En su conferencia matutina de hoy 26 de marzo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la emisión de un decreto mediante el que se instrumentaba una estrategia del control metropolitano de la seguridad pública. El mandatario subrayó los diversos objetivos pendientes por resolver en la materia, si bien reconoció una disminución en la comisión de delitos en la entidad.
Ahora, la alcaldesa se encuentra ante una batalla de tres frentes: contra la delincuencia en la ciudad de Puebla, contra el nuevo decreto del gobernador y contra los demás adversarios políticos que, dentro y fuera de su partido, asedian su arca de la reelección.
Es importante señalar que en diversas conferencias de prensa, y apoyándose en su secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, el gobernador Barbosa ha demostrado tener conocimiento de las principales bandas criminales que funcionan tanto en Puebla capital como en el estado. A ello atribuyó la importancia de conjuntar todos los recursos de seguridad disponibles en una estrategia única.
El elefante en la habitación barrita: ¿una estrategia única a cargo de quién?
¿Cómo va realmente la seguridad pública en Puebla capital?
En unas semanas, el portal de datos abiertos de Puebla capital liberará la información de incidencia delictiva referente al primer trimestre del 2021, mismo que está próximo a su finalización.
Mientras tanto, José Tlachi Meneses, coordinador de Seguridad Ciudadana, sostuvo el 26 de enero del año en curso que a lo largo del 2021, la incidencia delictiva se redujo 40 por ciento. De acuerdo al funcionario, según reportó La Jornada de Oriente, 2020 supuso una disminución delictiva considerable, toda vez que de 30 mil 391 carpetas de investigación iniciadas en 2019, se pasó a 17 mil 222 en 2020.
Entre las modalidades delictivas que Tlachi Meneses mencionó en aquella ocasión se encuentran robo a transporte público (-73 por ciento), robo de autopartes (-71.9 por ciento), robo en transporte público individual (-66.1 por ciento), robo a transeúnte en vía pública (-59.5 por ciento), robo a a casa habitación (-57.7 por ciento), robo a negocio (-47.1 por ciento), robo a transportista (-9 por ciento) y robo de vehículo automotor (-5.9 por ciento).
Esto significaría una disminución de 43 por ciento de investigaciones, de acuerdo a información proporcionada por Tlachi Meneses.
Una larga batalla por el control de la seguridad en Puebla capital
Ante los deseos del gobernador Barbosa de establecer un mecanismo de sinergia entre el Gobierno del Estado, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, la alcaldesa Rivera Vivanco se ha mostrado renuente. El jaloneo por el control de la Policía Municipal de la Angelópolis no ha cesado en los últimos dos años. Este conflicto ha dado lugar a escenarios, por decir lo menos, controversiales.
Hace un año, Alfonso Rustrián Zaragoza, director del Complejo Metropolitano de Seguridad C5, cuyas instalaciones se encuentran en el municipio de Cuautlancingo, remitió a la alcaldesa un oficio donde le solicitaba reubicar al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin mayor plazo ni ceremonia, el personal de esta Secretaría fue desalojado por Rustrián Zaragoza.
Unos días antes, el gobernador Miguel Barbosa había acusado que la Policía Municipal de Puebla estaba coludida con la delincuencia e incluso había protegido a capos de la talla de «El Grillo» y «El Gordo». Además, 84 de sus elementos de funciones no tenían aprobadas sus pruebas de confianza.
El gobernador había ofrecido a la alcaldesa un acompañamiento en una estrategia conjunta, donde el trabajo de la Policía Municipal se coordinara con la Policía Estatal y la Guardia Nacional; pero la alcaldesa, en el afán de mantener la potestad completa de la Policía Municipal, desairó al mandatario.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Lourdes Rosales Martínez, defendió a su personal y dejó claro que era ella la primera secretaria de Seguridad Pública que permitía que se hicieran públicos los resultados de los controles de confianza en el sitio del Ayuntamiento, como lo señaló en su momento La Jornada de Oriente.
Cuautlancingo cae; la Comuna contraataca
Tres semanas después del desalojo del 23 de marzo de 2020, la Comuna de Puebla solicitó al Gobierno del Estado desalojar tres inmuebles en el Centro Histórico de Puebla ; el argumento era que 4 millones de pesos les costaría reubicar en otras oficinas a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tal como lo reportó El Sol de Puebla.
Además, ese mismo mes, la alcaldesa Rivera Vivanco promovió una controversia constitucional contra la designación por el gobernador Barbosa de Carla Morales Aguilar (proveniente del círculo de Ardelio Vargas Fosado) como Delegada de Seguridad Pública.
El 25 de marzo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó provisionalmente la suspensión promovida por Rivera Vivanco contra el Gobierno del Estado; el control de la Seguridad Municipal se le iba de las manos.
El 7 de octubre de 2020, la SCJN negó nuevamente la suspensión promovida por el municipio de Puebla.
El 17 de noviembre de 2020, el WhatsApp de Miguel Barbosa timbraba con la renuncia de Carla Morales Aguilar, quien permaneció algunos meses «congelada» en la subsecretaría de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública mientras María de Lourdes Rosales Martínez –dama de hierro de la alcaldesa– concentraba todo el poder del aparato municipal de seguridad.
El primer trimestre del 2021: bomba de indicadores a punto de estallar
Faltan 5 días para que concluya el primer trimestre de 2021. En las próximas semanas, la Secretaría de Seguridad Pública deberá mandar al portal de datos abiertos el reporte de incidencia delictiva correspondiente a este periodo. Ahora que ha aumentado la movilidad respecto al 2020, se podrá comparar con el último trimestre de 2020 o incluso con el primero.
Sean cuales sean los datos de los que el círculo interno de Rivera Vivanco disponga respecto a enero y febrero, los vectores de incidencia delictiva ya seguramente perfilan el borrador de aquel informe; en lo que cierra marzo para aportar el remate, el equipo de la alcaldesa dispone de unos días para planificar el tenor al que se leerán aquellos números.
Ahí se verán los resultados del trabajo de la Comuna en materia de seguridad; ahí quedará claro si ese informe, que será el último que se alcance a publicar antes de las elecciones del 6 de junio de 2016, se convierte en viento a favor, ausencia de viento o en la tempestad perfecta.
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