Proyecto de ley de Reforma Constitucional de Rincón y Walker sería una amenaza a la independencia judicial
Este 13 de marzo, la senadora Ximena Rincón y el senador Matías Walker, anunciaron la propuesta de una Reforma Constitucional, iniciativa que incluye a jueces de instancia como sujetos de acusación constitucional, “fortaleciendo la rendición de cuentas en el sistema judicial”, anunciaron.
Sin embargo, ANMM se pronunció al respecto, con la siguiente declaración pública:
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) del Poder Judicial, manifiesta su preocupación por la presentación de un proyecto de reforma constitucional ingresado el reciente 13 de marzo por la Senadora Ximena Rincón y el Senador Matías Walker, en el que se incorpora a las juezas y jueces de los tribunales de primera instancia como susceptibles de ser acusados constitucionalmente.
A nuestro juicio, esta iniciativa representa una amenaza a la independencia judicial, porque al crear este mecanismo de destitución se podría pretender modificar resoluciones judiciales según la preferencia política del gobierno de turno, lo que sería una presión indebida. Además, se atenta contra la principal garantía que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de éste país, y que es la imparcialidad de los jueces y juezas de que fallarán sin temor a represalias políticas por sus decisiones.
Luego, no siendo la acusación constitucional una forma de proceder contra resoluciones judiciales, ni interpretaciones de la ley, ni por los malos resultados de la aplicación de las normas, pues nuestra legislación establece un régimen de recursos procesales para aquello, nos parece que el abuso de ésta institución se transformaría en una forma de modelar, vía exoneraciones del Poder Judicial, cómo deben resolver los jueces y juezas.
Entendemos y compartimos la preocupación de quienes apoyan la iniciativa, por la crisis de seguridad que vive el país, el aumento del crimen organizado y del narcotráfico, pero como gremio, creemos que los proyectos legislativos deben apuntar en otra vía: a la protección y seguridad de los intervinientes en los juicios de crimen organizado, como también, a la prevención y la persecución de estos delitos.
Por último, es importante subrayar que el sistema Interamericano ha conocido numerosos casos de remociones por razones políticas desde el año 2001 -año en el que se dictó́ la primera sentencia en esta materia- y la mayoría de los asuntos conocidos por la Corte Interamericana están relacionados con destituciones de magistrados y magistradas de altas Cortes o de Tribunales de menor instancia, las que han sido impulsadas por el Poder Ejecutivo y por los Congresos Nacionales, siendo la mayoría de estas destituciones, llevadas a cabo en el marco de la emisión de sentencias adversas al poder político de turno, algo que no queremos que ocurra en nuestro país.
Esta asociación invita al Ejecutivo y al Parlamento a revisar el sistema de responsabilidad de jueces y juezas, donde como gremio, siempre hemos estado dispuestos y disponibles a aportar.
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