El capitán del pesquero ‘Cobija’, Pablo Costas, lleva casi un año atrapado en las costas de Yemen. Un procedimiento legal le retiene en un país sumido en una guerra civil. Mientras, sobrevive con el resto de la tripulación en un buque en condiciones de insalubridad. Familiares y sindicatos exigen una actuación contundente del Gobierno de España.
Encapsulada entre las áridas montañas y el océano Índico se levanta Al Mukalla. Una ciudad que mira al mar. En su haber, uno de los puertos más importantes de Yemen. Los barcos, oxidados por los efectos del salitre, se acumulan en el destartalado muelle, donde el polvo vuela procedente del desértico entorno. Entre las descoloridas embarcaciones que pueblan las dársenas se encuentra el Cobija, comandado por el gallego Pablo Costas Villar. A diferencia de sus compañeros portuarios este buque pesquero no se aleja de las costas de Al Mukalla. No se adentra en el océano desde hace casi un año. En concreto, desde el 26 de septiembre de 2020, día en el que las autoridades locales retuvieron la nave.
La orden de detención proviene del otro lado del océano. De bandera boliviana y propiedad de una empresa radicada en Panamá, el Cobija zarpa de Yangón (Myanmar) a finales de 2019, en dirección a los caladeros del Índico. Algunos forman parte de aguas australianas, por lo que el 18 de junio de 2020 una lancha de Aduanas de Australia los localiza y comprueba sus permisos. Todo está en regla y el barco continúa con la faena. A penas una semana después, el pesquero cambia de manos. Un armador somalí se hace con las escrituras y coloca la bandera del país en su mástil. Precisamente, el navío atraca en Bussaso (Somalia) para comprobar la nueva documentación y de allí es enviado a Al Mukalla.
Un día después de echar el ancla en el enclave yemení, ya no volvió a levantarla. Australia solicita a Yemen que retenga y fiscalice el barco por un supuesto delito de pesca ilegal en sus aguas. A partir de ese momento, los 33 tripulantes del Cobija se ven inmersos en una batalla legal que les paraliza en este país de la península arábiga. Descargados los congeladores del pesquero, el propietario de la nave recurre la primera decisión, pero, al poco se desentiende del destino de los marineros. Sus empleados no reciben salario alguno desde que llegaron a Al Mukalla. «Lo que están pasando no se ve ni en las películas. Nadie se creería que esto está pasando en la vida real», afirma Victoria, esposa de Pablo Costas.
Desde la cubierta del Cobija, los tripulantes escuchan el ruido de las balas. Los tiros resuenan en las calles de la ciudad. Yemen es un país roto por la guerra civil desde hace más de un lustro. Su gobierno vive en el exilio en Riad, capital de Arabia Saudí. Distintas facciones controlan su territorio. Al Mukalla está bajo control del Consejo de Transición del Sur, interesado en la restauración del antiguo Yemen del Sur. Una urbe que llegó a ser dominada por las milicias de Al Qaeda, organización proscrita en Rusia y en otros países. A pesar de todo, la situación es más tranquila que al oeste del país, donde se concentran las escaramuzas. Circunstancias que imposibilitan un cierto grado de seguridad jurídica.
«En Yemen el derecho no existe a causa de la guerra. Cada trozo de tierra yemení responde a unos intereses determinados. Su situación hace imposible que se puedan garantizar los derechos jurídicos de las personas», responde Manuel Caamaño, asesor sindical de la Central Unitaria de Traballadores e Traballadoras (CUT).
En una carta remitida al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se define al juicio al que fue sometido el capitán del barco como un acto en el que se «vulneran claramente el derecho a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva». Costas comparte abogado con la empresa armadora y la agencia marítimas, ambas con intereses contrapuestos a la tripulación. La comunicación con el letrado era imposible ya que este hablaba únicamente en árabe.
«Difícilmente te puedes defender cuando ni tu mismo sabes que sucede a tu alrededor», lamenta Victoria. Además, las decisiones de los tribunales eran transmitidas a los navegantes vía verbal. Los escritos nunca llegaron.Costas fue condenado por la Justicia yemení a una pena de prisión de tres meses. Esta no fue ejecutada tras la apelación presentada por el armador al Tribunal de Apelación de Hadramaut, región de la que es capital Al Mukalla. Decisión que ha sido recurrida por el fiscal general Ahmed Al-Mosai, quien reside en Riad, junto al resto del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. El proceso judicial podría estirarse.
Mientras, el marinero sigue a bordo del Cobija. Las olas golpean sobre el casco de la nave, que pasó cerca de 10 meses fondeada frente al puerto de Al Mukalla. Una tempestad rompió la cadena que ataba el barco al ancla. Cerca estuvo de quedar a la deriva, pero consiguieron que el buque llegará a uno de los amarres del puerto. Un lugar donde la suciedad campa a sus anchas.
«Viven en unas condiciones deleznables desde el punto de vista humanitario», indica Caamaño.
El fondeo prolongado del navío ha provocado graves daños en el aparataje técnico. El satélite no funciona por impago del propietario. El casco y la hélice están plagados de moluscos. En el pesquero no hay sistemas de refrigeración, por lo que los tripulantes están destinados a soportar temperaturas que alcanzan los 50°C. La comida y la bebida también escasean. Tienen que hervir el agua durante varias horas antes de poder consumirla o utilizarla para cocinar.
«Los filtros del limpiador de agua no están bien. Es más, sabe a sal. Por otro lado, alimentos hay pocos. En Yemen no se produce nada, todo viene de fuera. Solo teníamos algo de arroz, un mendrugo de pan al día y el pescado que atrapábamos», relata Andrey Ilin, primer oficial del Cobija.
El marinero, de nacionalidad rusa, conoce a Costas, con el que mantiene una relación de amistad. A su lado ha trabajado en el mar durante dos décadas. «Me dice que está jodido», apunta Ilin. El atraque del barco en Al Mukalla ha dado lugar a un problema más. Ratas y cucarachas se han adueñado de la embarcación. Suben a bordo por las cuerdas que unen al Cobija con el dique yemení.
Posición de la diplomacia española
Las penurias por las que pasa el capitán gallego desde septiembre de 2020 son parte del pasado para Ilin. El marinero ruso hace dos meses que regresó a su lugar de residencia en San Petersburgo. Tras meses en el buque pudo contactar con el consulado de su país, que tramitó su solicitud de repatriación. En poco tiempo estaba a bordo de un petrolero que le llevaría hasta Emiratos Árabes Unidos y desde allí en avión a Moscú. «Mi cónsul me dijo que tuve mucha suerte. Especialmente porque un barco con bandera rusa entró en Al Mukalla. Desde el consulado arreglaron todo para que me pudiese embarcar», explica Ilin.
El resto de la tripulación ha contactado con sus representantes diplomáticos en la región. El teléfono se ha convertido en la única manera de gestionar la repatriación de los navegantes, originarios de Indonesia, Perú, Namibia y Senegal. El único español en el Cobija es su capitán. La gestión de su vuelta a Galicia depende de las embajadas de España en Riad (Arabia Saudí) y Mascate (Omán). Pero, todavía no se ha resuelto la situación.
El embrollo judicial en el que se halla Costas es el que ha estancado el proceso de repatriación, según las instituciones implicadas. La resolución de la causa judicial se intuye clave para el regreso del capitán del Cobija. En una carta remitida a la esposa del capitán gallego, el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte, destaca que «se realizan todas las gestiones necesarias para conseguir que regrese lo antes posible». Palabras de las que duda su receptora. «Parece que no existen», asevera Victoria, quien ha llegado a solicitar ayuda a la embajada en Arabia Saudí de su país de origen, Ucrania.Crítico con la actuación de los equipos consulares españoles en Riad y Mascate es también el asesor sindical de la CUT.
«Es un misterio cómo van los tramites. La transmisión de información está siendo críptica. Creo que existe una desconexión terrible entre Madrid y los consulados de Riad y Mascate, encargados de este tema. Su actuación está siendo kafkiana, temeraria e irresponsable», insiste Caamaño. Según la legislación actual, cualquier ciudadano español tiene derecho a asesoramiento jurídico y a un traductor.
«Están solicitados desde hace tiempo. Sin embargo, la respuesta institucional es que contrate a alguno en Yemen», continúa. «Es más, con la abogada y conmigo, que soy su representante sindical, todavía no se han puesto en contacto», puntualiza.
Por su parte, en la misiva, las embajadas en Arabia Saudí y Omán afirman que mantienen contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores yemení para «pedir que se aclare la situación». En concreto, el recurso del fiscal general. Acción de la que se enteraron a través del encargado de negocios de Yemen en España. Costas lo hizo cuando sus compañeros peruanos le informaron de ello tras una comunicación de los diplomáticos de su país. Además, los organismos españoles solicitan que se aloje al marinero «en un lugar seguro».
La CUT y familiares de Costas han convocado una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores el 3 de agosto. «Está en una situación de peligro e indefensión. Hay que proporcionarle auxilio», sentencia Caamaño. El objetivo es presionar a los responsables de la cancillería española.
Victoria no acudirá. Se quedará en la pontevedresa Bueu, localidad en la que reside. Tiene que trabajar y no puede saltarse los turnos. Ella es el único sustento de la familia. Recuerda a su marido como un hombre fuerte. «No es quejarse. Está acostumbrado a la vida dura del mar. Es más, me mantuvo poco informada sobre el caso hasta que no pudo más», comparte. Ahora, la mujer describe la vivencia de su marido como «una pesadilla que no sabes cuando acabará». Un mal sueño todavía encallado en las costas del océano Índico.
Cortesía de Alejandro Cuevas Vidal Sputnik