Luego de que se revelara que Daniel Urrutia, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, habría otorgado videollamadas vigiladas por Gendarmería y una visita conyugal a cuatro reos de la Cárcel de Alta Seguridad -pertenecientes al Tren de Aragua-, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a esta situación a través de su cuenta de X, afirmando que el Estado está invirtiendo cerca de dos millones de dólares en seguridad carcelaria, y que esta decisión dinamita este esfuerzo.
«Estas decisiones dinamitan el esfuerzo conjunto que estamos realizando con el Gobierno, y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado“, comentó Orrego.
Respecto a estos dichos, El Ciudadano conversó con el abogado del juez Urrutia, Carlos Quezada, quien cree que el gobernador se equivoca, ya que, un sistema de seguridad máxima, no puede verse en riesgo por videollamadas vigiladas por la institución penitenciaria, puesto que, significaría una extrema fragilidad del sistema, y sabemos perfectamente que eso no es así.
También Quezada se refirió a los comentarios emitidos por el ministro de Justicia Luis Cordero, quien consideró ilegal la resolución de Urrutia, destacando las facultades de Gendarmería para apelar esta decisión.
-El debate es sano para una sociedad democrática, y me parece bien que el Gobierno quiera discutir sobre este tema, pero hacerlo con la altura de mira necesaria, no cayendo en las frases para el bronce y cuñas, y es ahí donde el mundo político en general falla, arremeten como si se tratara de un oponente electoral, y no es así, es una decisión judicial que recién esta por verse en la corte si puede ser apelada o no, porque Gendarmería recurrió de hecho, que es un recurso que busca se declare admisible una apelación, es decir, aun no se verá el fondo del asunto, por lo tanto este tipo de debates deben darse en tribunales y no por la prensa», dijo Quezada.
En cuanto a los comentarios emitidos por los periodistas José Antonio Neme y Gonzalo Ramírez, el abogado sostuvo que farandulear la seguridad ciudadana es un ejercicio propio de la prensa, ya que, una cosa es el debate válido y racional, otra muy distinta es comenzar a imputar delitos, por lo que del análisis de los videos se tomaran decisiones, pero es una opción el tomar acciones legales.
Incluso, confirmó que el juez ha sido víctima de amenazas después de la reacción del mundo político y la prensa, las que calificaron de serias y verosímiles, por este motivo realizó «el llamado a que en un mundo marcado por el anonimato en las redes sociales, se debe tener mucho cuidado con lo que se diga, por que alienta a sujetos a proferir amenazas a diestra y siniestra contra quien no esté con la opinión mayoritaria, y eso el Gobierno lo sabe muy bien».
Además, respecto a la información de que Quezada también es abogado de uno de los reclusos beneficiados, el abogado aclaró que ya no es el defensor de Rafael Marín, y que el reclamo de Gendarmería es por una visita conyugal, oponiéndose a esto, ya que, la Cárcel de Máxima Seguridad no tiene las dependencias necesarias para este tipo de visitas, pero aquello no tiene relación con videollamadas que pongan en riesgo la seguridad.