“El asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. La CIDH y su Relatoría han sostenido que las investigaciones en torno a afectaciones a la vida e integridad física ocurridas en el marco de protestas sociales son cruciales, ya que lo contrario podría generar «un efecto atemorizador que resulta ser especialmente grave por el impacto que tiene sobre el ejercicio de los derechos de reunión, de la libertad de expresión, y a la libre asociación», señala La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de u comunicado.
La Relatoría agrega: “Esta Oficina insta al Estado de Chile a continuar investigando el caso de forma diligente y efectiva, y a sancionar a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia registrados el 1 de mayo, así como emprender todas las acciones a su alcance para garantizar el libre cubrimiento de manifestaciones por parte de periodistas”.
Compartimos reproducción íntegra del comunicado.
La Relatoría Especial condena el asesinato de la periodista Francisca Sandoval en el marco de una protesta y llama al Estado de Chile a investigar los hechos
Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista Francisca Sandoval luego de ser atacada mientras cubría una protesta en Barrio Meiggs, Santiago de Chile, e insta al Estado de Chile a investigar los hechos de forma completa, efectiva e imparcial y a sancionar a los responsables.
De acuerdo con la información disponible, el 1 de mayo la periodista Francisca Sandoval, del medio local comunitario Señal 3 La Victoria, recibió un disparo en el rostro por parte de un particular cuando cubría una protesta por el día del trabajador. La periodista permaneció internada en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública y falleció el 12 de mayo, como consecuencia del ataque. Durante la protesta, también fueron heridos de bala la reportera de Radio 7 Fabiola Moreno y el reportero del medio comunitario Prensa Piensa Roberto Caro.
Según informó el Ministerio del Interior, el presunto responsable por el homicidio habría sido detenido el 2 de mayo y formalizado por la Fiscalía Centro Norte por delitos de homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados. Según la información disponible, el procesado actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal Santiago Uno. Asimismo, el subsecretario del Interior informó que se dispuso una investigación interna a Carabineros de Chile por parte del Ministerio del Interior. Según información pública, el presidente de la República visitó a la familia de la periodista en el hospital y expresó públicamente su rechazo a la violencia. Adicionalmente, de acuerdo a la información recibida, la ministra vocera de Gobierno manifestó que «no habrá impunidad» en este caso, y resaltó el compromiso de las autoridades de «garantizar mayores condiciones de seguridad a las y los trabajadores de la prensa». En este marco, además, la funcionaria anunció que se estaría trabajando junto a un grupo de legisladores y legisladoras para «avanzar hacia una legislación que proteja los trabajadores de la prensa según los estándares internacionales».
En su último Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, la CIDH sostuvo que, en el marco de la obligación de garantizar el derecho a la protesta, el Estado chileno tiene el deber de proteger a las personas manifestantes contra la violencia física por parte de terceros y actores no estatales, adoptando medidas especiales para combatir todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de protestas sociales. El Estado está llamado a garantizar que toda actividad legítima ejercida por las personas manifestantes y periodistas cuente con la debida protección por parte de las instituciones.
Asimismo, como ha sostenido la Corte Interamericana, la violencia contra las personas periodistas que cubren situaciones de conflictividad social o protestas sociales impide que jueguen su rol vital de vigilancia en temas de elevado interés público, genera un impacto negativo en otros periodistas que deben cubrir hechos de esa naturaleza y afecta el derecho de la ciudadanía a conocer la información que los periodistas obtienen. A la vez, la Relatoría Especial ha afirmado que, al ejercer el periodismo en situaciones de alta conflictividad o violencia y en contextos que refuerzan la subordinación de género, el riesgo que enfrentan las mujeres periodistas debe ser calificado como mayor.
El asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. La CIDH y su Relatoría han sostenido que las investigaciones en torno a afectaciones a la vida e integridad física ocurridas en el marco de protestas sociales son cruciales, ya que lo contrario podría generar «un efecto atemorizador que resulta ser especialmente grave por el impacto que tiene sobre el ejercicio de los derechos de reunión, de la libertad de expresión, y a la libre asociación».
Esta Oficina insta al Estado de Chile a continuar investigando el caso de forma diligente y efectiva, y a sancionar a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia registrados el 1 de mayo, así como emprender todas las acciones a su alcance para garantizar el libre cubrimiento de manifestaciones por parte de periodistas.
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