Activista Federico Schmeigel: «Estados Unidos impulsó al golpe de Estado [en Argentina] y venían asesorando en función de cómo eso iba a impactar en la opinión pública»

La administración del expresidente estadounidense, Gerald Ford (1974-1977) participó activamente en el armado del golpe militar en Argentina entre 1976 y 1983, según documentos desclasificados que analizó el integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Federico Schmeigel.

«Los documentos no hablan en sí mismos de que Estados Unidos estaba impulsándolo (al golpe de Estado), ahora, que eran parte del sistema de planificación y venían asesorando en función de cómo eso iba a impactar en la opinión pública y de cómo identificaban ellos este rol en la lucha contra el comunismo, eso es indudable», dice a esta agencia el integrante de la CPM, organismo público autónomo argentino, que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos.

La embajada de Estados Unidos en Argentina esperaba, días previos al golpe del 24 de marzo de 1976, un «Gobierno militar por un periodo prolongado y de una severidad sin precedentes».

«Desde varios meses antes, la Embajada sabía de los planes golpistas y mantenía canales de comunicación con la inteligencia militar», dicen los documentos publicados por el Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) en Washington, a los cuales Argentina accedió en el marco del convenio de cooperación entre esa agencia, la CPM y la Universidad William & Mary.Los documentos fueron publicados en el marco del aniversario 45 de la última dictadura en Argentina.

Ya en febrero de 1976, la embajada advertía que «el Gobierno militar incurrirá en violaciones de derechos humanos».

«Da cuenta de cómo senadores estadounidenses en conjunto con personal de la embajada, en conexión directa con el Departamento de Estado —y al mismo tiempo con la intervención del departamento Legal del FBI— van teniendo estos contactos, sobre todo con el General (Carlos) Dalla Tea y van anunciando el preámbulo del golpe», resume el director del programa de control de corrupción de la CPM.

Los memorándum y comunicados son parte de los documentos que se desclasificaron por orden del expresidente Barack Obama (2009-2017), trabajo que continuó —e incluso se intensificó— durante la administración de Donald Trump (2017-2021).

Reconocimiento internacional

Los documentos hablan de prácticas diplomáticas del pasado, pero también del presente.La Embajada de Estados Unidos había garantizado a los militares que reconocería al Gobierno de facto, constituido como Junta Militar, aun sabiendo que implementaría una política más dura en materia represiva.

Estados Unidos defendió la figura de Jorge Rafael Videla, uno de los presidentes de la Junta Militar, a quien calificaban de «moderado», en comparación, quizás, con los generales de la Fuerza Aérea y su intentona de derrocar a la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976) un año antes.

Estados Unidos también facilitó la política de armado de consensos internacionales para darle reconocimiento al Gobierno de facto de Argentina, pero también de otros países de la región.

«En los documentos desclasificados uno de los tópicos que más se aborda es el tema del Plan Cóndor, eso tuvo una coordinación articulada con el Departamento de Estado y determinados organismos de inteligencia», revela Schmeigel, «en los documentos aparecen menciones a una articulación represiva en la que otros Gobiernos latinoamericanos como Chile, Paraguay y Uruguay estaban en la coordinación».

Otra de las cosas que demuestran es que ya desde mayo de 1975 se venía gestando en el área de inteligencia lo que iba a ser el preludio de la persecución y seguimiento a trabajadores del área obrera de la zona norte de la provincia de Buenos Aires (este), donde están afincadas varias multinacionales como Ford, Volkswagen y Mercedes Benz, hoy procesadas por posiblemente «entregar» trabajadores sindicalizados a la fuerza.

«El general Dalla Tea dijo que los militares argentinos reconocieron el hecho de que tendrán que ocuparse de varios sindicatos que se opondrán a un golpe militar, pero que estaban dispuestos a hacerlo», transcribe el agregado legal de la Embajada.Y añade: «creen también que el Gobierno ha tomado el control de demasiadas industrias privadas y que muchas de ellas deberían volver al control privado con el fin de alentar la inversión».

Cuando los militares se fueron del poder en 1983, los resultados de esos lineamientos de Gobierno quedaron claros: el 32% de los desaparecidos durante el terrorismo de Estado eran obreros fabriles, la estructura productiva de Argentina quedó severamente resentida y la deuda externa ilegítima contraída durante esos años se arrastró por décadas.

El hallazgo llega en un momento sensible para Argentina, y que no tiene que ver con la efeméride. La administración de Alberto Fernández protagoniza una dura pelea con el sistema judicial y ha recortado los fondos de la agencia de inteligencia, para lo cual prometió una profunda reforma.

En opinión de Schmeigel, esta desclasificación «es un elemento para seguir generando verdad y explicar la complejidad que implicó el golpe de Estado en Argentina, en el que se articularon dinámicas internas, el rol que ocuparon los organismos de inteligencia en el sistema de exterminio y como estaba empalmado con una doctrina hemisférica que lo llevaba adelante el Departamento de Estado de Estados Unidos».

Porque, tal como dice el investigador, la participación de las agencias de inteligencia en la política latinoamericana «no es una novela de espías, es una cuestión de fondo».

Cortesía de Ramiro Barreiro Sputnik