A 62 días de una huelga de hambre

"Sin lugar a dudas, estamos sometidos a condenas políticas digitadas desde el poder, una decisión establecida por el pacto político y asumido por la actual administración que derechamente actúa al servicio de los poderosos."

A 62 días de una huelga de hambre

Autor: Wari

Por Héctor LLaitul Carrillanca

Más allá del análisis de la situación actual del conflicto: “Pueblo Nación Mapuche y Estado Nación Chileno”, es imperativo hacer una reflexión sobre la invisibilización que ha tenido esta movilización de 15 comuneros Mapuche, donde 4 de ellos ya llevan más de 60 días en condición de huelga de hambre, a la cual nos sumamos 11 weichafe que estamos en las cárceles de Temuco y Concepción.

Lo primero que hay que indicar es que el sentido de esta nueva huelga es protestar por la condena injusta que han sufrido cuatro weichafe de nuestra organización y que, a nuestro entender, no es otra cosa que una conducta arbitraria del poder judicial respecto del rol que ha tenido la justicia chilena, contraria a la real comprensión de la reivindicación territorial y la lucha por la reconstrucción nacional de nuestro pueblo.

De ahí la injusta resolución del tribunal respectivo, quienes resolvieron con una lógica del Estado chileno en su formato colonial clásico: racista, discriminatoria y de intolerancia en contra del pueblo Mapuche en general, y de sus expresiones políticas en materia de reivindicaciones territoriales en particular.

Es importante señalar que en este contexto marcado por la persecución y criminalización de la resistencia del Movimiento Autonomista Mapuche han resultado prisioneros y procesados sus más destacados weichafe como consecuencia de un Gran Acuerdo Político asumido por el actual gobierno de Boric con la clase política dirigencial actual, representada hoy por ultraderecha de profundas raíces en la Araucanía hasta los ex Concertación.

Hoy el enemigo es el Pueblo Nación en lucha

Esta toma de razón, que a nuestro juicio desnuda la verdadera naturaleza del Estado chileno, va más allá de un simple acuerdo, ya que permea, deteriora, socaba y corrompe todo a su paso: derechos, deberes y hasta las bases mismas del propio Estado Democrático de Derecho que dicen sostener. Se ha implementado y aplicado un tipo de justicia donde se restablecen lógicas y métodos usados durante la dictadura militar chilena y que se suponían ya superados, como es la definición del enemigo interno, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional.

En efecto, este acuerdo político dirigencial ha tomado cuerpo y forma como una decisión de Estado bajo la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, pero debe quedar muy claro: es para la defensa irrestricta de los poderosos, de la oligarquía chilena que pretende seguir dominando en el Wallmapu.

Solo así se puede entender que el poder legislativo, mediante leyes como Naín-Retamal y de usurpaciones, permita una represión direccionada en contra el movimiento autonomista, que actualmente disputa en el Wallmapu los derechos fundamentales del pueblo Nación Mapuche de autonomía y territorio contra los intereses del gran capital. O en su efecto contra los intereses económicos del gran empresariado que no repara en hacer uso de todo su poder para pretender el exterminio definitivo de la causa mapuche autonomista.

Hoy comprendemos que este es el rol que han tomado los tribunales de justicia chilenos que, actuando bajo esta definición de Estado y presionados por el acuerdo desde arriba, no han otorgado ni otorgarán un debido proceso a los mapuche, dictaminando condenas injustas y arbitrarias, como es el caso de los cuatro militantes CAM que ya llevan más de dos meses en huelga. El accionar que cumplen los diferentes poderes del Estado están relacionados al poder de dominación en este país, incentivándolos o no dejando otra alternativa que desarrollar acciones y leyes represivas en su máxima expresión.

Esta es una de la razones por la que estamos realizando la huelga de hambre, porque a todas luces hubo un procesamiento que nos permite afirmar categóricamente que no se cumplieron con los estándares mínimos de la prueba para condenar.

Sin lugar a dudas, estamos sometidos a condenas políticas digitadas desde el poder, una decisión establecida por el pacto político y asumido por la actual administración que derechamente actúa al servicio de los poderosos. Esta determinación es por el solo hecho de pertenecer a una organización Mapuche Autonomista, a una expresión política de lucha que confronta directamente contra los intereses del gran capital representado en la industria forestal. Y cuyas reivindicaciones de tierras por parte de comunidades Mapuche son de carácter autonomista, donde se ejerce el control territorial que cuestiona los cimientos del sistema que nos oprime como pueblo.

Prisión Política

En nuestra lucha como weichafe está nuestro feyentun, kimun ka rakiduam mapuche y es desde este espacio cosmovisionario de donde nace un reclamo a derechos básicos: demandamos un espacio segregado para ejercer nuestra cultura, nuestro conversar, nuestro sentir y pensar, con los mínimos elementos y trato digno a nuestros familiares y comunidad.

La Doctrina de Seguridad Nacional basada en la persecución, represión y exterminio de un supuesto enemigo interno es aplicada más allá de políticas de falta del debido proceso, también en el carácter racista e inquisitorio de las políticas carcelarias que debemos afrontar los PPM.

Y esta es la segunda razón de la Huelga frente a la política de castigo por parte del Ministerio de Justicia y efectuada por Gendarmería de Chile, que se remite a la prisión injusta, a las condenas excesivas, a la falta al debido proceso. Pero también a prácticas inquisitivas, crueles, de abusos del sistema carcelario que debemos sufrir como presos políticos Mapuche, así como nuestros familiares y comunidades. Un modelo inquisitorio de prácticas que nos remiten a un pasado de genocidio y exterminio de toda la cultura Mapuche.

Chile es uno de los países más atrasados en el respeto a los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios en América Latina. No existe reconocimiento constitucional ni vigencia o aplicación de los tratados y convenios internacionales.

Nuestra protesta es absolutamente legítima y justa, y posee un origen y fondo en nuestra condición de dignos representantes, miembros de un pueblo originario.

En la carcel concesionada CP Bío Bío no se respetan los derechos culturales y políticos que heredamos de nuestros ancestros. Y tenemos claro como Mapuche que al perder la libertad por todo acto o resolución de un sistema procesal injusto, no significa perder el derecho a seguir siendo Mapuche. Se supone que el castigo en todo Estado Democrático de Derecho -a diferencia de como lo hizo la Inquisición– tiene que ver con el valor de justicia basado en un fundamento humano más allá de todo credo, religión o toda doctrina de seguridad. Eso no se cumple en la actualidad.

Palabras finales

Estos procesos que estamos viviendo de persecución política y castigo tienen que ver con la lucha del movimiento autonomista desde y con comunidades para la reconstrucción del pueblo Nación Mapuche. En mi caso como Werken he sido perseguido, procesado, enjuiciado y condenado por los planteamientos políticos, ideológicos y culturales que atentan con el orden establecido de continuidad del modelo neoliberal en Wallmapu. Asi también está ocurriendo con los demás weichafe.

Esta huelga es una forma de expresar y protestar en contra de la persecución política que ocurre tanto hacia el movimiento mapuche en resistencia como hacia quienes debemos asumir desde la prisión política.

En el fondo es una manifestación más contra el Estado capitalista y colonial que niega todos los derechos fundamentales del pueblo Nación Mapuche, lo que nos remite inevitablemente a un pasado marcado por la resistencia heroica ante el exterminio y genocidio de lo humano, cultural, espiritual y territorial .

Así como lo hicieron nuestros ancestros, los füta keche kuifi.
Lucharemos. Resistiremos. Venceremos
Weuwaiñ – marrichiweu!!

Por Héctor LLaitul Carrillanca

Columna publicada originalmente el 15 de enero de 2024 en Politika.


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