El pasado 16 de abril, en un improvisado punto de prensa, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ex-UDI), señaló que los funcionarios de Carabineros no pueden salir a hacer su trabajo tranquilos pensando en que pueden ser «víctimas de una persecución judicial», refiriéndose al general director de la institución Ricardo Yáñez, quien será formalizado el próximo 1 de octubre.
Así, le pidió al presidente Gabriel Boric que evalúe una ley de amnistía para Carabineros vinculados a delitos cometidos durante el estallido social, aludiendo que «una situación tan excepcional, requiere medidas excepcionales», agregó.
Una semana después, el alcalde llegó hasta el Congreso y en compañía del diputado Jorge Alessandri (UDI) y la senadora Luz Ebensperger (UDI), presentaron formalmente la idea anteriormente descrita.
El documento señala que «se propone una amnistía general para los condenados por delitos cometidos durante esa época que hayan sido parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, para lograr avanzar como país, lograr verdadera justicia y enfrentar el futuro con amistad cívica«.
Poco importó la ola de críticas que generó la moción parlamentaria en la ciudadanía y en el oficialismo, la idea agarró fuerza entre la derecha y ultra derecha nacional, especialmente luego de la muerte de los tres carabineros asesinados en Cañete, pese a que nada tiene que ver una cosa con otra, pues aluden a que se trata de «dar señales de apoyo» a la institución.
Quien si se opuso férreamente a la idea , fue el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien conversó con CNN Chile, donde además de referirse a los principales peligros para los derechos humanos en el mundo, habló de la libertad de prensa en El Salvador, tuvo serias palabras para el proyecto presentado por los parlamentarios de la UDI.
«La ley es clara en materia de amnistía, y no aplica para violaciones graves a los derechos humanos. Si hablamos de torturas, por ejemplo, la Convención sobre Torturas es muy clara en no admitir la impunidad, al igual que las desapariciones forzadas»
Finalmente, agregó que «está claro para nosotros, desde la perspectiva de los derechos humanos , no debería haber amnistía», sentenció.
Conforme a lo señalado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el organismo presentó un total de 3216 querellas ante los tribunales de justicia, de las cuales sólo 33 tienen sentencias condenatorias, firmes y ejecutoriadas.
De las más de 3 mil querellas, 2252 corresponden a apremios ilegítimos, 582 a torturas, 223 a violencia innecesaria y 159 a algún otro tipo de vulneración.