Decenas de indígenas se encuentran durmiendo en las calles de Pailón, departamento de Santa Cruz, porque hace dos semanas un grupo violento incendió sus casas, los golpeó y asesinó a sus animales. Reclaman la intervención del Gobierno nacional y de la justicia boliviana.
Decenas de familias del pueblo ayoreo, en Santa Cruz de la Sierra (este), fueron expulsadas de su comunidad, Yoquiday-27 de Mayo, por un grupo armado. Desde hace dos semanas duermen en las calles de Pailón, un poblado rural cruceño. Reclaman la atención de los Gobiernos departamental y nacional para que puedan regresar a su territorio. Ya no a sus hogares, porque fueron incendiados por los violentos ocupantes.
El pasado 22 de diciembre, llegaron a esta comunidad un tractor y un número indeterminado de vehículos 4X4, de donde bajaron decenas de matones armados, contó a Sputnik el presidente de Yoquiday-27 de Mayo, Daniel Picaneray. Dispararon a los perros y a las gallinas. A culatazos repelieron a los comunarios que quisieron oponerse a la invasión. Así lo constatan las fotos que compartió con Sputnik.
Lo que no incendiaron, se lo robaron: «Quemaron todas nuestras pertenencias. Se llevaron tres motosierras y quemaron siete motos. Hicieron picar la manguera que recibía agua en un pozo», relató Picaneray.
Al dejarles sin agua, pretendían evitar el regreso a la comunidad de las familias ayoreas. El líder indígena contó que «hicieron pedacear la manguera. Y el motor de bomba se llevaron».
Picaneray comentó que en esos días las familias esperaban a que comenzaran a salir sus cultivos de choclo, frejol, zapallo, sandía, yuca (mandioca) y camote —también conocida como batata—. Quizás continúen creciendo ajenas a este conflicto, en las 2.000 hectáreas que ocupa la comunidad.
En los medios de comunicación privados, se menciona que los ayoreos fueron invadidos por «los interculturales», que serían integrantes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB). Picaneray comentó que se había comunicado con el dirigente de esta organización, pero «no había sido su gente, [los agresores] son unos campesinos que no están afiliados a ellos».
Las familias ayoreas recurrieron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero les recomendaron que formularan una denuncia ante la justicia agroambiental.
Las tierras cruceñas, las más fértiles del país, son fuertemente codiciadas por pequeños y grandes terratenientes. El avance imparable de la agroindustria deja relegados los derechos conquistados por los pueblos indígenas de Bolivia en décadas de lucha.
Un pueblo con historia
Hasta hace algunas décadas, el pueblo ayoreo era nómade: se movía entre Bolivia y Paraguay. En estos días, las familias de Yoquiday-27 de Mayo son parte del Territorio Comunitario de Origen (TCO) del Bajo Izozog, que comparten con comunidades del pueblo guaraní.
«Nos quieren sacar, pero ancestralmente el pueblo ayoreo vivía ahí, en esos montes», dijo Picaneray. Y pidió respeto para su gente, porque «los ayoreos somos fundadores de la CIDOB [la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia], somos fundadores de la CPESC [Central de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz] y de todas las organizaciones indígenas que pertenecen a los guaraní y a los ayoreos».
El líder del pueblo ayoreo advirtió que están teniendo paciencia para soportar las agresiones sin reaccionar, porque son conscientes de que a nadie conviene que escale este conflicto.
«Tiene que haber apoyo del Gobierno nacional, también de la Gobernación cruceña. Tiene que haber justicia para esas personas que nos han hecho daño en nuestra comunidad», reclamó el presidente comunal.
Picaneray solicitó la intervención de la justicia «para que no quedemos mal con los de habla quechua y con los otros (del pueblo guaraní). Porque si ellos hacen así de esa forma, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. Para no caer en eso, es mejor que lo solucione la justicia».
Un método recurrente
En octubre pasado, una decena de periodistas de varios medios acudieron a la zona rural de Las Londras, en Santa Cruz, para informar sobre una supuesta toma ilegal de tierras. En esa ocasión, los comunicadores fueron retenidos por personas armadas.
La asambleísta departamental del pueblo ayoreo, Giliana Etacore, advirtió que el caso de Las Londras tiene puntos en común con el desalojo de la comunidad indígena.
Mauricio Picaneray, comunario de Yoquiday-27 de Mayo, dio su testimonio al CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social), una de las pocas ONG (Organización No Gubernamental) que apoya a las familias que quedaron literalmente en la calle.
«Quisiera pedir una investigación, que nos ayude la Gobernación y todas las organizaciones. Es necesario investigar este caso que es muy grave. Lo que estamos pidiendo es que se haga justicia y nos brinden ayuda con víveres, calaminas, de todo. Necesitamos ayuda», pidió el comunario.
Desde el CEJIS recordaron que el pueblo ayoreo debería estar protegido por la Ley N° 450 por su condición de alta vulnerabilidad, además que «sus territorios son amenazados por la ampliación de la frontera agrícola y los incendios forestales que afectaron a todos los territorios indígenas reconocidos a su favor».
Fuente Sputnik
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