La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, es un motivo de celebración, pero también de reflexión, dijo el jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Carlos de Miguel.
«El 22 de abril es un día de celebración, es un día donde todos los latinoamericanos y caribeños tienen que celebrar por múltiples motivos (…) Hay que celebrar la entrada en vigor (del acuerdo de Escazú), hay que celebrar que se ha logrado dar pasos en la dirección correcta y también hay que reflexionar», dijo el principal encargado de la Secretaría Técnica del acuerdo.
Reflexionar sobre cómo el desarrollo no está avanzando por caminos que lleven a los países a crecer satisfaciendo las necesidades de todas las personas, particularmente lo más rezagados, y a que en muchos casos se esté haciendo a expensas de la base natural que lo sustenta, añadió.
En ese sentido resaltó también la situación planteada por la pandemia del COVID-19, «que ha causado muchísimo sufrimiento no solo por la crisis sanitaria sino por la crisis económica emparejada que afectó la supervivencia y llevó a la pobreza a millones de latinoamericanos y caribeños».
«[Debemos] reflexionar cómo podemos salir de esta situación que ha afectado fuertemente a América Latina y el Caribe de una manera distinta en la que concienciemos el desarrollo económico con sostenibilidad ambiental e inclusión social», expresó, y señaló que el Acuerdo de Escazú es una herramienta que puede ayudar a generar un desarrollo distinto y mejor para la región.
A su vez, dijo que se debe celebrar el Día de la Madre Tierra y que el acuerdo se efectúe justamente en esta fecha, ya que fue la intención de los Estados, para brindarle homenaje (al planeta) y enviar un mensaje «de que la región tiene un compromiso por buscar el desarrollo sostenible».
Pilares
El magister en economía ambiental por la Universidad de Chile explicó que el objetivo final es contribuir al derecho de las personas a un medioambiente sano y un desarrollo sostenible, y que el acuerdo se resume en cinco grandes pilares.
El primero es sobre información, generar información ambiental y garantizar el acceso a ella.
El segundo tiene que ver con la participación ciudadana en los procesos de tomas de decisiones ambientales, el tercero con garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y el cuarto con el fortalecimiento de capacidades y cooperaciones, ya que «es un acuerdo centrado en apoyar y apoyarse entre los Estados».
El quinto pilar es el más novedoso y el que ha causado mayor impacto internacional, dijo De Miguel, ya que es el primero que busca desarrollar medidas específicas para proteger de los defensores ambientales, «en una región que es compleja para la defensa del medio ambiente».
En ese sentido, señaló que los Estados deben «garantizar entornos favorables para la defensa del medio ambiente, reconocer que esto no solo es importante sino que es positivo para el desarrollo de los países, y desarrollar medidas preventivas que impidan amenazas e intimidaciones que coarten la integridad o la libertad de las personas que defienden el medio ambiente, así como tener medidas para que en el caso que no se hayan prevenido (los ataques a los defensores), se investigue, se sancione y se acabe con la impunidad».
El también doctor en Economía por la Universidad de Valladolid de España, destacó el vínculo entre la protección del medio ambiente y la protección de la vida y los derechos humanos de este acuerdo, «que son esenciales para lograr el desarrollo sostenible».
Finalmente llamó a seguir trabajando para que el Acuerdo de Escazú «sea una realidad», y pueda implementarse de manera efectiva, para que «haya una mejor información ambiental en los países, se tenga acceso a esa información y se tomen mejores decisiones, haya sociedades más participativas en los temas ambientales, se fomente una cultura del diálogo en las cuestiones ambientales» y se pueda ir eliminando de los titulares de América Latina los asesinatos de aquellas personas que defienden el medio ambiente.
El formalmente llamado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el primer tratado ambiental vinculante de la región y el único en su tipo a nivel mundial en consagrar la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, fue adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 marzo 2018 con la firma de 24 países.
Su entrada en vigor para este 22 de abril se confirmó tras alcanzar el 22 de enero pasado las ratificaciones necesarias (11).
Hasta ahora 12 naciones (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay) lo han ratificado, pero el objetivo es que estén los 33 países de América Latina y el Caribe, aseguró De Miguel, quien recordó que los demás se pueden sumar con los mismos beneficios por el proceso de adhesión.
Las 12 naciones que firmaron el tratado pero todavía no lo han ratificado, son: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú.
Cortesía de Sputnik
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