Un reportaje de Ciper publicado este miércoles reveló que la Asociación de Isapres ha pagado montos millonarios a figuras e instituciones ligadas a la derecha, entre las cuales destacan la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo e incluso la actual jueza del Tribunal Supremo Ángela Vivanco.
El citado medio de comunicación accedió a las actas del directorio de la Asociación de Isapres en el periodo 2010-2020, donde se detallan las asesorías contratadas para elaboración de informes, estudios y programas internos.
En dichos documentos se constata que la Asociación de Isapres suscribió en mayo de 2012 un contrato con el Instituto Libertad, think tank ligado a Renovación Nacional. El contrato establecía que el instituto elaboraría un boletín para mantener al día a las Isapres sobre lo que ocurría en las comisiones parlamentarias, esto por un valor de $200.000 mensuales.
El mismo tipo de asesoría prestaba la Fundación Jaime Guzmán, think tank de la UDI, que recibía $2,08 millones mensuales por entregar «información detallada e inmediata de lo ocurrido en las Comisiones y posiciones manifestadas por parlamentarios, así como también eventuales acuerdos, indicaciones presentadas y resultado de las votaciones si las hubiera».
Cabe destacar que, en paralelo a su prestación de servicios a la Asociación, la Fundación Jaime Guzmán era parte de la Comisión Técnica Asesora del Senado encargada de elaborar una propuesta para resolver la crisis de las Isapres. En dicha instancia, la deuda de las Isapres con sus afiliados fue reducida de US$451 millones a US$1.400 millones, menos de un tercio de lo que había calculado la Superintendencia de Salud.
Lo mismo ocurre con Libertad y Desarrollo, otro think tank ligado a la UDI que participó en dicha comisión técnica y que tuvo a uno de los miembros de su Consejo Asesor, Gonzalo Cordero, contratado directamente por la Asociación de Isapres.
Un caso más delicado es el de la actual ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien en 2016 elaboró un informe para la Asociación de Isapres acerca de «recursos de protección y costas judiciales». El pago por dicho informe aparece tarjado en el acta al que accedió Ciper debido a que el Ministerio de Economía lo consideró «información sensible».
Varios años después, en el pasado mes de junio, Vivanco protagonizaría uno de los episodios más polémicos de la Corte Suprema, cuando dio una entrevista a La Tercera en la que intentó reinterpretar el fallo sobre las Isapres: en aquella oportunidad, aseguró que los cobros excesivos que habían realizado las aseguradoras debían ser devueltos únicamente a los afiliados que demandaron.
Las palabras de Vivanco provocaron un huracán al interior del máximo tribunal y finalmente se vio obligada a dejar su cargo de vocera, pasando a ser una ministra más de la Tercera Sala. Tras su renuncia, la Corte Suprema volvió a su criterio original, es decir, que la devolución debía aplicar a la totalidad de los afiliados a las isapres.
Consultada por Ciper respecto a los servicios que prestó para la Asociación de Isapres, Vivanco aseguró que entregó su último informe en 2017 y desde entonces no ha prestado asesoría a nadie: «Una vez que uno entra en el proceso de postulación a un cargo público, uno ya deja de relacionarse con intereses que son intereses privados», señaló.