Alianza y Concertación

La Alianza por Chile y la Concertación de partidos por la democracia, nacen de un mismo tronco institucional. Son fruto de las sensibilidades diversas con que se resolvió la transición a la democracia en Chile en los años 80 y de su consolidación con los gobiernos civiles. Acomodos en el transcurso del tiempo entre estos dos conglomerados explican un traspaso de mando que más tiene de ajuste dentro del modelo neo-liberal que de un verdadero cambio. Lo que se disputaba por ambas coaliciones en las elecciones presidenciales recién pasadas era el dominio sobre instituciones antidemocráticas heredadas de la dictadura con muy pocas ideas y menor voluntad para cambiarlas. Lejos estaba la pugna por la legitimidad que otorga la práctica democrática del poder.

La línea dura de la UDI dentro de la Alianza por Chile marca el rumbo de lo que sería la herencia institucional de la dictadura. Su fundador, Jaime Guzmán promueve el artículo 8 de la constitución de Pinochet que consagra la proscripción del PC. Es el inspirador del discurso de Chacarillas donde se afirma que una democracia “autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación popular”, se impondrá por sobre un gobierno fracasado e ilegítimo [se refiere a la Unidad Popular]. Es la retórica desde donde se acuña la noción de “democracia protegida”, la cual viene en rescate de un estado “liberal clásico, ingenuo e inerme” y que será reemplazado por la real participación que otorga un sistema antipartido cuyo fundamento en el orden económico estará dado por el principio de la subsidiariedad”.

Su unión con RN –derecha económica que contrariamente a la derecha republicana se comprometió con el modelo de Chicago– y antiguos militantes del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana que asesoraron a la dictadura, no se produce sin dificultades pues el retorno a la democracia de RN no coincide con el discurso autoritario y agresivo de la UDI, por lo cual meses más tarde, junto con la expulsión de Jaime Guzmán, ésta decide formar tienda aparte.

Los partidos políticos que finalmente constituyeron la Concertación siempre fueron a la zaga de los hechos sociales provocados por las agrupaciones de trabajadores y ciudadanos sin mayor vinculación partidaria. 1980 es el año del plebiscito fraudulento de la Constitución de Pinochet, año en que las primeras manifestaciones ocupan las calles de Santiago y Clotario Blest, emblemático dirigente sindical, ya anciano, se encadena a las rejas del ex Congreso Nacional.

Las cúpulas políticas siempre fueron reticentes y en algunos casos en abierta oposición a los movimientos sociales. Temieron perder la conducción de la protesta pero tampoco tomaron la iniciativa. A fines de 1982 se formó el PRODEN liderado por Jorge Lavandero quien en abierta oposición a su partido, la Democracia Cristiana, convocó el 4 de septiembre de 1983 a la primera protesta masiva contra la dictadura en Santiago en Alameda esquina General Velásquez: 120 mil personas concurrieron al acto. No es un hecho menor que el PRODEN agrupara alrededor de 200 organizaciones sociales y representantes de la derecha republicana, la DC, el PS y el PC.

En la misma lógica de movilizaciones el Movimiento Democrático Popular [MDP, integrado por el PC, PS y MIR] participó en las protestas donde la Confederación Nacional de Trabajadores, sucesora de la Coordinadora Nacional Sindical, lideró las manifestaciones. En un hecho de gran significado político, la Asamblea Nacional de la Civilidad, convocada por el Dr. Juan Luis González, presentó al gobierno de Pinochet el 26 de abril de 1986, la llamada “Demanda de Chile” a la cual concurrieron más tarde los partidos políticos. La presión internacional en protesta por la violación a los derechos humanos y de la Iglesia Católica en aras del diálogo entre la oposición y la dictadura abrieron finalmente las puertas a la negociación.

Nunca estuvo en el espíritu de los dirigentes políticos superar los acuerdos cupulares. Procedimiento que a la larga llevaría a la desmovilización, no sólo de las organizaciones sociales que participaron en las movilizaciones, sino además de sus propios militantes. Al propiciar una “Concertación chica”, es decir restringida, la Democracia Cristiana caía en el juego de la dictadura, cuyo objetivo era mantener el andamiaje institucional de la Constitución de 1980 y que quienes se hicieran cargo en el futuro aseguraran su gobernabilidad.

Sin procesos de consulta directa de la ciudadanía o de referéndum revocatorio, o aún la posibilidad de actividad económica, el poder del Estado quedaba en manos de los grupos económicos que en más de 16 años habían establecido posiciones de poder. Ese fue el paquete institucional que la dictadura endosó finalmente a sus adversarios. Junto a la Democracia Cristiana, entrarían en la coalición restringida, el Partido Radical, la Alianza de Centro, la Social Democracia, el PADENA, y la USOPO, de manera que absolutamente excluido el PC, no quedaba sino considerar la inclusión del PS, la cual se materializó con las sucesivas incorporaciones del PS-Núñez y del PS-Almeyda. Con la unificación del socialismo el 12 de diciembre de 1989, y la incorporación del MAPU a sus filas, quedaba integrada en su forma definitiva la Concertación que inauguraría su primer gobierno en 1990.

Sin embargo, la inspiración socialista ya no estaba allí. Sus dirigentes, profesionales y técnicos ya habían adoptado en el exilio el proyecto neoliberal y de lo que ahora se trataba era de un mero cambio de mando, sin traumas ni sobresaltos, el mismo que 20 años después, durante la campaña presidencial, la Coalición por el Cambio presentaría al electorado con un programa que significaba “lo mismo pero mejor”. La militancia, huérfana de dirección no tuvo otro recurso que refugiarse en grupos alternativos y disidencia de escasa –si ninguna– influencia en cúpulas de poder cada vez más restringidas.

EL COMPROMISO

Cuando Patricio Aylwin y Francisco Bulnes Sanfuentes, acordaron reconocer la validez de la Constitución de 1980 [“Una salida político institucional para Chile”, seminario realizado a comienzos de 1985], adquirieron un compromiso con la gobernabilidad del andamiaje institucional que servía de soporte a la concepción autoritaria del estado. Peor aún, asumieron un cogobierno en el cual, quien gobernaba debía negociar su programa de gobierno con la oposición, que aún cuando tuviera menos votos que el partido triunfante obtendría, en virtud del sistema binominal de elecciones, un virtual empate en el número de parlamentarios elegidos. Esta lapidaria conclusión señala claramente el rumbo en el cual la Concertación se iba a embarcar por un período de 20 años: suma cero donde los votos minoritarios de la oposición valen tanto como los votos de la mayoría.

Sendos artículos de Jaime Guzmán, inspirador de la Constitución de 1980, revelan la trama de la “democracia protegida”, la cual en su esencia determina que el gobierno elegido deberá gobernar obligadamente según realidades que podrían colocarlo aún al margen de sus deseos. “Es decir que si llegan a gobernar los adversarios –explica Guzmán– se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” [entre otros, El camino político. Revista Realidad, año 1, Nº 7, diciembre de 1979].

LA VERDADERA APUESTA

Sería un error pensar que existió unanimidad entre los civiles que apoyaron el golpe. Así como tampoco existe la misma visión política en el gremialismo UDI y la derecha económica agrupada en RN en el primer gabinete de Piñera. Fuente de desconfianzas que explica la mayoría de independientes en el ministerio. Cuatro miembros de cada partido integran su núcleo militante. El resto, 12 ministros, son independientes. Su subido número y el funcionamiento transversal y coordinado de ministerios afines que se proclama, aminoran las confrontaciones partidarias, pero más importante aún, es la mayoría de independientes que proporciona la holgura que necesita Piñera en posibles futuros recambios, cuya esencia residirá más en la forma de ejercer el poder antes que querellas de influencia entre RN e UDI. Sin mayoría en el Congreso, Piñera estará obligado a negociar los quórum que en el pasado amarraron a la Concertación, lo cual implica concesiones y ajustes que esta vez juegan en contra de la Alianza y lo obligan a medir la habilidad de sus socios para sortear las dificultades.

Sin embargo, entrar en cálculos de eventuales alianzas y posiciones de poder es olvidar lo que la clase política, de la Concertación y la Alianza, busca preservar a saber, el terreno diseñado por Guzmán, es decir, que no haya otro remedio que gobernar según las reglas del cogobierno. Esa es la piedra fundacional del edificio de dominación que entregó la dictadura a sus sucesores; terreno en el cual el PS [en el curso de las negociaciones de la década de los 80 y después durante los gobiernos de la Concertación] entregó su programa, su inspiración y su voluntad de transformación…y con ello, renunció a su militancia. En definitiva, los negociadores no vieron el proyecto de dominación que estaba en juego y que se resumía en el núcleo institucional desde donde ejerció el poder la dictadura.

DE CÓMO LOS GOBIERNOS PIERDEN LEGITIMIDAD

En el curso de estos 20 años de gobierno concertacionista el mundo cambió radicalmente, se sucedieron más de media docena de crisis financieras –, la de 2008/2009 de mayor violencia que haya registrado la humanidad en los últimos 80 años, lo cual demuestra la escasa capacidad de los gobiernos e instituciones de Bretton Woods para resolverlas. Con ello, en un proceso irreversible, los gobiernos perdieron legitimidad, pues fueron incapaces de percibir el grado de desarrollo que las fuerzas productivas y financieras habían alcanzado y que la sociedad había cambiado en el curso de sus funciones; precisamente aquella desde donde derivaban sus mandatos.

Si la regulación del orden por el estado en sociedades modernas es una necesidad central, también lo es y de manera equivalente la legitimidad con que se ejerce la fuerza para mantener el orden…y el mercado. No olvidemos que el capítulo final con el cual se cerraron las negociaciones entre la oposición y Pinochet fue impecable: más de 7 millones y medio de ciudadanos, esto es 91% del electorado votó favorablemente. ¡Crimen perfecto! ¡Maniobra sin apelación! ¡Con la Concertación mediante se cerraba la victoria pinochetista! Lo cual explica que después de dos décadas aún no se cierren los juicios e indagaciones por las brutales violaciones a los derechos humanos y reparaciones a presos políticos y torturados; un estado limitado al principio de la subsidiaridad [bonos y subsidios en los hechos] y mero árbitro de las reglas del mercado; estado sin poder para desarrollar alguna actividad económica [nº 21 del Art. 19 de garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado].

Más aún, es el estado de la Concertación quien completa la desnacionalización del cobre, así como la privatización de la salud, la educación…agreguemos el saldo de 2 millones de pobres en un país de 16 millones de habitantes clasificado como próspera economía emergente [¡?]. Por ello, para casi 50% del cuerpo electoral que no votó por la Alianza el orden institucional [negociado] por la Concertación es ilegítimo. Piñera fue votado en segunda vuelta por menos del tercio del electorado y 19% de la votación en segunda vuelta de Frei [que se agregan a su 29,6% de la primera vuelta] fue en realidad un votó contra Piñera, lo cual revela la escasa alternativa, si no ninguna, que tenía el electorado.

UNA PARTICIPACIÓN TARDÍA

Cuando la subsidiariedad del estado está en crisis, no queda otro recurso, si prevalece el orden basado en la autorregulación del mercado, que el incesante crecimiento económico y de la riqueza. Pero la crisis energética, del agua, el calentamiento global y el agotamiento de recursos no renovables, demuestran la futilidad de esta solución; precisamente cuando el orden económico global, basado en el crecimiento indiscriminado –teniendo el mercado como señal– lleva al colapso de la humanidad.

De esa constatación surgen exigencias de mayor y más extensa participación en áreas de la vida social. Me refiero al elemento que introdujeran en la política los grandes dirigentes sociales del pasado, que en su mayoría fueron desterrados de la política partidaria porque resultaban incómodos.

Siempre fue más fácil resolver autoritaria y técnicamente los problemas de estado, para con ello proteger el núcleo social y la esfera de influencias de aquellos que decidían. Con ello progresivamente las organizaciones, cuya participación algunos militantes del socialismo concertacionista voceaban, fueron perdiendo influencia hasta encontrarse en la vereda del frente desde donde se gritaban las viejas consignas del socialismo pero esta vez como oposición a aquellos que habían negociado el poder con Pinochet.

Cuando la política intentó apelar en las elecciones presidenciales a las mismas fuerzas que había desmovilizado en beneficio de una transición tranquila y ordenada y dentro de las instituciones que había negociado con la dictadura ya era demasiado tarde.

Tengo la firme convicción en un hecho irreversible: la participación pertenece a una política de nueva generación. Quiero decir se producirán situaciones y desafíos tales para las cuales no tendrán cabida sino hombres y mujeres libres mientras la clase política actual, los negociadores del pasado, se disputan la herencia del pinochetismo.

Por Héctor Vega

Director de Fortín Mapocho.com. Doctor de Estado en Ciencias Económicas [Francia]. Profesor del doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.