Acusan a Fiscalía de impunidad: Organizaciones exigen justicia por cierre de casos de represión en estallido social

Organizaciones de DD.HH. y ANEF exigen justicia ante cierre de causas por violaciones a derechos humanos en estallido social

Imagen: Entrega de carta en Fiscalía. Fotografía publicada por ANEF

Este viernes 28 de febrero, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, junto a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entregó una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, rechazando la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. La acción busca denunciar lo que califican como una política de impunidad que afecta a víctimas y sus familias.

Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, declaró: «Queremos hacer un llamado al Ministerio Público: ellos se están sumando a una política de impunidad realmente peligrosa. Más de 36 muertes, más de 450 personas mutiladas, sin contar los hombres y mujeres que sufrieron abuso sexual en comisarías. Esta decisión deja a Carabineros con la posibilidad de actuar sin consecuencias», estacó publicación de ANEF.

Lira también advirtió sobre las graves consecuencias para las víctimas: «Hoy existen más de siete jóvenes que se suicidaron por no recibir una reparación tras la pérdida de sus prótesis o mutilaciones. El anuncio de no perseverar en 1.500 querellas daña no solo a las víctimas directas, sino también a sus núcleos familiares. No sabemos las consecuencias en la salud mental que esto podría generar».

Patricio Lama, secretario de Solidaridad y Conflictos de ANEF, enfatizó: «Para que el ‘nunca más’ sea una realidad, es necesario entregar justicia y reparación a las víctimas y familiares, y condenar a quienes fueron responsables».

En la carta entregada al Fiscal Nacional, las organizaciones señalaron: «La Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales rechaza y denuncia la gravedad del anuncio del Ministerio Público, respecto a la decisión de no perseverar en 1509 causas en las que se investigan violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el marco del estallido social del año 2019».

El documento también criticó la falta de acción del Estado: «Esta decisión constituye un acto flagrante de denegación de justicia, manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil».

Las organizaciones hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales: «Exigimos el cumplimiento de los compromisos adquiridos y exigidos al Estado y gobierno a raíz de los informes emanados en base a los antecedentes recabados in situ en ese periodo en relación a las violaciones de DDHH ocurridas en nuestro país».

Además, denunciaron una intencionalidad política detrás de la medida: «Se advierte una clara intencionalidad política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social como mecanismo para alcanzar transformaciones económicas, sociales y culturales que permitan la dignidad humana».

La carta también cuestionó el rol del fallecido expresidente Sebastián Piñera: «Los delitos que el Ministerio Público declina continuar investigando ocurrieron durante su gobierno, cuestionado e imputado por estas materias, personaje a quien paradójicamente el propio Presidente Gabriel Boric calificó como un ‘demócrata desde la primera hora’».

Finalmente, las organizaciones condenaron enérgicamente la decisión: «Esta medida constituye un agravio y renuncia a la garantía de no repetición, respaldando políticas represivas articuladas desde la institucionalidad estatal con la clara intencionalidad de criminalizar la movilización social».

A continuación, la carta íntegra:

Señor  Ángel Valencia Vásquez

Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile 

De nuestra consideración:

La Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales, rechaza y denuncia, la gravedad del anuncio del Ministerio Público, respecto a la decisión de no perseverar en 1509 causas en las que se investigan violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el marco del estallido social del año 2019, y que han sido parte de informes de distintos organismos nacionales e internacionales que han exigido al Estado chileno su solución de acuerdo con el derecho internacional.

Esta decisión del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, que tuvo como ejecutores a funcionarios públicos pertenecientes a Carabineros y a las Fuerzas Armadas.

Realizamos un llamado a los organismos nacionales e internacionales a exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y exigidos al Estado y gobierno a raíz de los informes emanados en base a los antecedentes recabados in situ en ese periodo en relación a las violaciones de DDHH ocurridas en nuestro país en la revuelta popular iniciada en octubre el año 2019, y que tuvo como respuesta institucional una represión que nos hizo recordar la vivida durante la dictadura militar.

En esta medida del Ministerio Publico se advierte nuevamente una clara intencionalidad política orientada a deslegitimar y estigmatizar el derecho humano a la movilización social como mecanismo para alcanzar transformaciones económicas, sociales y culturales que permitan la dignidad humana. Consideramos que existe un claro trasfondo político ya que los delitos que el Ministerio Público declina continuar investigando ocurrieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionado e imputado por estas materias, personaje a quien paradójicamente el propio Presidente Gabriel Boric calificó como un “demócrata desde la primera hora”, obviando el impacto traumático que esto causa en las victimas y la sociedad ante la falta de justicia, reparación e impunidad que esto establece.

Somos enfáticos en reiterar que desde el punto de vista de los Derechos Humanos, esta decisión de no perseverar con las investigaciones pone nuevamente en evidencia una voluntad comprometida con la impunidad, debido a que la supuesta falta de antecedentes y pruebas necesarias para realizar los procesos tiene su origen en la propia negligencia institucional para investigar de manera seria y responsable delitos que han sido calificados como de lesa humanidad al ser generalizados y sistemáticos.

Es de extrema gravedad una decisión como ésta, ya que constituye un agravio y renuncia a la garantía de no repetición y se transforma en un respaldo a políticas represivas articuladas desde la institucionalidad estatal con la clara intencionalidad de criminalizar la movilización social, donde una  vez más las víctimas de graves crímenes cometidos por agentes del estado, tienen como respuesta la impunidad.

Condenamos de la manera más enérgica esta decisión del Ministerio Público. Una vez más exigimos al Estado, al Gobierno y a las instituciones que se revierta esta medida y cumplan con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado durante el estallido social.