Este lunes, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó un recurso de aclaración ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en medio de las investigaciones que se llevan a cabo por la compra de la exclínica Sierra Bella.
En este recurso, la Fiscalía aclaró que la alcaldesa de la municipalidad de Santiago, Irací Hassler, se encuentra en calidad de «imputada» y no de querellante, como se le notificó al tribunal; refiere MegaNoticias.
En el recurso que se le presentó al tribunal – detalla al Fiscalía – existirían cinco querellantes, entre ellos Hassler.
No obstante, la fiscalía manifestó que «la señora Iraci Luiza Hassler Jacob como persona natural no tiene la calidad de querellante y para esta parte tiene la calidad de imputada».
En el documento, además, la Fiscalía manifiesta que la causa es por el delito de fraude al fisco, entre otros.
El pasado 11 de mayo, la Municipalidad de Santiago informó la presentación de querellas ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los tres tasadores participantes del finalizado proceso de adquisición de la exclínica Sierra Bella, Mylena Cárcamo Valencia, María José Sepúlveda Sepúlveda, y Patricio Enrique Gajardo Rocha, y en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.
Esta acción judicial fue anunciada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, una vez que la Contraloría General de la República dio a conocer su informe, donde había un juicio crítico respecto a la labor de estos tasadores.
«Quiero reiterar mi compromiso y colaboración para el pronto esclarecimiento de los hechos que tan gravemente afectaron al proyecto que nos permitiría mejorar las condiciones de salud de los más de 37 mil vecinos del Cesfam Padre Orellana; y la querella presentada es parte de las acciones judiciales necesarias«, expresó la edil al periódico El Ciudadano.
Cabe recordar que, la Contraloría objetó la compra de la ex clínica y, posteriormente, se realizó una denuncia de funcionarios del municipio, donde acusaron una «larga cadena de irregularidades».
La polémica se presentó, luego de que se revelara que en un principio la Municipalidad iba a comprar un inmueble perteneciente a la sociedad Las Malvas, ubicado en calle Carmen, por $3.000 millones.
En esa oportunidad, se advirtió que la compra se trataría de un “negocio inmobiliario” y aseguró que se pagó «cuatro veces el valor en relación con la última transacción de diciembre de 2022″.
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