Avance legislativo del proyecto de reforma que reajusta las remuneraciones del sector público

El reajuste aplica para todos los trabajadores públicos, según condiciones señaladas, exceptuándose sólo las altas autoridades de la Nación.

La iniciativa es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y gremios de la Mesa del Sector Público y considera un 12% para las rentas iguales o menores a $2.200.000 bruto mensual, mientras que para aquellos salarios superiores establece un reajuste fijo de $264.000 bruto mensual.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la semana pasada, por amplias mayorías, tanto en la votación general como particular, el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores públicos desde diciembre de 2022. La iniciativa del Ejecutivo, que más temprano había sido aprobada por la Comisión de Hacienda de la Corporación, fue así despachada al Senado, donde se tramita actualmente.

Luego de un acuerdo suscrito el 2 de noviembre entre el Gobierno, representado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y los gremios de la Mesa del Sector Público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el proyecto de ley propone, en lo esencial, un reajuste de 12% para las remuneraciones de los trabajadores públicos cuyos ingresos sean iguales o menores a $2.200.000 bruto mensual, mientras que para aquellos funcionarios con rentas superiores establece un reajuste fijo en pesos de $264.000 bruto mensual.

El reajuste aplica para todos los trabajadores públicos, según las condiciones señaladas, exceptuándose sólo las altas autoridades de la Nación.

Tramitación en el Senado

Más de una treintena de organizaciones gremiales y sociales expusieron ante la Comisión de Hacienda, en el marco del debate del proyecto de reajuste al sector público.

Video Senado: Comisión de Hacienda –19 de Hacienda 2022

Ver exposiciones de organizaciones y gremios

En la jornada de ayer, la Comisión de Hacienda del Senado realizó una amplia ronda de audiencias donde escuchó a las siguientes organizaciones y gremios que solicitaron audiencia previamente para exponer ante la instancia:

 (Descargue las respectivas presentaciones aquí) 

• Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la presidenta y Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.
• Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos de Chile (ADEF), el presidente, Pablo Sanzana.
• Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio Público (AFFREMOR), el presidente, Claudio Carvallo.
• Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP), el presidente nacional, Ignacio Ramírez.
• Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (AFIICH), el presidente, Juan Apablaza.
• Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH), la presidenta nacional, Evelyn Apeleo.
• Colegio Médico de Chile A.G., el presidente, Patricio Meza
• Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (Fenats Unitaria), el presidente, Ricardo Ruiz.
• Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., el presidente nacional, Carlos Marchant; la presidenta del Capítulo de Especialistas del Sector Público, Mariluz Lozano.
• Confederación Democrática de profesionales universitarios de la salud (CONFEDEPRUS), la presidenta, Margarita Paz Araya.
• Asociación de Funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (AFCMF), la presidenta, Fabiola Martínez.
• Asociación de funcionarios de la Superintendencia de Bancos integrada a la CMF (AFUSBF), el tesorero, Patricio Mac Ginty.
• Confederación Nacional VTF Chile (que es integrada por 5 confederaciones a lo largo de todo el país), la presidenta, Clarisa Seco.
• Confederación Nacional de Trabajadoras de la Educación Inicial Movimiento VTF, la presidenta, Chris Parra.
• Federación Nacional de Asociación de Funcionarios de Universidades Estatales de Chile (Fenafuech), el presidente, David López.
• Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de Educación Municipalizada de Chile (CONFEMUCH), el presidente, Arturo Escárez.
• Federaciones Nacionales de Asociaciones de Funcionarios de universidades estatales de Chile, la presidenta Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile, Betsy Saavedra; el presidente Federación Nacional de Trabajadores de Universidades Estatales de Chile, Genaro Arriagada, y la presidenta Federación Nacionales de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), Myriam Barahona.
• Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), el vocero, Sebastián Ramos.
• Coordinación de Profesores por Horas de Clases (CooPH) de la Universidad de Santiago, las voceras, Loreto Palacios e Inge Alicera. Sergio Sáez; Enrique Acosta, y Manuel Galaz.
• Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional, la presidenta, Elizabeth Cangas.
• Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el presidente, José Pérez.
• Asociación de Profesionales y Técnicos de la I. Municipalidad de Providencia (APROTEC), presidenta, Leonor Caamaño.
• Municipalidad de Tomé, la Alcaldesa, Ivonne Rivas.

Debate en la Comisión

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que este reajuste tiene lugar en un momento en que la economía chilena se encuentra “en una etapa de estabilización después de los importantes desajustes de 2021”.

Respecto a las consultas sobre el reajuste diferenciado, el secretario de Estado señaló que “entre los años 2005 a la fecha, 11 reajustes han estado respaldados por un acuerdo con la Mesa del Sector Público. En cuatro oportunidades se han aplicado reajustes diferenciados según rentas, dos de ellos sin incremento para los funcionarios de mayores ingresos”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, detalló los alcances del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público que incluye materias, tales como, jornada laboral, doble presencia y teletrabajo.

Luego, fue el turno de los parlamentarios quienes hicieron presente una serie de inquietudes y dudas respecto  a la normativa propuesta por el Ejecutivo.

El senador Daniel Núñez expresó sus dudas respecto a los trabajadores de Prodemu, pues quedarían fuera de este reajuste debido a su estatuto laboral de Código del Trabajo. En el mismo sentido llamó la atención sobre el mecanismo de internalización de los contratos a honorarios en las municipalidades.

El senador Juan Antonio Coloma  precisó que “no parece la forma en cómo se está resolviendo el tema del reajuste…no me parece una buena política pública diferenciar el reajuste de remuneraciones. Este tipo de distorsiones se paga caro en los países”.

El senador Felipe Kast, en tanto, consideró que “estamos frente a una situación donde los trabajadores de Chile están teniendo una disminución de los salarios reales. Y el sector público, a diferencia de lo que está viviendo la ciudadanía, se autoasigna un incremento de sus salarios muy superior a lo que vive el resto de la ciudadanía me parece una señal equivocada que no da cuenta de la vocación social que tiene el sector público”.

El senador José García Ruminot consultó por el cálculo de la inflación y por la recuperación del poder adquisitivo, dado que “el fisco recibe los recursos indexados”. “El esfuerzo debiera estar concentrado en ello un reajuste general para recuperar el poder adquisitivo”, dijo. Expresó su preocupación por los funcionarios contratados en los servicios de salud “pues son personas con experiencia y trayectoria.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber también expresó sus dudas por los trabajadores a honorarios en municipios y universidades, puesto que su traspaso significa un costo que deberá ser asumido por las instituciones.

Otros aspectos del proyecto

El proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público regula, además, aspectos adicionales al guarismo, aguinaldos y otros beneficios. Entre ellos, los siguientes:

• Planes de incentivo al retiro:

El proyecto propone prorrogar, de forma excepcional, el plazo de postulación a las leyes de incentivo al retiro para las personas que, al 1 de enero de 2023, tengan 70 o más años y cumplan los demás requisitos que regulan esos incentivos.

Además, establece un beneficio para funcionarios municipales y trabajadores de cementerios municipales que, habiendo postulado en el proceso del año 2021 al incentivo al retiro del sector municipal y que hubieren quedado en el listado con derecho preferente, podrán acceder anticipadamente al cupo respectivo en caso de padecer enfermedades terminales o Alzheimer, debidamente acreditado.

Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2023 el plazo para solicitar el bono post laboral, establecido en la Ley 20.305, para los exfuncionarios y exfuncionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido por motivos no imputables a ellos.

• Normas de trabajo remoto:

Se considera una transición desde la modalidad actual de trabajo remoto producto de pandemia del Covid-19 a una situación de régimen de Teletrabajo en el Estado. En este sentido, el proyecto faculta a jefes de servicio y rectores de universidades estatales a eximir del control horario a un porcentaje máximo de la dotación de su personal, para lo cual deben regular, entre otros, las funciones susceptibles a ser desempeñadas bajo modalidad de trabajo remoto; mecanismos de rendición de cuentas de las labores encomendadas que aseguren el correcto desempeño de la función pública; protocolos de seguridad y derecho a desconexión de funcionarios.

De acuerdo con la agenda acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, una mesa de trabajo desarrollará el seguimiento periódico de la implementación de esta normativa y abordará la discusión de una regulación legal permanente sobre Teletrabajo en el sector público.

• Contratación de honorarios en municipalidades y universidades estatales:

Para la adecuada implementación del dictamen de Contraloría General de la República, y en línea con el proceso gradual para la administración central que se ha iniciado en la Ley de Presupuestos recién promulgada, el proyecto de ley de reajuste precisa las funciones que pueden ser ejercidas como honorarios en municipalidades y universidades estatales, y permite la gradualidad de este proceso.

En el caso de las municipalidades, se faculta al traspaso de honorarios a Código del Trabajo. Para facilitar este proceso, en un lapso de cuatro años se realizarán aportes a los municipios para apoyar en forma transitoria (por dos años) a cubrir parte del mayor costo producto del traspaso

• Medidas para apoyar la revinculación y la retención de estudiantes:

Se faculta a los sostenedores de establecimientos educacionales a utilizar en 2023, y de forma extraordinaria, los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para el desarrollo de planes y acciones que tengan por objeto la revinculación o continuidad de trayectoria educativa de estudiantes con riesgo o en situación de abandono educativo.

Asimismo, se permite que, con cargo a la subvención pro retención los sostenedores desarrollen actividades destinadas a asegurar la continuidad y trayectoria educativa integral de los y las estudiantes que tengan un riesgo de abandono educativo, tales como planes y acciones de retención y continuidad educativa, y la mantención de un equipo escolar de acompañamiento para dichos fines, entre otras.

• Aguinaldo para pensionados

Adicionalmente, la ley de reajuste regula los siguientes beneficios para pensionados:

• Aguinaldo de Fiestas Patrias por un monto de $23.261 e incremento por cargas familiares de $11.933, beneficiando a 2.903.595 pensionados.
• Aguinaldo de Navidad por un monto de $26.734 e incremento por cargas familiares de $15.104, beneficiando a 2.945.552 pensionados.
• Bono de Invierno por un monto de $74.767 que beneficia a 1.630.997 pensionados, de los cuales 1.288.756 corresponden a beneficiarios de la PGU. Estos son 302.886 personas más que los beneficiarios de 2021 (por PBS o APS) antes de la implementación de la PGU.