25 millones de dólares

Dentro del plan para hacer más expedito el transporte vehicular en la circunvalación Américo Vespucio en la ciudad de Santiago, el gobierno de Ricardo Lagos, a través de la Unidad de Concesiones del MOP, licitó varios tramos y uno de ellos se denominó «Proyecto Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78, Avenida Grecia», conocido por la opinión pública como «Autopista Vespucio Sur», negocio que se lo ganó la empresa española Sacyr.

Pero los funcionarios públicos que decidieron la licitación optaron por abaratar la inversión del concesionario con el ardid de considerar que la «autopista» no lo era, sino que era una simple «autoví­a», habida cuenta que sólo las «autopistas» ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), procedimiento tipificado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esta mendacidad quedó establecida en el respectivo contrato de concesión para darle un tinte de legalidad.

Pero como muchas trampas se detectan, la Contralorí­a General de la República, acogiendo una denuncia nuestra, dictaminó que el vulgar criterio del MOP «no se ajustó a derecho, ni a los principios que informan la legislación ambiental ni a las reglas de hermenéuticaÂ…procurando velar por el interés público comprometido en el ejercicio de sus actuaciones».

Obligó al MOP a ceñirse a la ley, sometiendo el proyecto al SEIA, lo que mereció una solicitud de reconsideración por parte de ese rebelde servicio público, el que fue rechazado de plano por el ente fiscalizador. Entre otras cosas, la Contralorí­a General le respondió al MOP que «analizadas las consideraciones planteadas, se advierte que ellas sólo tienden a abundar sobre aspectos ya argumentados con anterioridad, sin que se aporten nuevos antecedentes de hecho o fundamentos de derecho que permitan variar el criterio sustentado en el oficio cuya reconsideración se pide».

La Contralorí­a General fue muy clara al ratificar su posición y ví­a dictamen NÅŸ 7634 del 15 de Febrero de 2007, ordenó al MOP que la autopista en cuestión debí­a ingresar al SEIA, «sin perjuicio de las medidas y acciones implementadas para mitigar los impactos generados durante la construcción y explotación de la obra». Por este motivo no nos llama la atención la noticia publicada en algunos medios de prensa el martes 29 de Julio pasado, en orden a que ese ministerio deberá gastar US$ 25 millones en mitigaciones ambientales tardí­as. Un diario decí­a que el MOP deberá expropiar terrenos y casas para ampliar veredas, rediseñar las pasarelas, construir parques y áreas verdes en los sitios abandonados, colocar iluminación y pantallas acústicas y que estas obras no se las puede cobrar a la concesionaria, porque no están en el contrato.

Alguien del MOP tomó la decisión de firmar el contrato de concesión con Sacyr liberando a la empresa de ejecutar las obras de reparación y mitigación necesarias en resguardo de las comunidades adyacentes a su trazado y como tenemos buena memoria, en esta ocasión repetiremos lo que sesudamente escribió en un documento oficial el abogado del MOP señor Walter Traub, para justificar el artilugio concebido en ese ministerio: «De las normas revisadas y documentación estudiada, y desde el punto de vista estrictamente jurí­dico, puede concluirse que el proyecto «Sistema Américo Vespucio, Tramo Ruta 78-Grecia» no se encuentra en el listado de proyectos o actividades descritos por el artí­culo 10 de la Ley NÅŸ 19.300, lo que a su vez implica que su titular no tiene la obligación legal de someterlo al SEIA, administrado y coordinado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente» (sic).

Como los 25 millones de dólares saldrán de los bolsillos de los contribuyentes, serí­a sumamente provechoso que el obediente abogado Traub diera a conocer el nombre del ministro o del jefe de Concesiones del MOP que lo obligó a decir tamaña barbaridad, teniéndose en cuenta que ese profesional ya no se desempeña en tal ministerio. Pero, si por una lealtad mal entendida, opta por quedarse callado, serí­a prudente que se conforme una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para que, ejerciendo esos parlamentarios sus propias facultades fiscalizadoras, determinen quien fue el alto funcionario del Estado que decidió cuidarle los bolsillos a la concesionaria y por ende cargarle la mano injustificadamente a la caja fiscal.

Por Patricio Herman

Fundación Defendamos la Ciudad