El director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, ha estado en el centro del debate, luego de que emplazara al Congreso a aprobar una serie de medidas para beneficiar a la institución castrense.
Esto, luego de que este martes se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento del cabo primero de Carabineros, Alex Salazar Rodríguez, quien se encontraba en estado grave luego de haber sido atropellado por un hombre en Concepción.
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En concreto, Yáñez recalcó que es necesario que se establezcan herramientas para que las policías “puedan tener la certeza de que lo que van a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”, refiere Radio U. Chile.
Ante esta situación, Karinna Fernández, abogada de la organización de defensa a los derechos humanos, Londres 38; señaló que los dichos del general violan todos los estatus establecidos en la Constitución.
“Dentro de un estado democrático, las Fuerzas Armadas y de Orden no son deliberantes y tienen que someter su accionar, incluso en términos comunicacionales, a las autoridades gubernamentales”, explicó en una entrevista a Radio U. Chile.
Al respecto, enfatizó el llamado de Yáñez a que la Fiscalía no cuestione la labor policial, se condice con otra acción del general, debido a que, hasta la fecha se ha encargado de obstaculizar las investigaciones, en las que se relaciona con las violaciones a los derechos humanos por parte de la institución castrense.
“Para nosotros es indispensable señalar el contexto en que se dan estas declaraciones. Él no ha concurrido a declarar ante la justicia. Existe una investigación en contra del alto mando de Carabineros, una que investiga la fiscal Ximena Chong, en la que él se ha rehusado a participar en cinco oportunidades”, recalcó.
No solo “obstaculiza (Yáñez) profundamente una investigación que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos”, sino que también “hace impresentable estos dichos”, añadió.
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Con respecto a las citaciones que se le ha realizado al director -de Carabineros, la abogada de la organización manifestó que, en cada citación, Yáñez se ha excusado para ir, y otras simplemente decida no asistir a dar declaraciones, entorpeciendo aún más las investigaciones.
“Eso ocurrió en particular con la primera citación de agosto, donde incluso la ministra Vallejo sostuvo que el general iba a aportar antecedentes, que iba a concurrir a declarar, cosa que hasta ahora no se ha dado. Después, siguió dilatando su participación a través de una serie de argumentaciones, como que estaba muy ocupado en septiembre, que tenía que ir a la parada militar, y así han transcurrido los meses. Ya para la última citación, en febrero, dijo que estaba de vacaciones”, indicó.
Cabe recordar que, el Ministerio Público ha citado, en reiteradas ocasiones, al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar en calidad de imputado, en una investigación que se lleva a cabo sobre los delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social.
La causa comenzó en 2019 y ahora está a cargo de la jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien citó a Yáñez para la semana que viene.
Pese a que la indagatoria es sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, esta nueva comparecencia se relaciona a una nueva causa iniciada a base de dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, refiere Cooperativa.
Las querellas apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de «mando» por supuestos «delitos de omisión» en apremios ilegítimos durante el estallido, comprendiendo las fechas entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.
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Frente a ello, Londres 38 ha utilizado distintos mecanismos para exigir que Yáñez cumpla con sus obligaciones legales, desde realizar declaraciones públicas, a otras maniobras de escala internacional.
“Hemos pedido a la Comisión Interamericana que requiera al Gobierno la información de por qué el general no concurre a declarar, y de esas comunicaciones hemos enviado copia a Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado acá en Chile, y a la senadora Fabiola Campillai”, puntualizó, citada por el medio.
“Hay una serie de antecedentes que Carabineros no remite, que no envía de manera oportuna, o que lo hace de forma fragmentada. Todos esos son obstáculos para una investigación que justamente tenía que ser realizada de manera oportuna y efectiva, tal como dijo la Comisión Interamericana en su informe sobre Chile”, concluyó.
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