Acá estamos los que robamos poco

La Fiscalía acaba de pedir penas que suman 52 años para quienes cometieron el delito de robar en una tienda de la ciudad de Valparaíso -lugar no habitado- mediante la técnica llamada alunizaje. Se trata de cuatro personas mayores de edad, cada uno deberá cumplir ocho años de cárcel por el robo de la tienda y cinco años más por el robo de una camioneta que usaron para la operación; 13 años a la sombra y el hacinamiento por quebrar una vitrina y robar 34 prendas de vestir sin herir a nadie.

Mientras tanto, también acaban de condenar a los responsables de la Dina del secuestro y desaparición de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y su esposa, Elizabeth Rekas, quien estaba embarazada al momento de su secuestro, ocurrido el 26 de mayo de 1976. Fueron llevados al centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi y nunca más se supo de ellos. Los culpables de estos crímenes fueron condenados a penas de entre 10 y cinco años sin hacinamiento y con múltiples beneficios.

En otro plano, la empresa minera Cosayach, propiedad del nuevamente famosillo Francisco Javier Errázuriz (Frafrá), fue en noviembre pasado condenada por daño ambiental relativo a la extracción ilegal de aguas subterráneas de la reserva natural Pampas del Tamarugal. Según el fallo de la Corte Suprema, los 35 pozos profundos causaron un grave daño al medioambiente y ecosistema del lugar. La condena consistió en dejar de extraer el agua, retirar las bombas e instalaciones y cegar los pozos de captación que carecen de aprovechamiento de aguas. Como diría un célebre pajarraco nacional ante la baja pena: ¡Plop!

Heriberto Godoy Vera fue recientemente condenado por el asesinato de su esposa en Puerto Montt. El hombre la golpeó con un palo y luego le propinó una estocada en el pecho con un arma blanca, dándole muerte. Por este crimen, un nuevo caso de femicidio, fue condenado a cinco años de prisión.

Estos son solo algunos ejemplos que ilustran una situación clara como las aguas del Baker: en Chile se encarcela con mucha más rigurosidad y sin concesiones a las personas que cometen delitos contra la propiedad privada que quienes atentan contra la vida humana, animal y vegetal, o quienes cometen suntuosos robos de cuello y corbata.

Pero el tema de las cárceles y cómo resuelve la sociedad el qué hacer con quienes comenten delitos va mucho más allá de la calidad de las condenas por tal o cual delito. Hace ya varias décadas Foucault comprobó que la prisión, como engranaje del dispositivo disciplinario para generar cuerpos dóciles, termina produciendo lo que dice erradicar. La domesticación prometida que dice ‘reeducar’ termina constituyendo un espacio de socialización de acciones criminógenas. No por nada los sicarios colombianos le llaman la escuela de la muerte, si no mueres en ella, sales a matar.

De paso, en torno al espacio de reclusión, se genera todo un dispositivo constituido por varias agencias de control y gestión del delito. Así -siguiendo a Foucault– las cárceles siguen existiendo porque prestan una utilidad político-económica en las sociedad, la que se revela en la siguiente relación de causalidad: Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial.

La existencia de ese peligro interno permanente es una de las condiciones que permiten aceptar ese sistema de control, lo que explica por qué en los medios de comunicación de masas en todos los países del mundo se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad cada día. Porque no sólo en Chile la noticias más importante por varios años (antes de las movilizaciones estudiantiles) del noticiario de la tarde era el asalto a una casa del barrio alto o a una panadería en la periferia.

Si analizamos el origen y estrato socio económico de quienes llenan las hacinadas celdas del sistema carcelario chileno, constatamos que en su gran mayoría pertenecen a sectores marginales. Definitivamente en Chile no solo se condenan mucho más duramente los atentados contra la propiedad privada, si no que se condena la pobreza. Y no solo la pobreza sino también la disidencia; se condena a quienes deslegitiman la supuesta libertad de oportunidades que ofrece el capitalismo. Al contrario, aquella libertad con que se vanaglorian los gobiernos estadounidenses no es más que el espejismo de la cárcel en que todos vivimos. Quienes viven tras las celdas, son muchas veces quienes no aceptan vivir engañados por aquel ilusionismo.

El neoliberalismo como régimen político, que hizo de Chile su espacio de ensayo, no sólo profundiza esta obsesión por una cerrada defensa de la propiedad privada, sino que despliega lo punible a varias otras prácticas cotidianas de las personas y avanza en la privatización del sistema punitivo. Desde el gobierno de Ricardo Lagos que en Chile (al igual que autopistas, empresas sanitarias o de energía) se encarga a privados la gestión de algunas cárceles. En Chile el Estado gasta más en mantener a alguien recluido en un sistema carcelario privado que en becar a algún estudiante en cualquier nivel de la enseñanza.

Con el paso de los años más conductas se vuelven punibles, cosa de aumentar los dividendos del negocio carcelario y los ámbitos de intervención penal del Estado. Consumir o portar sustancias con efectos en la conciencia, hace rato de pecado pasó a ser motivo de detención; tal como el interrumpir un embarazo no deseado o el proyecto de ley de Hinzpeter que persigue punir como delito el convocar a una protesta o el tomarse un colegio. Otra cosa son las nuevas legislaciones que dicen proteger los derechos de autor amparados en los Tratados de Libre Comercio, que de aprobarse, en el futuro harían que puedas caer preso por copiar un CD o subir a Facebook una foto con un peinado que incluya el logo de una marca.

Por Equipo Editor

El Ciudadano Nº119, primera quincena febrero 2012