A 19 años del asesinato del joven mapuche Alex Lemún en una reivindicación de tierras en predio de Forestal Mininco (CMPC)

El 12 de noviembre de 2002, después de cinco días de agonía, murió en Temuco, Alex Lemún, de 17 años de edad, tras recibir un impacto de bala en la cabeza por parte del oficial de Carabineros Marco Treurer, mientras participaba en la recuperación de un predio (Forestal Mininco) en la comuna de Ercilla.

Luego del asesinato, vino una razzia policial, con aplicación de la Ley antiterrorista, persecuciones por “asociaciones ilícitas terroristas”, militarización por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campañas informativas a través de medios masivos comerciales, todo, articulado por sectores privados y gubernamental en un plan que se denominó “Paciencia”, dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche, plan que buscaba frenar las movilizaciones del Pueblo Mapuche por tierras ancestrales y las protestas contra las forestales, donde el asesinato de Lemún fue prácticamente un punto de partida y que se extendió hasta el 2005, en el periodo de Ricardo Lagos.

El oficial Marco Treurer fue premiado con ascensos consecutivos, blindado por la institución. Pasó de mayor a T. Coronel luego del asesinato e incluso, tuvo jefaturas como la de transporte al interior de la institución en la zona central de la Región de O”higgins.

El asesinato de Alex Lemún se enmarcó en la impunidad que la Justicia Militar chilena otorgaba a agentes estatales policiales que cometían asesinatos y abusos contra civiles, sin embargo, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de abril de 2006 por representaciones Mapuche defensoras de derechos humanos vinculadas a la familia, dando cuenta de la incompatibilidad de la jurisdicción militar con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Luego de casi siete años, La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la protección judicial.

Por requerimiento de la CIDH en el año 2017, la Corte Suprema ordena reabrir el caso y que sea llevado por la justicia civil, estableciéndose un Fiscal especial al respecto. Así, Treurer Heysen, luego de 16 años de impunidad, a partir del 2018 tuvo que comenzar a sentarse en el banquillo de los acusados, siendo condenado el 16 de octubre de este 2021 por homicidio simple, sin embargo, lejos de las estimaciones para una sentencia justa, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol determinó luego, una condena a tres años de presidio menor en su grado medio y la pena se dio por cumplida con el argumento de que el ex uniformado estuvo en prisión preventiva desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2020 y, desde entonces, se mantuvo con arresto domiciliario.

Tanto la Fiscalía, como abogados de la familia pedían una pena de 10 años de cárcel efectiva al acusado. Desde la parte querellante, integrada por Sebastián Saavedra y el abogado Eduardo Painevilo, han señalado que evaluarán junto a la familia del adolescente, interponer un recurso de nulidad que busque revertir esta sentencia para reparar en alguna medida estos 19 años en busca de justicia por parte de la familia Lemún Saavedra, comunicó CID SUR.

Otro de los casos que enluta al Pueblo Mapuche en noviembre, es el de Camilo Catrillanca, quien tenía 24 años, padre de una hija de 6 años y su compañera esperaba otra hija que nació en mayo de este 2019. Camilo fue asesinado mientras intentaba proteger a un niño en un tractor, siendo acribillado por la espalda, en la cabeza, el 14 de noviembre del 2018 por miembros del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) y del Comando Jungla, crimen perpetuado luego del desplome de los planes de operación “Huracán y Andes”, asesinato que intentó cubrirse con un montaje y que involucró la responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera.

Otros casos con tal magnitud, han sido los asesinatos de Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), quienes también fueron asesinados por la espalda por otros miembros del GOPE en el marco de recuperaciones de tierras.