El fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, anunció que pedirá cooperación a organismos internacionales para resolver el enigma que encierra la colocación de diversos artefactos explosivos en la capital, situación que el pasado lunes llegó a su mayor intensidad con la detonación de una bomba en las cercanías del metro Escuela Militar.
El noticiero de 24 Horas informó este martes que el Ministerio Público coordinará sus tareas investigativas con el FBI.
Pero la oficina de dicho departamento, alojado en la legación diplomática de Estados Unidos en Vitacura, no ha demostrado ser tan confiable como se presume.
En el año 2010, cuando el ciudadano paquistaní Saif Khan, quien llegó a Chile para estudiar idiomas por recomendación de la misma Cancillería, fue detenido en la embajada estadounidense bajo la sospecha de estar contaminado con trazas de explosivos, el representante del FBI en Chile movilizó todos sus esfuerzos para allanar su domicilio sin contar con una orden judicial.
En el proceso que siguió la justicia, el estadounidense Stanley Joseph Stoy Jr. reconoció haber llamado a un subcomisario de Investigaciones para instruir su ingreso al inmueble de calle Erasmo Escala donde Khan residía transitoriamente.
Esta irregular coordinación entre la embajada y la policía civil fue captada fotográficamente por una patrulla de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) instalada a las afueras de la vivienda. En el mismo lugar, que había sido alterado, sería encontrada más tarde una mochila con trazas de explosivos militares.
Los funcionarios de la PDI justificaron el allanamiento señalando que investigaban al paquistaní “desde antes”. Sin embargo, no pudieron probar ninguna de las vinculaciones terroristas que el entonces director de la ANI, Gonzalo Yuseff, enumeró en un informe despachado al fiscal Sabas Chahuán cuatro días después de los hechos (Oficio Secreto Nº 005/2010).
Como publicó Verdad Ahora en agosto, el grueso del informe había sido copiado desde internet.
Cuando el denominado caso paquistaní fue sobreseído por “falta de antecedentes”, Stanley Stoy abandonó el país. Tres años después, el ex ministro de Defensa venezolano, José Vicente Ragel, daría crédito a las denuncias que sindicaban a Todd Porter, reemplazante de Stoy, como agente de la CIA.
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