El máximo tribunal de Brasil autorizó este viernes 20 de agosto el inicio de una serie de allanamientos contra varios defensores del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por presuntos delitos de incitación —a través de redes sociales— a cometer delitos de violencia callejera y por amenazar el orden democrático.
La orden fue firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), en respuesta a una solicitud emitida por la fiscal adjunto de la Procuraduría General de la República (PGR), Lindora Araújo, reseña el medio local Globo.
El magistrado Moraes emitió en total 13 órdenes de registro e incautación, que fueron acatadas por la Policía Federal (PF) en horas de la mañana de este viernes, según informó esa institución en un despacho de prensa.
De acuerdo con la PF, el objetivo de estos allanamientos, dirigidos contra 10 personas, «es investigar la posible comisión del delito de incitación a la población, a través de las redes sociales, a la práctica de actos violentos y amenazantes contra la Democracia, el Estado de Derecho y sus Instituciones, así como contra miembros de los Poderes».
Las órdenes, añade la PF, incluyen un procedimiento contra el diputado federal y pastor evangélico Otoni de Paula; y se ejecutan «en el Distrito Federal (1), además de los estados de Santa Catarina (6), Sao Paulo (2), Río de Janeiro (1), Mato Grosso (1), Ceará (1) y Paraná (1)».
Entre los investigados, detalla Globo, están:
- Sérgio Bavini (cantante Sérgio Reis, en nombre artístico).
- Otoni Moura de Paulo Júnior, diputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ).
- Alexandre Urbano Raitz Petersen.
- Antônio Galván, presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil).
- Bruno Henrique Semczeszm.
- Eduardo Oliveira Araújo, cantante.
- Juliano da Silva Martins.
- Marcos Antônio Pereira Gomes, conocido como Zé́ Trovão.
- Turíbio Torres.
- Wellington Macedo de Souza.
De acuerdo con el magistrado Moraes, los allanamientos se dan en respuesta a una serie de convocatorias que han realizado los presuntos implicados, a través de sus plataformas sociales, para ejecutar acciones violentas de calle contra la ciudadanía y las instituciones públicas en Brasilia.
Como ejemplo, el juez brasileño citó un audio difundido por Sergio Reis en el que pedía «sitiar» Brasilia con camiones, el próximo 7 de septiembre —cuando se celebra el Día de la Independencia—, así como «invadir» el STF y «romper todo» para sacar a esos tipos a la fuerza».
Por este motivo, Moraes recalcó que la libertad de expresión no ampara la coacción, ni la fuerza, ni la violencia, pues eso significaría suprimir los límites democráticos y poner en vilo la convivencia pacífica.
Este mismo viernes, Bolsonaro informó en Twitter que interpuso una demanda en el STF, «cuestionando la constitucionalidad de las decisiones de la consulta de noticias falsas, entre otras», así como de «actos procesales adoptados en contradicción con las libertades individuales y los principios constitucionales».
Los crecientes conflictos entre el bolsonarismo contra el Tribunal Supremo y el Congreso se han recrudecido desde la irrupción de la pandemia del COVID-19, cuando ambos poderes dieron el visto bueno a gobernadores y alcaldes a ejecutar medidas autónomas para contener el avance del coronavirus, debido a la negativa del Ejecutivo de aplicar acciones para frenar los contagios.
En represalia, Bolsonaro llamó a protestas de calle sin importar la pandemia e instó —incluso— a ejecutar una intervención militar contra el STF y el Senado. Las acciones más recientes del mandatario, que busca una reelección en 2022, se han enfocado en atacar el sistema de voto electrónico, instalado en Brasil desde 1996, para insistir en el retorno del sufragio manual.
Fuente: RT.
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