La participación de las mujeres en los cargos de decisión no tiene peso alguno si tras ello no existe una conciencia de género que sea capaz de articular un diseño social inclusivo, con equidad y con igualdad.
Al concluir el pasado jueves los cuatro años del período presidencial de Michelle Bachelet, la primera mujer en Chile en ocupar tal cargo, las expectativas iniciales y los análisis posteriores nos llevan a mirar en la distancia los reales efectos, tanto políticos, sociales como culturales, que ha dejado su gestión.
El primer “atrevimiento” fue la aplicación de una fórmula paritaria en los cargos de decisión pública, una paridad que se mantuvo por poco tiempo, y que dio una señal de lo complejo que sería el cumplimiento de la Agenda de Género trazada al inicio de la administración.
Sin duda que las expectativas que se crearon en torno a la cuestión del “género” en estos años superaron a la realidad, y no porque los logros hayan sido magros, al contrario, fueron múltiples y contundentes, sino porque las expectativas eran demasiado altas. Olvidamos que los estereotipos de género, las prácticas culturales y políticas son difíciles de romper.
Como muestra un botón: sigue en trámite la Ley de Cuotas que garantice la presencia de mujeres en los espacios de representación popular y la necesidad de legislar abiertamente sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina.
En esta última materia hay avances y retrocesos; entre los primeros se encuentra la aprobación de la Ley de Regulación de la Fertilidad, y la creación de un sistema de protección para mujeres víctimas de violencia; y entre los retrocesos sin duda que está el rechazo a las iniciativas legales sobre aborto terapéutico, que a pesar de los esfuerzos por legislar al respecto, finalmente quedó de lado.
AVANCES EN MATERIA SOCIAL
En el área social, el sello de la gestión de Michelle Bachelet fue la creación de un sistema de protección social, que se materializó no sólo con la reforma previsional, que contempla una pensión para las mujeres de la tercera edad y el bono por hijo, sino también haber triplicado la oferta de salas cuna y jardines infantiles, y la ley de amamantamiento, con lo cual se apoya a la mujer trabajadora y se facilita su acceso al mercado del trabajo.
Otro de los cruciales avances en materia laboral es la ley de igualdad salarial, el derecho a descanso para las trabajadoras de casa particular y del comercio, y la creación e implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales, obligatorio para las instituciones del Estado y optativo para las empresas privadas.
LAS TAREAS PENDIENTES
Junto a las iniciativas legales que se quedaron en el camino, como el proyecto de ley sobre femicidio y la reapertura del debate sobre el aborto terapéutico, una de las lecciones que nos dejaron los últimos cuatro años es que el diseño de las políticas públicas debe tomar en serio la reflexión crítica sobre el género y el feminismo.
La participación de las mujeres en los cargos de decisión no tiene peso alguno si tras ello no existe una conciencia de género que sea capaz de articular un diseño social inclusivo, con equidad y con igualdad.
Los desafíos, entonces, son aún mayores, por un lado el fortalecimiento de los avances, pero también alcanzar nuevas metas hacia el Bicentenario, entre ellas “aumentar la participación política, avanzar hacia la correspondabilidad en el trabajo doméstico y el cuidado de las personas y lograr el pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a su integridad física y psicológica”.
Por Diana Kiss de Alejandro
Coordinadora Programa de Estudios de Género. U. de Los Lagos
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