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PACOGATE
Pacogate es un caso de corrupción ocurrido en Chile, específicamente de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile. El caso comenzó a ser investigado en 2016, mientras que los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2006 y 2017.
A comienzos del 2020, el monto total fue avaluado en más de 35 000 millones de pesos, siendo señalado como el mayor fraude en la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal, iniciado en 2000.
En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como miembros de la institución, incluyendo a altos mandos como el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon.
La palabra «Pacogate» consiste en una alusión a «paco», nombre coloquial para los carabineros en Chile, y «gate», una terminación empleada informalmente para diversos escándalos de corrupción, surgida del llamado escándalo Watergate en Estados Unidos.
Sin embargo, la investigación por malversación de caudales públicos también contempló hace 8 meses un monto que ya asciende los $45 mil millones, al sumarse una denuncia criminal ante el Ministerio Público hace más de tres años por parte del entonces ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
De acuerdo a informaciones de investigación de interferencia, el cual tuvo acceso al escrito presentado el 13 de julio de 2018 por Chadwick ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos -a cargo del caso-, la malversación de caudales públicos apuntaba a $10.934 millones “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución” ni registra justificación millones.
Dicho documento fue presentado cuatro meses después de que se formalizara al exgeneral de Carabineros, Eduardo Gordon, en marzo de 2018, por el delito de los $21 mil millones defraudados por la principal fuerza policial del país
Violaciones a los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos son realidades que no tan solo se puedan circunscribir a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura económica-militar (11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990), porque existe una amplia cantidad de históricas masacres estatales-«republicanas» y atropellos cometidos contra Pueblos Originarios, contra sectores sociales y diversidades oprimidas, incluyendo el periodo de “estallido social”, que resaltaron casos generalizados de asesinatos, mutilaciones, desapariciones, detenciones abusivas y arbitrarias, torturas, vejámenes, abusos-violaciones sexuales, atentados contra la niñez, en suma, miles de casos que han sido registrados por instancias oficiales y de la sociedad civil especializada, que han puesto en alarma sobre la gravedad de los hechos y de la urgencia de revisión en diversas esfera, incluyendo la urgente necesidad de transformación de la institución de Carabineros.
El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, han sido cometidas mayoritariamente por agentes de Carabineros, en especial, cuando involucra proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a Afps, educación, salud e intereses extractivistas industriales forestales-celulosas, latifundistas agro industriales, acuicolas, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con redes del poder político y económico.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el denominado “Estallido Social”, el informe oficial que se daba a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada.
El INDH presentó en dicho periodo 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.
El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la cámara de diputadas y diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.
La disolución total o parcial de Carabineros, principalmente de sus fuerzas represivas por sus sistemáticas violaciones, con actos jerárquicos de corrupción y montajes (Por ejemplo, operaciones Huracán y Andes), deben ser parte prioritaria de la agenda pública.
El presidente Gabriel Boric habló hace algunos días de “reorganización de Carabineros” y que más de 700 efectivos serán reubicados para salir de las oficinas y trabajar en terreno, sin embargo, aún está lejos la tan anhelada transformación.
Alfredo Seguel