Poco parece haber cambiado en Bolivia tras ocho años de vigencia de una ley de protección a las mujeres: los feminicidios y otras formas de violencia por razón de género no disminuyen, según las cifras oficiales.
Con una tasa de al menos 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, Bolivia es uno de los países más golpeados por esta tragedia en Latinoamérica y el más afectado en Sudamérica, reportó recientemente la Comisión Económica Para América y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas.
Los números absolutos, entre 110 y 150 feminicidios por año en el último quinquenio, resultan de alto impacto en un país de poco menos de 11 millones de habitantes y un sistema policial y judicial que alcanza a investigar y procesar menos de la mitad de los casos.
Enfrentado con nuevas oficinas estatales y servicios policiales judiciales especializados, en aplicación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia —Ley 348 de 2013—, el flagelo de la violencia contra las mujeres no se anota solo en muertes sino también en millares de otras agresiones.
«Estas cifras reflejan la vigencia del patriarcado y de una sociedad que ha naturalizado la violencia. El Estado debe evaluar las normas, políticas y su accionar respecto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues ésta aún no ha generado cambios estructurales», protestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en un mensaje por el Día de la Mujer Boliviana celebrado esta semana.
¿La solución? Reformar la Ley 348, según el Gobierno de Luis Arce, que apenas instalado en noviembre de 2020 abrió un proceso de consultas durante el cual recogió más de un millar de propuestas que actualmente organiza en un proyecto legal declarado prioritario por el parlamento, pero aún en lista de espera.
Urgencia
La defensora Cruz consideró urgente una conjunción de ideas y esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil para adoptar cambios estructurales, que abarquen al comportamiento colectivo e individual, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos.
La urgencia se deriva de la «alarmante» persistencia de los delitos por razón de género contra las mujeres, pese a los muchos años que lleva ya la lucha contra la patriarcalización y descolonización del Estado, anotó Cruz.
Los datos oficiales de 2020, puestos en duda por activistas femeninas que advierten la falta de denuncias y de investigación durante la pandemia, indican que ese año se registraron en Bolivia al menos 110 feminicidios.Cruz señaló que ya son 89 los feminicidios reportados en lo que va del año, es decir uno cada tres días.
A esto se suman 34.675 denuncias violencia contra las mujeres presentadas en las unidades policiales creadas para atender exclusivamente este problema.
En 2020, añadió, se registraron 39.999 embarazos en niñas y adolescentes, de lo que resulta un promedio de 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, con el detalle agravante de seis embarazos por día en menores de 15 años.
Cruz observó, entre incumplimientos de la Ley 348, que menos de un tercio de los gobiernos municipales y departamentales ha creado oficinas de atención a problemas de violencia de género, la mayoría no tiene personal especializado, menos de la décima parte tiene programas de capacitación y acogida a las víctimas, y menos de la mitad ha iniciado programas de reeducación y rehabilitación de hombres que ejercen violencia.
«No deja de llamar la atención que pese a ser el primer país a nivel mundial en tener una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, exista una clara ausencia de políticas públicas de prevención y erradicación del acoso y la violencia política», añadió en referencia a otra faceta de la problemática femenina.
¿Cadena perpetua?
Entre las posibles reformas de la Ley 348, la Alianza de Organización de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural propuso el mes pasado la pena de cadena perpetua a los culpables de feminicidio y asesinato de menores.
«Demandamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional analizar la pena de cadena perpetua para los delitos de feminicidio, infanticidio, trata y tráfico de personas, y tráfico de órganos, así como una reforma general de la justicia y que en las escuelas se eduque contra la violencia de género», señaló la organización.
La solicitud fue presentada por Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa, en un acto organizado por el Servicio Plurinacional de la Mujer, oficina creada para supervisar a todos los organismos que atienden la problemática de la violencia contra las mujeres.
Mientras el debate sobre la reforma legal se prolonga, los feminicidios se acumulan y el sistema judicial, de crónica retardación y siempre sospechado de corrupción, no se da abasto.
La directora de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, informó recientemente que la justicia procesa solo el 45% de los casos de violencia contra las mujeres, de los cuales la mayoría queda sin sentencia.
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