Efectivos de la Policía Antinarcóticos de Colombia habrían herido de bala a un niño indígena del municipio Puerto Asís, en el departamento sureño de Putumayo, fronterizo con Ecuador.
El hecho fue denunciado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que rechazó el suceso registrado en el Reguardo Indígena La Italia de Oro. De momento, ni las autoridades policiales involucradas ni representantes del gobierno de Iván Duque se han pronunciado sobre el hecho.
La ONIC señaló a la Policía Antinarcóticos como responsable del disparo que recibió en su brazo izquierdo el menor, de 10 años, identificado como Elio Aldair Niasa.
Por su parte, la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la indígena wayuu Martha Peralta Epieyú, aseguró que el hecho se produjo luego de que los policías llegaron al lugar y discutieron con la comunidad, por no reconocer el resguardo como su territorio.
Acto seguido, «sonaron disparos e hirieron al niño«, describió Peralta Epieyú, quien también es abogada y líder social.
Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbíos Ipiales-Nariño emitió un comunicado para denunciar el hecho, que se produjo durante «las jornadas de erradicación forzada y fumigación terrestre» que fueron ordenadas por el gobierno de Iván Duque.
En la denuncia detallan que el infante resultó herido «por acciones desmedidas de la fuerza pública», quienes llegaron «abriendo fuego en medio de la comunidad y los hogares campesinos e indígenas, incurriendo en violación de los derechos humanos».
La organización también señaló que este suceso pudiera significar «un posible delito de intento de asesinato contra la comunidad». Además, advierte que el niño es una nueva «víctima de las acciones sistemáticas y reprochables que sigue protagonizando la Policía Antinarcóticos en Putumayo», razón por la que exigen «justicia, reparación y garantías de no repetición y no impunidad».
En ese sentido, la Red solicita una investigación y «acciones administrativas» contra «el encargado de la Policía Antinarcóticos», los funcionarios que estuvieron presentes y los protagonistas del hecho.
De igual forma, reclaman «rodear, acompañar y apoyar» al niño y su familia, que son ahora «víctimas de estos actos de guerra, por las políticas nefastas del Estado».
Además, pide la instalación de «escenarios de diálogo y discusión, donde se logre entre las comunidades campesinas, entidades y fuerza pública, la efectiva sustitución del uso ilícito del cultivo de coca».
Fuente: RT.
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