Ante el pueblo mapuche: La política del despojo

El conflicto del pueblo mapuche con el estado chileno es preciso mirarlo dentro de un contexto histórico y de la actual globalización del capital.

Previo a que Chile declarara su “independencia”, la Corona española había reconocido como frontera el río Bío–Bío y al sur de éste, la nación mapuche. Los reconocimientos hechos en parlamentos y tratados de tipo internacional, firmados entre mapuche y españoles alcanzan los 24, siendo los más conocidos el de Quilín, el de Negrete, y el de Tapihue, en los que una y otra vez se ratifica la frontera.

Cuando se consolida la República de Chile, firma un último y único tratado internacional, donde el naciente Estado de Chile reconoce la nación mapuche al sur de la frontera natural del Bío-Bío: se trata de Tapihue 4, del 7 de enero de 1825. Pero este nuevo país violará el acuerdo sistemáticamente, sin sanción a la fecha, al igual que los nuevos estados-naciones capitalistas de las Américas, que han pujado constantemente por la eliminación de las “fronteras internas” para hacerse del territorio indígena.

En 1834-35, el general Manuel Bulnes (futuro presidente de Chile) adelantó una campaña de guerra contra este pueblo. Luego, a partir de 1850, la colonización, de chilenos y europeos, en zonas ancestrales de esta cultura, desembocaría en la “Pacificación de la Araucanía”. Ese etnocidio culminó en 1883, con la acción coordinada de los ejércitos chileno y argentino que logran la derrota militar del pueblo mapuche, mermando su población a menos de la mitad y hacinándola en “reducciones”. Un resurgimiento del conflicto se vivió en el período de Reforma Agraria (1967-1973), cuando otra vez fueron violentamente reprimidos por la actuación conjunta de latifundistas, carabineros y militares.

Ahora son las transnacionales y los grandes grupos económicos criollos los que ambicionan los territorios indígenas, ricos en recursos naturales. Un caso dramático fue el “genocidio maya o guatemalteco”, cuando militares y paramilitares de ultra derecha asesinaron a más de 200 mil personas y desaparecieron a 45 mil (1976-1996) con el apoyo del gobierno estadounidense. En América Latina y el Caribe, las multinacionales presionan para arrebatar sus tierras a los originarios para hacer sus negocios. Hace un año se supo de la matanza de Bagua; indígenas de la amazonía peruana se oponían a entregar sus tierras a transnacionales mineras y petroleras, enfrentando a la policía con un saldo de varios muertos y heridos de ambos lados.

Hace poco Noam Chomsky, afirmó que Colombia tiene el récord en violaciones a los derechos humanos: “Falsos positivos”, escándalos del DAS, el descubrimiento de fosas comunes, son una muestra de ello. Desde los gobiernos de la Concertación se han estrechado lazos con los servicios de seguridad de ese país, lo cual se consolida con la visita del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, a Sebastián Piñera; ocasión en que declaran su alianza. El nexo con Colombia, más allá de hipotéticos contactos entre organizaciones mapuches y ejércitos guerrilleros, se da en la ayuda recíproca entre los aparatos estatales de seguridad de ambos países, que buscan despejar el camino para facilitar la apropiación de los territorios por los grandes grupos económicos.

Sabemos que las mega corporaciones capitalistas, en su afán por aumentar sus rentas, se encuentran lanzadas en una vorágine depredadora, tanto de los recursos naturales como de toda legislación protectora de la fuerza de trabajo. En este empeño cuentan con el apoyo de las principales potencias capitalistas, con Estados Unidos de América a la cabeza, y dentro de cada país, con sus grupos económicos, políticos, medios de comunicación y servicios de seguridad.

Creemos que la actual relación entre el estado chileno y el pueblo mapuche –una sociedad que no ha tenido ni pretende tener estado propio- está, sobre todo desde el comienzo del nuevo siglo, marcada por un conflicto que obedece, por una parte, a una política continental de despojo hacia los pueblos originarios, la cual choca con otro proceso paralelo de revitalización cultural de éstos. Hoy, ellos llegan a alrededor del 7% de la población del país, y con el inicio del siglo XXI se han incrementado las demandas de sus comunidades por la recuperación de sus tierras ancestrales.

La aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Justicia Militar –ambas heredadas de la dictadura de Pinochet– forma parte de esta política de despojo, al igual que la sistemática criminalización efectuada a través de la prensa comercial. Todo esto, a pesar de los numerosos llamados de atención de organismos internacionales por el incumplimiento del Estado chileno de tratados y convenios mundiales de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la infancia.

Entre 2007 y 2008 los presos políticos mapuche desarrollaron huelgas de hambre, donde supimos de Patricia Troncoso, “La Chepa”, quien cumplió 112 días -la huelga de hambre más larga de la historia de Chile-, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para obtener beneficios penitenciarios para ella y otros dos comuneros. Las autoridades no cumplieron el acuerdo, por lo que reinició la huelga, quedando con graves secuelas en su salud.

Hoy, las cárceles del sur están llenas de presos políticos mapuche; al cierre de esta edición, de los 58 comuneros mapuche encarcelados bajo la Ley Antiterrorista, 31 se encuentran en huelga de hambre líquida. Cada hora su salud empeora.

Esperamos que las autoridades entren en razón y escuchen sus demandas: Fin a la competencia de la Justicia Militar, desmilitarización de la zona mapuche y término de la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Pimera quincena agosto 2010

El Ciudadano N°85