En un comunicado, el Movimiento de Defensa del Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, MODATIMA, ha rechazado abiertamente el accionar de Aguas Andinas y exige aclaraciones respecto a las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público y que vincularían a dicha empresa en los casos Penta y Soquimich.
Declaran que en dichas investigaciones se constata que entre los años 2010 y 2013 Aguas Andinas S.A. realizó 196 pagos a fundaciones, corporaciones y centros de pensamiento vinculados a partidos políticos de la Nueva Mayoría y la Alianza. Según esta información, la suma total desembolsada a dichas instituciones por Aguas Andinas fue de $341.486.181.
Aguas Andinas, es la mayor empresa sanitaria del país y brinda un servicio que es de interés público; es decir, abastece de agua potable y alcantarillado a hombres y mujeres de la Región Metropolitana.
MODATIMA exige que la empresa Aguas Andinas aclare cuál es la procedencia de los recursos utilizados para financiar a estas instituciones. Ya que consideran ineludible el explicar estas prácticas considerando que los sueldos de sus trabajadores no han sido reajustados en los últimos diez años y los usuarios deben enfrentar de forma continua altas tarifas y castigos por pagos atrasados.
La mayor preocupación de MODATIMA es, que precisamente, esas multas y la ausencia de aumentos salariales, sean la base de los fondos que Aguas Andinas haya destinado para hacer pagos irregulares a actores políticos. Por lo mismo, esperan que la Empresa, manifieste públicamente desde dónde han salido los fondos para financiar a las personas involucradas en los casos de irregularidades y que ostentan cargos de poder, además de transparentar la totalidad de asesorías que ha financiado.
MODATIMA exige que estos teman sean tratados por las autoridades pertinentes con el rigor y transparencia que los trabajadores y la ciudadanía necesitan. Además hacen incapié que este es un problema mayor que afecta al país y que radica en el actual modelo de lucro y usura que tiene implementado Chile en la gestión del agua, cuyo modelo privatizado sólo ha servido para el enriquecimiento empresarial a costa de un recurso natural, del cual debe beneficiarse toda la población.
La Organización busca la transparencia y la desprivatización del agua potable, para recuperar el derecho básico de abastecimiento y alcantarillado.
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