A rechazar la farsa constitucional

Por Gustavo Burgos

Valparaíso, 6 de mayo de 2023

Las elecciones de este 7 de mayo aparecen revestidas de una completa falta de legitimidad. El proceso constitucional del que son parte fue el resultado del llamado Acuerdo por Chile (también llamado Acuerdo de la Infamia), en virtud del cual la generación de la nueva Constitución está entregada a organismos dominados por el Congreso, sin que exista en este proceso la más mínima participación popular. El repudio popular a estas elecciones es —por lo mismo— amplio y se ha extendido por toda la base electoral del propio Gobierno. De hecho, desde La Moneda temen tanto por igual una estrepitosa derrota a manos de la Derecha, como de un abultada abstención y voto nulo. Ambas cuestiones dejarían al Gobierno colgando en el aire, en una polarización entre la creciente fuerza del Partido Republicano y una izquierda «extrema» que hoy no tiene rostro ni organización definidas. El escenario se presenta como una pradera reseca que espera tan solo una chispa para arder.

No nos parece necesario abundar en las razones por las que ha de restarse toda legitimidad y hasta seriedad a las elecciones de consejeros constitucionales, consejeros cuya única función es prestar o no el acuerdo al texto emanado de la Comisión de Expertos y en la que si las fuerzas del Gobierno no alcanzan los 2/5, será un texto íntegramente definida por la Derecha pinochetista. Declaraciones de altos personeros de Gobierno como Monsalve, del senador Latorre, entre muchos otros, sugieren que tal es la incógnita de estas elecciones, lo que explica la animosidad con que anticipan su política de responsabilizar a la izquierda del «anulo» para explicar lo que entienden será una derrota estrepitosa de características plebiscitarias.

En efecto, principalmente desde las filas del Partido Comunista se ha renovado la idea de que abstenerse o votar nulo es «hacerle el juego a la Derecha». Esta imputación no solo resulta un tanto cómica proviniendo de quienes votaron por el ultra pinochetista Juan Antonio Coloma para la presidencia del Senado, impulsaron el tratado neocolonial del TPP11, la flexibilización laboral de la Ley de las 40 horas y la Ley Naín-Retamal que garantiza impunidad a los represores. Resulta cómico —por supuesto— que quienes han hecho suyo el programa político de la extrema Derecha acusen a sus detractores de colaborar con aquella. En efecto, desde 1990 nunca se había dado la situación de que el régimen se unificara en torno a un ataque tan masivo y macizo en contra de la mayoría trabajadora. Ni en la lejana política de los acuerdo de Aylwin–Allamand, ni en el romance de Lagos–Longueira, ni en el bacheletismo-aliancista de Lavín, se había producido tal sincronía política en torno a un programa contrarrevolucionario. Tal pacto llamado Acuerdo por Chile, expresivo a su turno del Acuerdo por la Paz de noviembre del 19, puede ser considerado el primer paso en el establecimiento de un Estado policial, dictatorial, en nuestro país.

No podemos saber cuál será el resultado de las elecciones mañana [7 de mayo]. La obligatoriedad del voto hace poco previsible el resultado, atento a que por un lado las encuestas recogen intenciones prioritariamente entre quienes participan del proceso electoral, y por otro, que el escaso interés que han despertado estas elecciones genera una nube gris de indecisión que aumenta lo imprevisible del resultado. Sin embargo, puede inferirse que si desde a lo menos el 4 de septiembre el único discurso vigente en los medios y desde las propias autoridades es el de la «inseguridad», la «lucha en contra de la delincuencia» y contra la inmigración, resulta previsible que los sectores de extrema Derecha —propietarios de este discurso— resulten vencedores. Puede afirmarse —en consecuencia— que es desde el Gobierno que se ha prefigurado esta derrota, una derrota que existe antes que se escrute el primer sufragio y que es el resultado de su responsabilidad de haber borrado por completo su propio programa.

Hace un par de semanas, el presidente Boric en un acto ante el gran empresariado —me parece que fue en la Enade— afirmó que él había concluido que el programa con el que resultó electo ya no daba cuenta de los problemas que enfrentaba el país. Como resultado de tal conclusión, había resuelto cambiar su programa, argumentando en contra de la tozudez o algo parecido. El argumento —de pleno sentido común— sería razonable si quien hablara hiciese referencia a algún episodio de su vida doméstica. Impecable. Sin embargo, el presidente Boric resultó electo en razón de tal programa y por ese programa votaron millones de ciudadanos, a quieres no tuvo la delicadeza de preguntarles por su cambio de criterio. Ni aún su juventud le permite pasar por encima de la voluntad popular expresamente manifestada.

Si es que él realmente cree que se encuentra en La Moneda como resultado de la voluntad popular, su obligación sería renunciar al cargo de primer mandatario y convocar a elecciones generales o al menos presidenciales. Sería lo lógico si este fuera un régimen democrático en que la voluntad popular rija los destinos del país. Pero sabemos perfectamente que no es así y el Presidente Boric lo sabe mejor que nadie. Dirigiéndose a una audiencia conformada por el gran empresariado nacional se sintió en la libertad y quizá en la intimidad necesaria para confesarle a sus verdaderos mandantes cuál era su verdadera lealtad. Por esta razón este Gobierno concluirá su período constitucional y —pegado con alfileres— administrará el Estado de conformidad a las necesidades del gran capital y el imperialismo. La crisis recesiva inminente y la represión para sofocar toda resistencia, caerán en todo caso sobre las espaldas de la mayoría trabajadora de forma inclemente.

Lo señalamos al comenzar esta nota, amplios sectores se han plegado al llamado al voto nulo, la abstención o el voto en blanco en rechazo a la farsa constitucional. Esta forma de protesta electoral es —todos lo sabemos— enteramente insuficiente. No alcanza con rechazar la farsa, concurrir a anular o quedarse en la casa mañana. Lo importante es lo que viene después y ese después significa entender que para enfrentar el proceso reaccionario en curso se hará necesario ganar la calle, organizarse y unir a todos los sectores que comienzan a levantarse en contra del régimen con una inequívoca perspectiva de clase, socialista. Los signos elocuentes de esa nueva tendencia en el movimiento lo observamos el reciente 1º de Mayo. En efecto, sobre la Alameda se extendieron físicamente los dos polos en conflicto. Frente al GAM, el Gobierno, la CUT y los sindicatos amarillos celebraron el avance de los planes de flexibilización laboral. En Estación Central, la Central Clasista logró convocar al activismo, sindicatos de base y a múltiples organizaciones de izquierda. La primera fue protegida por la policía, la segunda fue reprimida desde el primer momento de iniciada la manifestación. Esta es la tarea que se nos plantea.

Sin tal tarea organizativa y movilizadora, los resultados electorales de mañana en la noche se irán por el desaguadero del proceso político. Es prioritario marcar a fuego, programáticamente, que la política del mal menor, de «unirse contra la Derecha», de «correr el cerco», esa política que se viene imponiendo invariablemente desde 1990, nos conduce a nuevas derrotas y —como vemos hoy— hacia el fascismo. No nos engañemos, el día de mañana [7 de mayo] se nos llama a votar por nuestros verdugos.

Por Gustavo Burgos

Columna publicada originalmente el 6 de mayo de 2023 en El Porteño.