18 de octubre: La rebelión en Chile por justicia y dignidad

El 18 de octubre de 2019 se levanta en Chile lo que ha sido conocido popularmente como “El estallido o la revuelta social”, impulsado previamente por un movimiento de estudiantes de secundaria y que luego movilizó por meses a millones de personas en el País exigiendo cambios estructurales ante diversas injustas realidades sostenidas por el modelo y régimen político dominante.

Independiente que uno de los anhelos iniciales de amplias expresiones de los movimientos sociales fue la renuncia del imputado presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique y a su vez, que se convoque a una Asamblea Constitucional, anhelos que terminaron finalmente con un “Acuerdo por la Paz” suscrita por diferentes sectores políticos representados en el parlamento.

Sin embargo, luego del plebiscito, se impulsó un nuevo proceso constituyente a través de una Convención, que mantiene en el presente importantes avances y que levanta múltiples esperanzas para importantes transformaciones y terminar así con la ilegítima y antidemocrática Constitución Política impuesta en la dictadura militar, base para el modelo neoliberal y el saqueo del País.

Los abusos, atropellos y la ineficiencia del gobierno frente a las demandas sociales, llevó también a que Piñera haya obtenido la mayor desaprobación en la historia, con un 9,1 % de aprobación el 6 de noviembre del 2019 según encuesta Activa Research; un 4,6 % de aprobación el 2 de diciembre del 2019 también por Activa Research; y, un 6 % de aprobación según encuesta empresarial CEP dada a conocer el 16 de enero del 2020, mientras el clamor popular en las calles era la salida de Piñera.

Lo más crítico sin lugar a dudas fue la seguidilla de actos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos contra miles de manifestantes en Chile, incluyendo crímenes de lesa humanidad, que da cuenta de una profunda responsabilidad del ejecutivo y del alto mando de la institución de Carabineros, sin olvidar las violaciones cometidas por agentes militares entre el 18 y 28 de octubre del 2019, durante el periodo del estado de excepción constitucional decretado por Piñera. No olvidar también, los diversos planes represivos anti movimiento mapuche con montajes desde unidades de inteligencia de carabineros, como han sido Tauro, Huracán y Andes. El 14 de noviembre de 2018 fue acribillado por miembros del Gope de Carabineros, el joven comunero mapuche, padre de familia, Camilo Catrillanca.

Las graves violaciones a los DDHH dejaron en evidencia la decadencia, el descrédito y la degradación en instituciones como Carabineros, existiendo múltiples voces que exigen su disolución, institución que a su vez viene arrastrando el mayor fraude (PacoGate) y corrupción en la historia del actual sistema penal. A fines de 2018, el monto fue avaluado en 28.300 millones de pesos. En total, 132 personas han sido formalizadas, lista encabezada por altos mandos hoy desvinculados, actos fraudulentos que han presentado en el presente nuevas aristas y nuevos saldos millonarios.  Si se suman los fraudes por altos mandos del Ejército (Milicogate) y ahora en la PDI, se superan largamente los 50 mil millones de pesos.

El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con masivas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, son cometidas mayoritariamente cuando involucra proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a AFPs, educación, salud e intereses extractivistas industriales forestales-celulosas, latifundistas agro industriales, acuícolas, industrias pesqueras, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con redes del poder político y económico.

Asimismo, son innumerables los abusos y corrupción político empresarial que ha predominado en el País en los últimos años. Por nombrar algunas: Penta, colusión del papel y de farmacias, Soquimich, Ley de pesca, forestales, paraísos fiscales, minera dominga, entre otros.

Imposible olvidar los niveles y bajezas que tienen los grupos de poder defensores del modelo y del régimen político. En los inicios del estallido social, surgen los atentados incendiarios del Metro de Santiago, entre otros, evidenciando una bandera falsa, es decir un montaje en espacios que estaban bajo control absoluto de agentes estatales militarizados.

Inmediatamente, se hacía circular supuestas intervenciones extranjeras como “cubanos” y “venezolanos”, todas ellas impulsadas desde instancias de difusión falsas o ligadas a grupos hiperideologizados o los denominados “patriotas”, incluso promovidas desde el extranjero como las realizadas por Juan Guaidó, quien señalaba el 23 de octubre del 2019 que “Nicolás Maduro está detrás de las protestas en Chile y Ecuador, asegurando que <financia> a diferentes grupos para <infiltrar> las manifestaciones en la región”, esto, mientras diversos fake news se instalaban por parte de detractores de las protestas en Chile.

Sebastián Piñera el 20 de octubre del 2019, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras el gobierno se convertía en un gobierno de facto y se intentaba controlar el estallido social a través de un estado de excepción.

Los principales grupos beneficiados con la dictadura militar y la administración del modelo neoliberal en democracia, han sido: Matte, Angelini, Paulmann, Edwards, Luksic, Ponce Lerou y el propio Piñera Echeñique, con fortunas en miles de millones de dólares, quienes han sido la cúspide de la pirámide del modelo neoliberal en Chile así como los mayores intervinientes del aparato público y redes políticas para mantener el régimen político y sus privilegios, incluyendo una serie de tratados de libre comercio que los han beneficiados en primer orden.

A nivel global, mientras avanza el nuevo proceso constituyente, el Gobierno de Chile a toda costa intenta imponer y dejar encadenado tratados comerciales cuyos principales beneficiados son estos grupos económicos. Algunos de estos acuerdos comerciales son.

• Proyecto ley para ratificar el Tratado comercial de países de Asia y el Pacífico (TPP con amplias facultades a transnacionales)
• Reactualización de los acuerdos comerciales con la Unión Europea
• La reciente licitación a trasnacionales para la explotación del litio.

Sin embargo, han sido los movimientos sociales en Chile, con el estallido de la rebelión social desde octubre del 2019, quienes iniciaron los caminos de desestructuración de la Constitución Política de la dictadura cívico militar de Pinochet, obteniendo un logro histórico, poniendo límite a las prácticas tradicionales del oligopolio político económico y neoliberal, intensificando su desplome e iniciando una nueva historia.

Hoy, contra todo pronóstico previo, una buena parte de quienes han sido elegidos para la Convención Constituyente como independientes de movimientos sociales y pueblos originarios, se deben por mandato a espacios colectivos horizontales, de diversas organizaciones territoriales y sociales, desde donde se han levantado diversas propuestas que están marcando la inclinación de la balanza, con temáticas de importancia referidas a: plurinacionalidad, soberanías, derechos colectivos de los Pueblos, reparaciones, ampliación y fortalecimiento de derechos sociales (salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo, entre otros); nueva generación de derechos (Naturaleza, justicia ambiental, recuperación de las aguas, buen vivir, niñez, justicia y soberanía alimentaria, derechos sexuales y reproductivos, tratados internacionales), igualdad y perspectiva de género, transformación de la institucionalidad en democratización, control y regulación del poder, descentralización, autonomías, territorialidades, desconcentración, entre otros.

Sin embargo, estos nuevos horizontes para un nuevo Chile, deben sortear los violentos embates de sectores de la extrema derecha y grupos empresariales que buscan deslegitimar este proceso democrático proceso que puede ser un cambio sustantivo en justicia y dignidad para todo un País.