Dictadura y el saqueo de Chile
El golpe del 11 de septiembre de 1973 y todo el periodo de la dictadura cívico militar en Chile hasta 1990, impuso un modelo y régimen político que predomina hasta el presente.
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El gobierno dictatorial, junto con los crímenes de lesa humanidad, sostuvo un constante saqueo al país sobre la mayoría de los erarios, bienes, servicios, empresas, tierras y recursos naturales de tipo público, privatizando empresas estatales e instalando amplios beneficios y ventajas a un grupo determinado del poder económico, imponiendo el llamado: “modelo neoliberal”.
Un informe parlamentario sobre “Irregularidades en las privatizaciones de empresas del estado ocurridas con anterioridad a 1990”, fueron recabadas en dos comisiones. Una de 1991, interrumpida por la intervención militar mientras Augusto Pinochet permanecía como comandante en Jefe del Ejército. La segunda Comisión parlamentaria es del 20024-2005.
Varias de estas empresas recayeron en amistades cercanas de Pinochet e incluso parientes, como el yerno del dictador, Julio Ponce Lerou, con la empresa Soquimich, que significó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. La generadora de electricidad Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, y otra generadora del mismo rubro, Chilgener (hoy Gener) una de 171,1 millones de dólares; la distribuidora Chilectra una de 96,4 millones de dólares; y el Banco de Chile una de 66,9 millones de dólares, dicta el informe parlamentario. Asimismo, se enajenaron 15.000 propiedades inmuebles de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados.
“Estamos hablando de cerca de ocho millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados”, explicaba sobre este informe en aquel entonces, el exdiputado (exenador y actual ministro), Carlos Montes.
Por otra parte, más de 600 empresas privadas fueron cerradas durante la dictadura militar tendiente a privilegiar el monopolio sobre ciertas actividades a favor de grupos aliados. A esto se sumó el cierre de medios de comunicación y varias empresas de servicio y energía, entre otras. Finalmente, la imposición del modelo neoliberal estableció marcadamente una pirámide oligárquica, privilegiada durante los gobiernos en democracia, entre ellos: Luksic, Angelini, Matte, Paulmann, Piñera, Ponce Lerou, entre otros.
La pérdida patrimonial del Estado durante la dictadura: los orígenes del actual sistema económico
Primera comisión:
En 1991, la recién instalada Cámara de Diputados quiso indagar en las consecuencias patrimoniales sufridas por el Estado chileno a consecuencia de las privatizaciones de empresas y bienes públicos, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura.
Se constituyó para ello la “Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatización de sus Empresas Filiales”, presidida por el diputado Armando Arancibia.
El trabajo de esta instancia fue bruscamente interrumpido por acciones de presión militar ocurridas mientras Augusto Pinochet permanecía como Comandante en Jefe del Ejército. Sin embargo, alcanzó a concluir que:
• El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que CORFO asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984.
• Sólo la privatización de CAP significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse, y el Estado de Chile tenía el 95.96% de sus acciones. CAP significó vender en 105,05 millones de dólares lo que valía 811.49 millones de dólares, arrojando consecuentemente una pérdida de 706.44 millones de dólares.
La Comisión solicitó a la CORFO, al Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República iniciar, en lo correspondiente a su respectivo ámbito de atribuciones, seguir las acciones necesarias para esclarecer estos hechos y analizar las responsabilidades correspondientes.
Segunda comisión:
El fracaso de estas gestiones hizo que durante los años 2004-2005 la Cámara de Diputados nuevamente abordara este tema, complementando y profundizando lo realizado a comienzos de los ’90, Una nueva instancia, presidida por el aquel entonces diputado, Carlos Montes, instancia que fue la encargada de culminar la investigación.
El objetivo que se perseguía era conocer la verdad y dejar un testimonio escrito, y disponible para el conjunto de la sociedad chilena, de lo que ocurrió con nuestro patrimonio y como se gestó una transformación que cambió la fisonomía del país y la vida de las próximas generaciones.
La labor del grupo legislativo, en que ya no hubo presiones externas, aunque sí dificultades para obtener información completa y fidedigna, culminó satisfactoriamente, elaborándose un completo informe respecto de lo que estos procesos significaron para el patrimonio público.
“Volver a poner a disposición de la opinión pública este documento que, con sus limitaciones, constituye la recopilación y sistematización más profunda existente acerca del daño al patrimonio público ocasionado por la dictadura y la forma en que se modificó la estructura económica del país”, se señala al momento de su difusión, hace 10 años atrás.
En él se concluye que durante el período 1973-1990, se desarrolló en Chile una revolución capitalista radical que transformó completamente la sociedad chilena llevándola a romper de raíz con la historia republicana y la tradición democrática que la habían caracterizado hasta 1973.
Las privatizaciones y decisiones en el ámbito económico eran parte de ese cambio estructural y tuvieron el propósito de crear una nueva estructura económica y social que minimizara el rol del Estado, tanto en lo productivo como en lo regulatorio y enfatizara en el interés individual por sobre los propósitos colectivos.
En el desarrollo de estos objetivos se favoreció a personas y grupos vinculados al régimen militar y fortaleció ciertos sectores o actividades económicas con estímulos que aún permanecen vigentes. Al mismo tiempo se destruyó el tejido social y se impuso un orden social y económico desigual reforzado por medidas como el plan laboral que destruyó los sindicatos.
Esto no habría sido posible en democracia por la diferenciación social y la exclusión que creó en la sociedad chilena, especialmente en el acceso a los bienes públicos y por la facilidad con que se eludieron y transgredieron limitaciones y procedimientos legales.
Se trata, con todo de una investigación no agotada en que aún pueden aparecer nuevos antecedentes.
Tal como se señala en el Informe de la comisión, es importante testimoniar el reconocimiento del país a funcionarios públicos honorables de la Contraloría General de la República cuya labor de recopilación y resguardo de documentación permite disponer de los datos que se han tenido a la vista y a funcionarios y dirigentes sindicales que mantuvieron por años la denuncia de estas situaciones.
Algunos datos
- En la venta de las 30 principales empresas enajenadas durante el período comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió US$ 2.223.163.439,98 lo que a 1990 correspondía al 6,4% del PIB de 1990. La cifra actualizada a 2013 es aún más cuantiosa.
- La pérdida patrimonial para el Fisco es mucho mayor atendido que las empresas y activos enajenados o devueltos, entre 1973 y 1990, alcanzó a 725.
- El traspaso de patrimonio público se realizó a través de diversas modalidades, siendo el principal y más grave, la venta o traspaso irregular de empresas públicas. Sin embargo, no es la única, pues hay también otras formas, tales como:
- Traspaso de patrimonio público a privados correspondiente a 3.912 predios, equivalentes a 3.182.225 hectáreas de tierras del Estado, expulsando a campesinos de 230 cooperativas que eran legalmente sus propietarios.
- Donación por parte de CORFO de 65 inmuebles y otros bienes, cuyo valor llegó sólo en 1989 a $1.900.000.000.
- Enajenación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales de 15.888 inmuebles estatales.
- Endeudamiento de CORFO por los préstamos castigados y deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas que alcanzó a US$1.732 millones por 14 años (1990-2004).
- Acciones de apoyo y subsidio al sector privado, como créditos blandos, préstamos no cobrados, licuación de créditos, incentivos tributarios, franquicias y la rebaja de tributos con el objeto de estimular actividades económicas vinculadas a las propiedades y empresas privatizadas.
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