El mes de enero, recién finalizado, sumó unos 26 feminicidios en Argentina y otras 36 tentativas, de acuerdo a datos comunicados por la organización Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana, divulgados este lunes en Buenos Aires.
Ese conteo, recogido en el listado difundido durante las últimas horas por el Observatorio de la agrupación, entre el 1 y el 31 de enero últimos se produjo un feminicidio cada 27 horas, y en el mismo período ocurrieron también cinco muertes violentas de mujeres vinculadas con el narcotráfico o con crímenes relacionados con venganzas o deudas.
De igual manera, otros siete casos de mujeres asesinadas se encuentran en etapa de investigación, a la espera de la realización de autopsias o investigaciones complementarias para que la Justicia determine el contexto en que sucedieron los homicidios.
El mismo informe revela, además que 27 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de esos hechos, y que otras 36 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidio. El desglose de los datos indicó que en el 59 por ciento de los casos, los feminicidios fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares; y que otro 29 por ciento por hombres conocidos por las víctimas o integrantes de sus círculos íntimos.
Mumalá-Mujeres de la Matria Latinoamericana revela en su informe que el 63 por ciento se concretó en las viviendas de las mujeres, en las cuales residían solas o con sus parejas, el 17 por ciento en plena vía pública, el 8 por ciento en el espacio de trabajo de las víctimas y el 4 por ciento restante en los domicilios de los asesinatos.
Por último, las cifras destacan que el 25 por ciento de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor, y que el 17 por ciento poseía una orden de restricción de contacto o perimetral y otro 4 por ciento contaba con un llamado «botón antipánico».
Las anteriores cifras motivan a que Mumalá expresara que «seguimos exigiendo al Estado Nacional [argentino] que declare la Emergencia y priorice recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+», por lo cual demanda la puesta en marcha «sin burocracias ni clientelismo» de medidas económicas para las víctimas de violencia de género y para el colectivo travesti-trans, como los programas «Potenciar Trabajo y Acompañar».
Cortesía de TeleSUR
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