La representación permanente en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenó el asesinato del defensor comunitario de derechos humanos Fidel Heras Cruz en el sureño estado de Oaxaca.
La delegación de esa instancia de la ONU que encabeza Michelle Bachelt exhortó a las autoridades mexicanas, federales y locales, a «investigar estos hechos para evitar que queden en la impunidad».
El crimen fue cometido el 23 de enero en el municipio de Santiago Jamiltepec, del montañoso estado de Oaxaca, habitado en su inmensa mayoría por comunidades indígenas de diversas etnias originarias.
El asesinato del activista Heras Cruz «es una muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en muchos lugares del país», dijo en un pronunciamiento Guillermo Fernández-Maldonado, representante de Acnudh, que tiene desde 2002 una delegación permanente en México.
El cuerpo sin vida del defensor humanitario fue hallado con varios impactos de arma de fuego en el interior de su camioneta, cerca de la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
La impunidad vulnera más
Existe percepción de que es posible asesinar a personas destacadas como Heras Cruz para debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos, como la defensa del territorio y del medio ambiente, dijo Fernández Maldonado.
Esa percepción de vulnerabilidad «se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad», advierte el representante del Acnudh.
Fernández-Maldonado planteó que solamente la investigación efectiva que logre llevar ante la justicia a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales, enviaría «un claro mensaje a los perpetradores de que no escaparán de la sanción de la justicia».
El defensor de los derechos comunitarios había recibido amenazas vinculadas a su labor en múltiples ocasiones.
De acuerdo con la información recibida por Acnudh «el señor Heras había recibido un mensaje ‘anónimo’ con amenazas de muerte dos días antes de su asesinato».
Las investigaciones deben considerar esas amenazas, y la posible vinculación de su asesinato con su labor de defensa de la tierra y el territorio que realizaba el dirigente.
La víctima se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad Paso de la Reyna, en el municipio de Santiago Jamiltepec.
También era miembro activo del Consejo del Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde y en los últimos años había participado en acciones para controlar la extracción masiva de valioso material pétreo en la zona del Río Verde.
En 2021, México vivirá un proceso electoral para renovar a los 500 diputados del Congreso federal, elegir la mitad de los 32 gobernadores, congresos locales, y el 80% de alcaldes.
«En este contexto es posible que las personas defensoras de derechos humanos que denuncian actos de corrupción o abuso de poder o que critican proyectos que afectan a la tierra y el territorio, puedan enfrentar riesgos aún mayores», advierte Fernández-Maldonado.
Por esa razón recomienda a las autoridades la adopción de medidas de prevención y protección necesaria.
En 2020, el organismo de la ONU documentó los casos de al menos siete personas defensoras de derechos humanos que habrían sido asesinadas por razones posiblemente vinculadas a su labor.
Cortesía de Sputnik
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