Alto Maipo reconoce que contrató servicios para investigar y seguir a dirigentes ambientales

Defensores ambientales de organizaciones socioambientales fueron objeto de investigación y seguimiento por una empresa de ciberseguridad contratada por Alto Maipo, en medio del conflicto territorial en el Cajón del Maipo contra el proyecto de Aes Andes.

En los informes se vinculaba a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) con activistas de la Red No Alto Maipo, el Movimiento por el Agua y los Territorios, la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares, e incluso una ex concejala de San José de Maipo. 

Por Javier Karmy

El reconocimiento de la contratación de estos servicios por Alto Maipo se da en el marco de un recurso de protección interpuesto por los afectados, en donde la empresa se vio en la obligación de responder la semana pasada a la Corte de Apelaciones. Esta situación fue destapada a finales del 2021 por el medio Interferencia (1). 

El ciberespionaje fue ejecutado por la empresa “Felipe Jaque Zamora Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología E.I.R.L” quien sostuvo un contrato con Alto Maipo para realizar ciberespionaje y seguimiento en redes sociales. Este contrato duró seis meses y concluyó en agosto de 2020, según ha reconocido la propia energética habría estado motivada también por el contexto del estallido social.

Según ha reclamado Alto Maipo el acuerdo para realizar el ciberespionaje era un “servicio de monitoreo de comunidades virtuales, cuyo objeto consistió en monitorear un conjunto de palabras claves más usadas y concurridas por los internautas”, y argumenta que el único acto que se le imputa a Alto Maipo “serían los servicios prestados por un tercero -Felipe Jaque Zamora, Asesoría y Consultoría en Computación, Informática y Tecnología EIRL-, contrato que se encuentra terminado desde agosto de 2020”. Así es como Alto Maipo reconoce que sí “contrató servicios de seguimiento de redes y recopilación de información” en el marco del conflicto ambiental que sigue en curso (2). 

Los y las dirigentes afectados por la persecución de Alto Maipo declaran que “ante el reconocimiento de Alto Maipo y más allá de los resultados obtenidos, esto vulnera los derechos fundamentales, por lo que llamamos a no normalizar estas acciones matonescas de hostigamiento, amedrentamiento y criminalización de la legítima protesta social, y pedimos que nos ayuden a visibilizar y denunciar a Aes Andes y Alto Maipo nacional e internacionalmente para que su actuar no quede en la impunidad.”

Además, sostienen  que “esto debe alertar al Estado, que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas en tanto ciudadanos, pero también y con mayor razón, a quienes son defensoras ambientales, justo en el año en que Chile ratifica el Acuerdo de Escazú y que se realiza la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 2) en Argentina. Además, emplazamos al gobierno a cesar sus negocios con esta empresa”.

Los afectados señalan que “el hecho de haber obtenido esta información de que Alto Maipo haya contratado estos servicios debe ser tomado muy en serio por las autoridades. Nos preguntamos ¿por qué se han contratado estos servicios? ¿Qué harán con esta información? ¿hasta dónde querían llegar, qué objetivo perseguían? Si bien Aes intenta exculparse, la información que entrega Alto Maipo la semana pasada muestra que es imposible que no tengan relación, Aes Andes no puede desentenderse de lo que haga Alto Maipo ya que sus ejecutivos son los mismos”.

Finalmente sostienen que “esperamos que el gobierno tome acciones concretas para asegurar nuestros derechos y nuestra vida que hoy la sentimos en riesgo por estas acciones que extralimitan el poder de una transnacional. Acaba de salir del gabinete una de las grandes lobistas de Aes como lo fue Ana Lya Uriarte, quien el año 2009 aprobó el proyecto hidroeléctrico, pero apelamos al resguardo de los derechos de los defensores ambientales y a que se haga justicia”.

“No podemos soslayar que dirigentes de la comunidad del Ciruelo Sur, en el Bío Bío (3),  recientemente han denunciado amedrentamiento y amenazas en el conflicto que mantienen también con Aes Andes, empresa que ha interpuesto también un recurso de protección en contra de la propia comunidad. Acaso Alto Maipo y Aes andes ¿necesitan operar de esta manera para materializar sus proyectos? Esperamos la atención del gobierno y de los organismos de derechos humanos para que esta práctica de criminalización a los defensores de la naturaleza no se normalice”.

Notas

1) https://interferencia.cl/articulos/alto-maipo-contrato-servicios-de-ciberinteligencia-para-infiltrar-grupos-ambientalistas-y

2) https://interferencia.cl/articulos/alto-maipo-reconoce-que-contrato-servicios-de-ciberinteligencia-que-monitorearon-e

3) https://olca.cl/articulo/nota.php?id=110047

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