A través de una declaración pública, la Asociación de abogados y abogadas de derechos humanos de América Latina y el Caribe, respaldaron al juez Daniel Urrutia tras la serie de polémicas y amedrentamiento al que se ha visto expuesto por parte de algún sector de la clase política y la prensa en su conjunto, luego de conceder un permiso para realizar una videollamada a reos de la Cárcel de Alta Seguridad.
Lo anterior se suma a que el día de hoy, la Corte de Apelaciones no solo anuló el permiso concedido por el juez Urrutia, sino que, además, arriesga una sanción por “las irregularidades antes evidenciadas” señaló La Tercera.
Bajo ese contexto, la declaración señala que “una imputación y condena penal implica la restricción de ciertos derechos, pero nunca de todos”. Además, aclara que “el sistema penal tiene la obligación de administrar los derechos restringidos (…) pero de manera consecuente, tiene también el deber de respetar los demás derechos de toda persona”
Por otro lado, explican que “el rol del Juez de Garantía es utilizar los medios que le da, de manera muy concreta, la ley para asegurarse que los derechos de toda persona, se respeten”, es decir: estar preso no es excusa para que sus derechos sean vulnerados.
Finalmente, la declaración señala que “nunca debe utilizarse el sistema punitivo como herramienta para la perpetuación de políticas discriminatorias, racistas, xenofóbicas, que lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo quiebran”.
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