200 años de la Corte Suprema: Historial de complicidades en masacres estatales y crímenes de lesa humanidad

Más allá de los 50 años del golpe, donde, se esperaba un acto de petición de perdón por las acciones y omisiones del máximo tribunal del país frente a los crímenes cometidos por la dictadura, sin embargo, no es un hecho aislado, sino parte de un patrón a lo largo de la historia republicana

Seguel Alfredo

30/12/2023 12:57pm

Los 200 años de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Chile fue creada el 29 de diciembre de 1823 con la promulgación de la Constitución Política de la República de ese año, cuerpo legal redactado por el destacado jurista Juan Egaña. Aquella Carta Fundamental calificó a la Corte Suprema como “la primera magistratura judicial del Estado y que estaba compuesta por un presidente, cuatro ministros y un procurador general o fiscal. Asumió como su primer presidente el José Gregorio Argomedo Montero.

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En este marco, se realizó una ceremonia este viernes, encabezada por el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar. También asistieron: Gabriel Boric Font; el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez; el presidente (S) del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; la Contralora (S) General de al República, Dorothy Pérez; el ministro de Justica (s), Jaime Gajardo Falcón; el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano y otras altas autoridades del país.

Parte del discurso del presidente del máximo tribunal, indicó que: “En este contexto, la conmemoración de dos siglos de existencia otorgan la oportunidad de mirar en retrospectiva, pero con visión de futuro, el trascendente papel que ha jugado este tribunal en favor del Estado de Derecho y la Democracia, siendo especialmente oportuno recordar los valores y principios generales y permanentes que hacen posible cumplir esos propósitos (…) Así, la imparcialidad, la autonomía, la independencia, la inamovilidad, la legalidad o sujeción a la ley, la igualdad ante la ley, la exclusividad y la inexcusabilidad, entre otros, configuran ejes que sostienen la función jurisdiccional, que de ser trastocados o desconocidos terminarían desnaturalizado esa función, perjudicando al justiciable”.

Los derechos humanos durante la dictadura y el rol de la Corte Suprema

En los 50 años del golpe de Estado conmemorados este 2023, la Corte Suprema no pidió perdón. La mayor aproximación a ello fue en los 40 años, es decir el 2013. En la ocasión, en septiembre de dicho año, a través de un comunicado leído por el aquel entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, se señaló que los ministros reconocieron que los atropellos a los derechos humanos se debieron en parte a “la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”.

Pero, ¿Por qué debe pedir perdón la Corte Suprema?

“El 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno se presento ante el pleno de la Corte Suprema para ser aceptada por el Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no anuló sus funciones luego del 11 de septiembre. El anhelo de los opositores al régimen de contar con un organismo de justicia imparcial se vio minimizado en 1974, cuando el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, le colocó la Banda Presidencial a Augusto Pinochet”, recuerda un reportaje de Radio Diario Universidad de Chile, del 1 de septiembre del 2013.

Se establecen cuatro puntos a la hora de analizar las falencias del Poder Judicial, en primer la legitimación que se hizo la Junta en 1973, además de hostigar a jueces que mostraron una actitud opositora. En segundo orden, se destaca la Ley de Amnistía que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978, período de Estado de Sitio. Un tercer punto refiere a la potestad de la justicia militar, lo que permite que uniformados eludan los procedimientos civiles y sean juzgados por sus pares. Un cuarto punto, muy importante, es la omisión del principio de Habeas Corpus, conocido en Chile por los ‘recursos de amparo’, que es cuando un ciudadano solicita protección al Estado ante riesgo de su vida por motivos injustificados.

Este acontecimiento no es un hecho aislado, sino parte de una lamentable constante en la historia republicana de Chile. Se destaca que a lo largo de los años, el país ha sido testigo de masacres, genocidios y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado, muchos de los cuales contaron con la complicidad silente de la Corte Suprema. La denuncia actual es un llamado urgente para romper con este patrón histórico y garantizar que la justicia prevalezca sobre la impunidad.

“En el Habeas Corpus, la Corte Suprema está de acuerdo en una actitud que renuncia al rol de cautelar de la libertad y la seguridad individual. La Corte llega a un acuerdo en que todas las solicitudes de amparo serían centralizadas a través del ministerio del Interior, lo que es absurdo porque las personas eran detenidas en cuarteles secretos de la CNI, y el ministerio sistemáticamente informaba que no hay antecedentes, lo que es obvio, ya que son detenciones arbitrarias al margen de cualquier procedimiento”, indica el académico y escritor, Álvaro Fuentealba, autor del libro: . ‘Dictadura y Poder Judicial’.

El reconocido abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, señaló en la época a Radio Diario Universidad de Chile, que “un rechazo a un recurso de amparo se traduce en una sentencia de muerte”, y destaca que esta posición no varió mucho luego de 1990, con Pinochet al mando del Ejército. A su juicio, la ausencia de una política decidida del Ejecutivo, es factor que explica un lento cambio en la magistratura para enjuiciar por distintos delitos: “El Poder Judicial se influencia de poderes políticos, sociales, le llegan señales. Y si ve un Ejecutivo temeroso de los militares, no tiene carne de mártir. Si las autoridades que manejan el Estado no son capaces de una señal de avance, el Poder Judicial no va a contrariar la impresión gubernamental. De alguna manera los presidentes influyen en lo que dice y hace el Poder Judicial, sin que eso implique privarlo de independencia e imparcialidad”.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1991 -que deriva en el Informe Rettig- destaca que la actitud del Poder Judicial en dictadura “produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.

Hoy, desde hace algunos años, recién, luego de un largo periodo de impunidad, la justicia chilena ha establecido una serie de condenadas contra responsables de crímenes durante la dictadura militar. Varios ya han muerto y que toda su vida estuvieron en libertad, otros se encuentra con «demencia senil», incluso hay casos de prófugos.

En un reciente caso de extradición (diciembre 2023), por juicio y condena de la justicia italiana por crímenes cometidos por la dictadura contra ciudadanos italianos, el abogado de derechos humanos, Silvio Cuneo, manifestó: «Los criminales están super viejos, uno está muerto, y de los requeridos, uno ya fue sobreseído porque estaba demente senil”. También indicó frente a la condena realizada en Italia: «Estos son militares condenados por el Estado Italiano, porque no se hizo nunca juicio en Chile, y fueron condenados a cadena perpetua, fueron juzgados y condenados en ausencia», consigna El Ciudadano.

Las masacres del Estado chileno y la complicidad de la Corte Suprema

A lo largo de la historia, existe una serie de registros y antecedentes que dan cuenta de numerosas masacres y crímenes de lesa humanidad cometidos por poderes del Estado chileno, bajo el silencio y complicidad de la Corte Suprema, cuyos abusos y arbitrariedades, jamás han tenido reparación.

En esa línea, imposible olvidar las masacres, genocidios y diversos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado chileno a Pueblos Originarios desde finales siglo XIX e inicios del XX cuyas repercusiones se mantienen hasta el presente.

El Gobierno de Aníbal Pinto (presidente de Chile entre 1876 y 1881), coordinó acciones bélicas con sus homónimos de Argentina, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, para concretar el despojo de los territorios mapuche en ambos lados de la cordillera, también con el apoyo del imperio británico, materializando un tratado de límites para fijar demarcaciones y nuevas fronteras en julio de 1881, firmado por Pinto y Roca.

Pinto, también propició la “Colonización Austral”, que generaron el genocidio de Pueblos como Chono, Selknam, kawasqar y Yagán, bajo políticas de permisividad con la entrega de tierras a colonos extranjeros a cambio de masivos asesinatos de personas de Pueblos Originarios que se extendieron por buena parte del siglo XX.

En el presente, existe una negación oficial de las históricas violaciones cometidos por el estado a los pueblos originarios y que involucran crímenes de lesa humanidad, despojos territoriales, imposiciones coloniales, sin que hasta el momento existan mecanismos de reparación, cumplimiento efectivo del estándar internacional de derechos indígenas y sin que se asuman garantías de no repetición, bajo una amplia complicidad del Poder Judicial chileno.

Un informe de AID Mapuche sobre víctimas de la dictadura militar, da cuenta también de un contexto general, cultural e histórico, que involucró situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del estado chileno, entre ellas, se desprende que las campañas bélicas del estado chileno en la denominada Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían causado la muerte directa de 50 mil a 70 mil Mapuches por la acción directa del ejército chileno.

Otras masacres cometidas por el Estado

Batalla de Lircay

De acuerdo a la historia oficial, el 17 de abril de 1830 un enfrentamiento en la ribera del río Lircay dio fin a la guerra civil que selló el triunfo de las fuerzas conservadoras de Diego Portales por sobre los liberales. Las bases de la República de Chile, con un estado autoritario, se cimentaron con más de 200 muertos a su haber.

Para Gabriel Salazar, se trataba de “un ejército mercenario improvisado por el patriciado mercantil santiaguino”, que derrotó y descuartizó a hachazos al “ejército ciudadano que había ganado la guerra de la Independencia”.

Masacres a movimientos obreros a inicios del siglo XX

En aquella época, el joven movimiento obrero crecía, sus acciones eran cada vez más masivas y por consiguiente, la represión era aún más dura. Así quedó demostrado con “la huelga de la carne” en 1905, cuando trabajadores y consumidores salieron a las calles de Santiago a reclamar por el encarecimiento. La respuesta militar dejó cerca de 250 muertos.

Dos años antes, una huelga de portuarios en Valparaíso terminó con 50 muertos; luego, en 1906, las fuerzas armadas frenaron una huelga en ferrocarriles de Antofagasta, matando a trabajadores en una cifra que oscila entre los 50 y 300, según distintas versiones.

Matanza en la Escuela Santa María de Iquique 1907

Las versiones más moderadas hablan de unos 2.200 muertos. Otros aseguran que las víctimas superaron las 3.600. Todos coinciden en que fue la más cruel matanza de trabajadores en la historia de Chile, a manos de ejército.

Miles de trabajadores del salitre y sus familias marcharon a Iquique en diciembre de 1907 exigiendo al gobierno apoyar sus urgentes demandas. Cuando la huelga ya superaba los 20 mil paralizados, el gobierno ordenó al ejército desalojar a los manifestantes que se instalaron en la Escuela Domingo Santa María y ante su negativa, comenzó la masacre. Hombres, mujeres y niños fueron acribillados en las salas, pasillos y en el exterior del establecimiento.

Matanza de Curanilahue en 1916

El 18 de marzo de 1916, la sangre obrera fue derramada en Curanilahue, provincia de Arauco, región del Biobío. El conflicto inició con los obreros de la maestranza, y luego se propagó a los mineros. Frente a la movilización obrera por mejoras en sus condiciones de vida y contra los abusos empresariales, la compañía no dudo en militarizar la zona y aplicar la dura ley del fuego y la sangre, causando la muerte de arios obreros, según el historiador local Sebastián Paredes.

Masacres sistemáticas a obreros del salitre 1921 a 1925

Los siguientes decenios siguen siendo testigos de violencia militar. Entre 1921 y 1925, cientos de obreros fueron asesinados en oficinas salitreras de Antofagasta, en episodios conocidos como San Gregorio, Marusia y La Coruña. Una época en que el oro blanco ya entraba en crisis, la cesantía comenzaba a golpear y los trabajadores aún exigían terminar con las fichas y recibir su pago en dinero.

La masacre de Ranquil 1934

En 1934, campesinos chilenos y mapuches se rebelan contra un decreto emitido por el presidente Arturo Alessandri, que -literalmente- expropia los títulos de propiedad de pequeños propietarios de tierra, para dárselos a grandes terratenientes, como la familia Bunster. Los campesinos organizados en el Sindicato Agrícola de Lonquimay se alzan en rebelión para recuperar su tierra. El Estado chileno responde con el ejército y la policía, con una horrible masacre que produjo cientos de muertos.

Cuando una masiva marcha pretendía llegar a Temuco, el día 6 de julio de 1934, unidades policiales y militares ejecutan una verdadera masacre en el Fundo Ranquil. Por la inexistencia de registros claros de identificación en la época, y la poca confiabilidad de las cifras oficiales, se dice que entre 400 a 1.500 personas murieron en la asonada y tras ella, campesinos, obreros pobres chilenos y campesinos mapuche.

Masacre de Pampa Irigon de Puerto Montt 1934

También se recuerda la muerte de 10 pobladores en Puerto Montt -una niña de 9 meses entre ellos-, en marzo de 1969, cuando el gobierno ordenó a fuerzas de represión de Carabineros el desalojo de una toma de terrenos en el sector Pampa Irigoin.

Masacre de El Salvador 11 de marzo de 1966

En el mineral de El Salvador hubo un paro total. Las diversas comisiones tenían a su cargo tareas concretas: la olla común para los huelguistas y familiares, competencias deportivas, actos artísticos – culturales, cuidado de los niños, disciplina, etc. El centro de todas estas acciones era la sede del Sindicato.

El entonces ministro de Defensa de Eduardo Frei Montalva, Juan de Dios Carmona, ordenó la ocupación militar de El Salvador. El operativo tuvo lugar el 11 de marzo de 1966. Fue realizado por efectivos del Ejército.

Una mujer, que llevaba una bandera chilena fue asesinada. Se llamaba Leopoldina Chaparro Castillo. Tenía 36 años y estaba en avanzado estado de embarazo. Cerca de ella cayó otra: Marta Egurrola de Miles, madre de tres hijos y otro por nacer. También cayeron asesinados seis obreros.

Ocho muertos y cuarenta heridos fue el saldo de la masacre.