Bombas: ¿Investigar para detener o detener para investigar?

Tres anillos de seguridad y más de doscientos efectivos policiales habrían sido necesarios para detener a Natalie Casanova Muñoz (26), Juan Flores Riquelme (22), y Guillermo Durán Méndez (25), los supuestos autores de la detonación de artefactos explosivos en el metro Los Dominicos y en un centro comercial ubicado a poca distancia de la estación Escuela Militar.

El gobierno cantó victoria y el duopolio volvió a sus viejas andanzas: convirtió los precipitados informes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) en comidillo para sus páginas, vulnerando la presunción de inocencia y el secreto de la investigación. No hallaron bolsas de pasas o pósters de Axl Rose, pero sí hamburguesas de soya, cubitos de helado y apabullados comentarios de lugareños que vieron a «muchas personas vestidas de negro” entrar al sospechoso inmueble.

Nunca Dipolcar se ha querellado en contra de los medios que filtran el contenido de sus acomodaticias pericias, pero sí lo hizo en 2011, cuando periodistas, abogados y ex funcionarios de la institución describieron los equipos de escuchas telefónicas empleados por el Alto Mando de Carabineros para intervenir telefónicamente a legisladores, dirigentes sindicales y un empleado diplomático. El argumento del general Bruno Villalobos Krumm, quien volvió ser nombrado jefe de inteligencia un día después del bombazo en Las Condes, era que los denunciantes habían “espiado a los espías”, un doble estándar que sólo puede ser entendido en el contexto de la propaganda negra que hemos recibido esta semana a través de El Mercurio y La Tercera, eternos voceros del indebido proceso.

Lo cierto es que a 24 horas de los arrestos de La Pintana, ni el propio fiscal Raúl Guzmán estaba muy seguro de que los detenidos fueran efectivamente «los culpables”, como los catalogó en Copesa el periodista Roberto Martínez Arriaza. Guzmán se encargó de justificar la prisión preventiva de los inculpados hasta el próximo martes diciendo algo insólito: que posiblemente existían evidencias para establecer la inocencia de dos de los detenidos. Otra contradicción, teniendo en cuenta que al mismo tiempo anunció con bombos y platillos la captura de una “célula compacta y hermética” de terroristas. Otro doble estándar, considerando que Guzmán nunca decretó la prisión preventiva del general Villalobos cuando lo investigó por las escuchas ilegales.

¿Está el Ministerio Público frente a un nuevo fra-caso? Fue precisamente un informe de la Dipolcar (Nº 288) el que trató de involucrar a Saif Khan – estudiante de idiomas que llegó a Chile recomendado por Cancillería y terminó secuestrado en la embajada de Estados Unidos en mayo de 2010 – con Pablo Morales Fuhriman, uno de los imputados del caso bombas. El ministro Hinzpeter dio por hecho que el paquistaní estaba coludido con el Grupo Lautaro basándose en un documento que unía el celular de Khan con el de Morales. El gran descubrimiento del teniente coronel Sergio Escobar Berríos fue que el paquistaní había revisado la guía telefónica y digitado el número de un centro médico ubicado en Chillán. Dicho centro, en el año 2008, había emitido dos llamados a un teléfono asociado al ex lautarista. De Ripley.

La hermana de la imputada Natalie Casanova tiene todo el derecho a plantear la eventual manipulación de la “escena del crimen compacto-hermético-anarquista”. En el caso de Khan, la propia Dipolcar detectó la extraña presencia de tres efectivos de la PDI que entraron a la habitación del extranjero momentos antes de que la policía encontrara una mayor cantidad de trazas de explosivos en el lugar. La orden de ingreso la dio el representante del FBI en Chile, Stanley Stoy, quien abandonó el país cuando se sospechó que el paquistaní había sido “cargado” con tetryl.

En cuando a la validez de los peritajes aún podemos recordar las denuncias de incompatibilidad entre el ADN de los inculpados en el caso bombas y las muestras recogidas en el sitio de los atentados, o la extraña existencia de documentos que no contaban con la firma de los peritos mencionados por “encontrarse con permisos administrativos” que les impedían hacerlo.

Tampoco quedó muy claro el uso de un supuesto ex agente cubano investigado por falsificación de pasaportes, de nombre Jesús Oviedo Mendieta, para infiltrar a los presos del caso bombas en la cárcel; o la forma en que el fiscal Francisco Jacir habría dictado la declaración a Gustavo Fuentes Aliaga, alias “El Grillo”, para imputar los bombazos a los caídos de la Operación Salamandra; o el vínculo de éste último con un sujeto apodado “El Iguana” que, según confirmaron las fuentes del diario El Mostrador el año pasado, era pagado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para efectuar operaciones en la Araucanía junto a individuos vinculados a la “violencia política”.

El gobierno tiene la obligación de informar qué medidas tomará para que la historia no se vuelva a repetir y de paso explicar dónde está el misterioso Chevrolet Corsa.

Matías Rojas