El excanciller Andrés Allamand atraviesa un complejo momento a la cabeza de la Secretaría General Iberoamericana, esto luego de que uno de los trabajadores del organismo lo denunciara por despido injustificado.
Se trata del abogado Carlos Gómez, quien se desempeñó como jefe de división de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y como jefe de gabinete del exministro de Justicia Hernán Larraín.
Según consignó La Tercera, Gómez llegó a Madrid en diciembre 2021 como gestor del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano por un periodo de dos años, esto tras ser recomendado por el propio Allamand. Sin embargo, cuando un par de días después el entonces canciller comunicó su renuncia a la cartera para asumir como Secretario General Iberoamericano, la relación entre ambos hombres cambió radicalmente.
En su denuncia, Gómez asegura que una vez que Allamand asumió el cargo dejó de asignársele trabajo, no recibía información y fue trasladado a oficinas donde trabajaban funcionarios de menor rango jerárquico: «Desde ese momento no me habló más y pasó a considerarme un estorbo», afirma.
El 30 de junio de 2022, la Secretaría General Iberoamericana decidió terminar el contrato con Gómez, lo que derivó en un proceso de negociación entre ambos hombres para buscar una salida alternativa. Allí Allamand le ofreció un nuevo contrato con otras funciones, menor sueldo y una reducción de dos años a once meses de su tiempo de contratación.
Carlos Gómez rechazó la propuesta e inició acciones legales contra Andrés Allamand y la Secretaría General Iberoamericana, acusando despido injustificado y acoso laboral. Sin embargo, los tribunales españoles se declararon incompetentes en la materia debido a que el organismo internacional cuenta con inmunidad.
Según establecen los contratos del personal de la Secretaría General Iberoamericana, los conflictos entre el organismo y sus trabajadores deben ser zanjados en una instancia alternativa compuesta por tres árbitros: uno nombrado por la Secretaría, otro por el trabajador y un tercero acordado por ambos representantes.
Hasta el momento, la causa se encuentra entrampada debido a la negativa de la Secretaría General Iberoamericana a convocar a los árbitros. Desde el organismo acusan que la denuncia de Gómez es «extemporánea» y no se ajusta a los plazos y requisitos formales.
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