Amnistía Internacional: “A cinco años del estallido social, las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral”
“Las víctimas han estado abandonadas durante todos estos años y se sienten defraudadas. Además de lidiar con la falta de reparación integral, han tenido que soportar los discursos criminalizadores y negacionistas de diversas autoridades y eso es, sin duda, una re victimización inaceptable. Las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; y el Estado tiene la obligación de responder con la debida diligencia”, menciona Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
De un total de 10.142 denuncias por la brutalidad policial y de las Fuerzas Armadas ejercida durante este periodo, menos del 1% ha obtenido justicia. El 99% restante sigue a la espera y muchas de ellas podrían no llegar a ser investigadas. Según cifras del Ministerio Público en septiembre de 2024, se constató que de un universo de 10.142 denuncias relativas a este periodo, la Fiscalía Nacional sólo reportaba 252 casos formalizados y 44 sentencias definitivas condenatorias. La impunidad que esto representa en un contexto de graves violaciones de derechos humanos es improcedente. Más aún cuando, al tratarse del quinto año, muchas de las causas prescribirán.
“En nuestro reciente informe para el comité de derechos humanos de las Naciones Unidas hicimos hincapié en la importancia de modificar la legislación que permita ampliar el término de prescripción para los delitos de apremios ilegítimos y tortura de manera que corresponda a su gravedad. Es inadmisible que cientos de estos casos queden sin ser investigados y se exima a los perpetradores de enfrentar a la justicia. El Estado debe agilizar ya las investigaciones penales y sancionar a quienes sean culpables sin más demora”, afirma Rodrigo Bustos.
El Estado de Chile tiene la obligación internacional de prevenir la impunidad e investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos” por lo que debe asegurar que la aplicación de términos de prescripción a investigaciones por posibles apremios ilegítimos y tortura sea compatible con ello. Actualmente existen 1.329 denuncias por diferentes delitos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social, las cuales podrían prescribir al cumplirse cinco años. Esto podría suponer que más de un 13% de las denuncias que aún no han sido formalizadas queden sin ser investigadas.
Con respecto a la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social, las medidas que ha adoptado el Estado han sido escasas, insuficientes y tardías. Amnistía Internacional llama al Estado a cumplir urgentemente con sus obligaciones y diseñar una política pública de reparación integral basada en los estándares internacionales, que determine de manera clara la naturaleza de las medidas a adoptar, las etapas en que se dividirá su implementación y el financiamiento necesario para garantizar su correcta y completa aplicación considerando una total transparencia y la participación de las víctimas.
“Las víctimas y sus familias siguen manteniendo viva la memoria y resistiendo ante la ceguera imperante. Es admirable ver la determinación y solidaridad que se ha creado entre las personas sobrevivientes y cómo continúan luchando después del abuso y la brutalidad que vivieron cinco años atrás, sin embargo, hoy el Estado les sigue fallando”, reitera Rodrigo Bustos.
El pasado uno de octubre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a tres personas, Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, quienes ostentaron altos mandos en Carabineros de Chile durante el estallido social por la omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Amnistía Internacional considera que este paso clave para determinar la responsabilidad de mandos policiales estratégicos de Carabineros constituye un hito en la lucha por la justicia.
En cuanto a las garantías de no repetición, la reforma estructural a Carabineros es imprescindible. Si bien el gobierno del presidente Gabriel Boric ha presentado algunos proyectos relacionados con las labores policiales, como el que busca regular el uso de la fuerza en la mantención del orden público y el que crearía el Ministerio de Seguridad Pública, la reforma estructural a Carabineros ha quedado prácticamente en el olvido.
“Todos los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos después del estallido recomendamos una reforma profunda a las policías. Desde 2023, nos sumamos a la invitación del Gobierno de participar junto con la academia y la sociedad civil, en la mesa de diálogo para abordar este proceso. Desafortunadamente, no existe un avance real para que esta discusión se traduzca en una reforma policial de la envergadura de lo que se requiere”, afirma Rodrigo Bustos.
La ausencia de medidas en materia de verdad y justicia perpetúa la impunidad generando un clima de temor y desconfianza entre las personas. A cinco años de las marchas multitudinarias que alzaron la voz por mayor igualdad y dignidad, Amnistía Internacional llama a hacer memoria para evitar que hechos tan atroces se vuelvan a repetir.
“No debemos dejar espacio para olvidar o minimizar los sufrimientos que han padecido miles de personas debido a la violencia policial y militar. La falta de memoria colectiva no sólo es injusta para las víctimas y sus familias, sino que también es peligrosa para la sociedad en su conjunto”, Rodrigo Bustos.
El balance del INDH sobre violaciones a los DDHH durante estallido social:
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer este 18 de octubre de 2024, un balance a nivel nacional a cinco años de la crisis social.
- Del bajo número de sentencias condenatorias, el INDH concluye que la impunidad es la tónica de los resultados de los procesos de justicia. Esto se agudizará cuando un porcentaje relevante de causas prescriba por los plazos legales.
- El Instituto interpuso ante la justicia 3.233 querellas, en favor de 3.828 víctimas (2.852 hombres y 973 mujeres). Se presentaron acciones por 227 personas que sufrieron traumas oculares. El 20% de las víctimas mujeres denunció algún hecho de violencia sexual.
De las 3.233 querellas que el INDH interpuso por 3.828 víctimas, la justicia sólo ha dictado 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas (cifra actualizada al 31 de julio pasado).
“Este balance es preocupante pues a cinco años de registrarse numerosas y graves violaciones a los DD.HH., un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción por los plazos legales. Se trata de una situación que se puede atribuir a los tiempos propios de la justicia y también a la pandemia y a la falta de recursos de las instituciones colaboradoras en las investigaciones”, señala el organismo.
Del total de víctimas, 2.852 (75%) son hombres y 973 (25%) mujeres (en tres casos no se contó con información sobre el sexo registral de la víctima). En las querellas del INDH hay 227 personas que fueron víctimas de lesión ocular. Y del total de víctimas consignadas 3.640 sufrió alguna lesión sin resultado de muerte. Siete personas fallecieron debido a los hechos denunciados.
Grupos de especial protección
En su reporte, el INDH agrega los siguientes antecedentes:
“Es importante relevar que 1.481 víctimas pertenecen a uno o más grupos de especial protección y 603 eran niños, niñas o adolescentes al momento de las vulneraciones. El 20% de las víctimas mujeres, es decir dos de cada diez, denunció algún hecho de violencia sexual (violación, amenaza de violación, tocaciones o desnudamientos), casi el doble que los hombres”, indica la institución de derechos humanos.
Agrega: “Ahora bien, en cuanto a los hechos vulneratorios, éstos ascendieron a 5.581 y los más frecuentemente denunciados por las víctimas corresponden a agresiones físicas directas (2.095), disparos (1.887) y desnudamientos (386). La mayor parte de los hechos ocurrieron en sitios públicos (3.958), en 745 de los hechos denunciados la vulneración ocurrió en lugares de custodia y 592 en vehículos de traslado”.
Situaciones constatadas por el INDH
De acuerdo a la información reunida por el INDH, las vulneraciones perpetradas en el marco de la crisis social tienen un denominador común. Ocurrieron en espacios donde los medios de prueba resultan complejos de reunir: en sitios de privación de libertad o durante escaramuzas callejeras. Este panorama dificulta la determinación de las responsabilidades.
“Vista esta situación y el bajo número de condenas firmes y ejecutoriadas, no se puede sino concluir que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de los procesos de justicia (…) En este momento, al cumplirse un lustro de la más grave crisis institucional que vivió el país desde el retorno a la democracia, el INDH insiste en su demanda al Estado de reforzar su labor en los pilares de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, señala en su balance..
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
