Más de 50 representantes de organizaciones y movimientos sociales, así como parlamentarios del Congreso brasileño instalaron un comité para defender en las calles las violaciones a los principios constitucionales que promueve la derecha a través del intento de un golpe de Estado.
Con carteles con lemas como “No al golpe de Estado”, “Sí a la democracia” y “Vamos a respetar la Constitución Federal” los representantes de los movimientos expresaron su apoyo al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ante los intentos de la oposición de hacerle un juicio político.
Este apoyo se produce también luego de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, abandonara la alianza política con la presidenta Dilma Rousseff y se declarara «independiente».
El PMDB es fundamental de cara al posible juicio político que puede enfrentar Rousseff en el Parlamento, puesto que cuenta con unas minorías en la Cámara de Diputados y en el Senado y con sus votos puede desequilibrar cualquier balanza política.
Ante estos hechos, los parlamentarios de varios partidos reiteraron la importancia de que se respeten las disposiciones constitucionales para el trabajo de la comisión especial que busca la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Los movimientos y parlamentarios formalizaron el comité con cuatro representantes de los partidos políticos (PT, del PSOL, PCO y PcdoB). Entre las organizaciones y grupos que también participaron en la creación de la comisión se encuentran la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), Centro de Estudios de Medios alternativos Barão de Itararé, Intervozes, la democratización de la comunicación por el Foro Nacional (BDNF), Fuera de Eje, Justicia conjunta y los derechos humanos (JusDH), el Consejo Nacional de Iglesias cristianas (CONIC), Juventudes socialistas Unión (EPU), Centro brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la la paz (Cebrapaz), entre otros.
En el documento publicado, citado por Brasil De Fato, se señala que “el comité se instaló con la idea desarrollar un trabajo hacia arriba para la defensa del respeto de la democracia y de movilizarse contra del proceso juicio político, al entender que no hay ninguna base legal que lo justifique”.
Fuente: TelSUR
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