El Gobierno de España va a proceder a reformar la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, después del goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales que se ha venido produciendo desde su entrada en vigor, el 7 de octubre del año pasado.
La polémica se inició inmediatamente y desde entonces ha habido gran tensión en el seno del Gobierno entre el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero –de Unidas Podemos (UP)–, y la parte socialista del Gobierno. Mientras la formación morada era partidaria de no tocar la norma, el otro lado optaba por algún tipo de reforma.
Este lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado la reforma «para evitar los efectos indeseados» que se han producido tras su aprobación, aunque ha asegurado que el consentimiento seguirá estando en el centro de la norma, que era la principal preocupación de Unidas Podemos.
Todavía no está claro como se llevará a cabo la modificación, aunque este lunes la Cadena Ser ha adelantado que el Ejecutivo maneja volver a las penas anteriores a la nueva norma, para los casos en los que haya violencia e intimidación.
«No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas; por tanto, el consentimiento es nuclear tanto en la ley actual como en la modificación que hagamos», sostuvo Bolaños esta mañana, en declaraciones a los medios en Santander. Poco después, el Partido Socialista anunció que presentará una proposición legislativa en el Congreso para endurecer estas penas.
Desde Unidas Podemos siguen defendiendo que el problema no se encuentra en la norma, sino en una aplicación incorrecta que están realizando una minoría de jueces. Rechazan la vuelta a la valoración de la violencia y la intimidación, porque, según ellos, en ese caso se hace depender la pena de cuánta resistencia haya puesto la víctima.
Por el momento, UP ha propuesto un plan que contiene 10 medidas urgentes para desarrollar e implementar la nueva ley, centradas en la protección de las víctimas. Se plantea aumentar el número de juzgados exclusivos de violencia contra las mujeres, ampliar las competencias de la Fiscalía de delitos de violencia de género a aquellos contra la libertad sexual, la creación de un servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializado para atender a estas víctimas, o el aumento de agentes de Policía dedicados a la atención de las mujeres que sufren violencia, entre otras medidas.
Fuente: RT.
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