hizo evidente que la educación estaba en crisis, la mala calidad de los docentes fue una explicación muy recurrida. Saltándose olímpicamente los desaciertos cometidos por años en esta política pública, que debería ser una de las más cuidadas y mejor pensadas.

Hasta ahora, los maestros son personal de segunda categoría. Y eso redunda en que las pedagogías no representen las carreras universitarias más requeridas. Aunque, justo es decirlo, en los últimos años ha subido la demanda, producto de mejoras salariales. Pero nada comparable con lo apetecible de las ingenierías o medicina. Como si ayudar a formar a un ser humano para el resto de su vida fuera menos importante que hacer puentes o mejorar la salud. Desde ahí se parte mal.

Después viene el manejo político de la relación con el Magisterio. Y eso ha sido lamentable. Hasta la guinda de la torta, que pareciera haberla cocinado un mago. O, mejor, un hada. Porque por un golpe de varita, una deuda histórica se esfumó, nunca existió. Los afectados son 84.002 profesores. El monto de lo adeudado ascendería a $ 5.2 billones. El problema se arrastra desde 1981, cuando los profesores que dependían del Estado, pasaron a la administración municipal. Desde el año anterior, se había establecido un bono para los docentes, que jamás fue pagado. Han pasado 28 años y la deuda ha crecido.

Hasta ahora, el problema era considerado “histórico”, como lo atestigua su antigüedad. Nunca había sido desconocido. Estaba en la categoría de otros manejos dolosos de que fueron objeto distintos sectores de la población durante la dictadura. Como los pensionados. Y todos esos problemas se incluyeron en una especie de “bolsa de deudas históricas” que resolvería la institucionalidad democrática. Así, al menos, las trató el Congreso. Y la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, una propuesta para resolver la situación de los maestros. En las conversaciones participaron, incluso, los ministros de la Secretaría de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y de Hacienda, Andrés Velasco.

Ahora resulta que la deuda no existe, ni existió jamás. Así lo declaró el Gobierno, respaldado por fallos emitidos por la Corte Suprema desde año 1994 al 2001. Cabe señalar que tales fallos ya existían cuando el Ejecutivo analizó el problema con la participación de dos de sus secretarios de Estado.

El problema no es menor. No sólo por el monto de lo adeudado, sino por las implicaciones políticas que de él se derivan. Un período electoral como el que vivimos no aconseja a los partidos de la Concertación dar vuelta la espalda a un gremio numeroso. Y ya las primeras voces disidentes se han hecho escuchar.

Pero eso no ha bastado para silenciar a la ministra de Educación, la asistente social Mónica Jiménez. Ella ha dicho que no hay nada que discutir y que es necesario mirar hacia el futuro y no al pasado. Además, amenazó con suspender la entrega del dinero para el pago de los profesores si éstos se atreven a ir a una huelga. Una manera bastante revolucionaria de serenar ánimos.

Es como para preguntarse hasta cuándo seguiremos con las decisiones erradas en educación. ¿Hasta cuándo los maestros serán tironeados y tratados como elementos prescindibles y no como formadores que son? Las respuestas vendrán cuando el Estado chileno sea capaz de generar políticas de largo aliento, como son las que necesita la educación. Cuando realmente la clase política se atreva o quiera superar las barreras que levantó la dictadura. Mientras tanto, seguiremos sujetos a veleidades políticas de poca monta. A decisiones que no toman en cuenta que en materia educacional cualquier iniciativa es una inversión a largo plazo. Una inversión que dará buenos dividendos para hacer un país desarrollado a futuro, o quebrará la columna vertebral nacional, también en el porvenir.

Por Wilson Tapia Villalobos