280.000 tamiles siguen presos en Sri Lanka en campos de detención fortificados

Cuatro meses después de que el presidente cingalés Mahinda Rajapaksa anunciara la victoria militar sobre los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, 281.621 civiles siguen en centros de detención, que el Ejército mantiene fortificados. Aún así, las denuncias de abusos han logrado traspasar sus gruesos alambres de espino.

La dramática situación de aquellos que lograron sobrevivir a los intensos bombardeos por tierra, mar y aire del Ejército de Sri Lanka y que llevan meses detenidos en centros de internamiento sin el más mínimo contacto con el exterior, apenas tiene eco en la agenda de la comunidad internacional.

Las denuncias por el empleo de armamento prohibido, de violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales durante la última gran ofensiva del Ejército para derrotar militarmente a los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) tampoco han generado demasiados movimientos.

Recientemente, fuentes de la ONU han revelado al periódico británico «The Times» y al francés «Le Monde» que, sólo en la recta final de la operación que comenzó en enero y finalizó en mayo, murieron 20.000 civiles tamiles. De ellos, 10.000 lo hicieron en un mismo día, el 17 de mayo. La ONU, como tal, no ha dado una cifra global de víctimas mortales «para evitar un conflicto diplomático». Según «The Times», ello ha provocado un profundo malestar interno.

Se calcula que 281.621 personas, entre ellas 55.000 niños, siguen encarceladas en una treintena de centros vallados con alambres de espino en las regiones de Vavuniya, Mannar, Jaffna y Trincomalee, en el norte. El Gobierno alega que, antes de su liberación, debe «investigar» sus posibles vínculos con la guerrilla y ha prometido excarcelar al 80% antes de finales de año, promesas en las que ningún organismo confía, porque desde mayo, únicamente han liberado a 10.000, la mayoría ancianos y discapacitados.

El presidente, Mahinda Rajapaksa, ha argumentado que los tamiles que permanecen retenidos suponen «una amenaza» para la nación cingalesa y que el proceso para saber cuántos de los desplazados serán juzgados -bautizado como screening– podría llevar de seis meses a un año.

En un tono similar, el ministro de Exteriores ha declarado públicamente que «todos los tamiles están con los tigres, al menos en sus pensamientos». Más de 10.000 civiles de esta etnia a los que el Gobierno acusa de «pertenecer» al LTTE, cuyos líderes murieron durante la ofensiva militar, han sido trasladados desde estos centros, llamados «de bienestar» por Colombo, a cárceles secretas.

MÁXIMA ALERTA POR LOS MONZONES

Si las condiciones de vida de los internos ya eran extremas, las fuertes lluvias registradas el pasado 14 de agosto han agravado aún más la situación. En un comunicado fechado el 17 de agosto en Vavuniya, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que el estado en el que quedaron los campos era comparable a «una marea de lodo y miseria».

«Cuando destruyeron la vegetación para construirlos, no tuvieron en cuenta la canalización del agua. En menos de 20 minutos, todo quedó inundado. Ninguna tienda se libró. ¿Cómo se supone que podemos dormir en estas condiciones?», pregunta Ganeshan Sivasundram, de 38 años y originario de Kanagapuram, en el distrito de Kilinochchi. Lleva meses en el campo de Menik Farm, a 50 kilómetros de Vavuniya y uno de los mayores.

«Las letrinas quedaron anegadas y los excrementos humanos flotaban por todas las partes. Los niños juegan entre excrementos», añade Maniam Yogapragash.

«No estamos preparados para esto. Temo que las cosas empeoren todavía más. Desde un punto de vista epidemiológico, podemos estar a las puertas de un desastre sanitario», subraya un médico que opera en la zona a IRIN, la agencia de noticias de la ONU.

Sólo en junio, los responsables sanitarios registraron más de 8.000 enfermos de diarrea y cientos de casos de hepatitis, disentería y varicela. La escasez de agua, de servicios básicos y de alimentos es una constante, al igual que las infecciones y malnutrición. Las medidas para atajar estos males son insuficientes y, en ocasiones, contraproducentes.

En un acto celebrado en Colombo, el pediatra indio Bose, que atiende a desplazados en Vavuniya, incidió en que el tratamiento basado únicamente en fármacos no es en sí una solución a la malnutrición. «Las autoridades deberían dar a los niños una dieta más rica en proteínas. No creo que la comida preparada en los campos contenga los nutrientes necesarios para sanar a un niño malnutrido. Aunque el coste de un huevo sea elevado, cada menor debería comer un huevo diario como suplemento a una dieta rica en proteínas. En mi calidad de pediatra, he tratado a estos niños durante tres meses y he de decir que la malnutrición no se cura únicamente por la vía médica», insistió.

Trabajadores humanitarios alertan ahora de la llegada en cuestión de días de los monzones; tres meses de intensas y diarias lluvias. «Lo ocurrido en agosto fue una señal de alarma. Debemos de actuar y pronto», comenta uno de ellos, preocupado por la masificación y poca resistencia de estos campos. «Si el panorama actual es malo, con la estación monzónica lo será 50 veces más. Menik Farm, por ejemplo, es un completo caos», resalta otro bajo condición de anonimato.

Y es que para acceder a su interior o a cualquiera de los otros centros de detención, el Gobierno les ha obligado a comprometerse por escrito a no mantener ningún tipo de contacto verbal con sus residentes y a no revelar sus condiciones de vida. De hacerlo, serán inmediatamente expulsados. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y observadores independientes tienen vetada la entrada. Las únicas visitas son tuteladas por el Ejército y utilizadas para aparentar una imagen de normalidad, sustituyendo la palabra «detenido» por la de «desplazado o refugiado».

El director de la sección británica de Amnistía Internacional, Kate Allen, ha denunciado en particular las condiciones de vida en Menik Farm: «Es horrendo. Alrededor de 160.000 personas se hacinan en un área menor a un kilómetro cuadrado. Estamos hablando de médicos, profesores, agricultores… de personas ordinarias con vidas ordinarias. Están confinadas en condiciones horrendas por el mero hecho de residir en zonas controladas por el LTTE».

El empeño del Gobierno por fortificar estos campos y silenciar o manipular su verdadera dimensión no ha logrado, sin embargo, evitar que algunas de las denuncias de violaciones y ejecuciones salgan a la luz.

El 25 de agosto, el canal Channel 4 mostró una secuencia grabada en enero por un soldado cingalés con su móvil en la que se ve cómo disparan por la espalda a un joven desnudo, atado y con los ojos vendados. En ella también se aprecian otros siete cuerpos en circunstancias similares. A ello se suman las desapariciones de menores y las amenazas sexuales a cambio de comida.

Pese a ello, los gobiernos occidentales han proseguido con la venta de armas a Sri Lanka. El británico, por ejemplo, le ha vendido vehículos acorazados y armas semiautomáticas valoradas en 13,6 millones de libras.

LA DIÁSPORA CREA UN FORO COMÚN

La diáspora tamil, repartida por los cinco continentes, acaba de formar el Foro Global Tamil (GTF, por sus siglas en inglés) para aglutinar fuerzas ante «la magnitud de la crisis humanitaria» que afrontan sus compatriotas. Su reto más inmediato consiste en coordinar las acciones para exigir la puesta en libertad de los más de 280.000 civiles encerrados en campos de internamiento y llevar ante las autoridades judiciales a los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad.

«La gente se está muriendo por enfermedades contagiosas y los niños están malnutridos. Todos corren el riesgo de ser torturados o de desaparecer. Los que están fuera de los campos no se atreven a hablar por miedo», subrayó un tamil residente en Australia en la conferencia celebrada en París del 29 al 31 de agosto.

por Ainara Lertxundi

Gara