Esta semana, el Gobierno boliviano inició la transición a un nuevo sistema estatal de pensiones, proceso que fue anunciado hace doce años y que solo ahora ve la luz con el inicio de actividades de la Gestora Pública, la nueva entidad que administrará los fondos de los cotizantes.
El anuncio fue oficializado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, junto al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quienes dieron el vamos al funcionamiento de la Gestora Pública, que pasará a ser el único órgano en el país a cargo de entregar pensiones.
Arce calificó de «histórico» el avance, ya que esto implica que los bolivianos no tendrán que registrarse en una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) privada, sino en un sistema estatal.
«Hoy estamos avanzando en la línea de que nuestras pensiones vayan pasando gradualmente, paulatinamente a ser administrados por nosotros mismos, los bolivianos, como siempre debió ser«, expresó el mandatario boliviano.
Arce añadió que desde este viernes todos los bolivianos que coticen deberán inscribirse como aportantes en el nuevo sistema. Se prevé que la Gestora Pública concluya el proceso de migración de toda la información de los aportes registrados en las AFP en mayo de 2023, fecha en la que comenzaría a operar completamente la nueva entidad.
Según señalaron las autoridades, las utilidades de la Gestora Pública financiarán un fondo solidario y la «renta dignidad», un subsidio mensual que beneficia a mayores de 60 años. Los asegurados, por su parte, ya no tendrán que pagar distintas comisiones, sino solamente una.
Actualmente, los fondos de pensiones de los bolivianos son administrados por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión, esta última filial de la española BBVA. Sin embargo, el proceso de nacionalización del sistema las obligará a finalizar sus actividades en el país vecino.