¿Caiga quien caiga? Anuncian ofensiva ante el TC contra parlamentarios vinculados a contratos con el Estado

Diputado Daniel Manouchehri: “Vamos a estudiar los antecedentes para avanzar en la presentación de un requerimiento ante el tribunal constitucional”

Durante la reciente semana, un grupo de diputados del Partido Socialista (PS) anunció que estudiarán presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra parlamentarios que hayan suscrito contratos con el Estado. La medida surge tras las revelaciones de The Clinic sobre estos vínculos, luego de la reciente destitución de la senadora Isabel Allende.

Ver también / La destitución de Isabel Allende remece al Congreso: Contratos con el Estado ponen en jaque a otros parlamentarios

El diputado Daniel Manouchehri detalló: “Vamos a estudiar los antecedentes para avanzar en la presentación de un requerimiento ante el tribunal constitucional. Esto tras las revelaciones de @thecliniccl de contratos de parlamentarios con el Estado”. Junto a él, los diputados Daniella Cicardini, Jaime Naranjo, Nelson Venegas y Tomás De Rementería respaldan la iniciativa.

Manouchehri enfatizó casos específicos: “Hay antecedentes bastante serios, como el del senador Juan Castro (PSC) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), quien arrendó a un órgano del Estado”. Agregó que, si el TC destituyó a Allende por un contrato no perfeccionado, “imagínense cuál debería ser el criterio con contratos ya ejecutados”.

“El fallo del Tribunal Constitucional ha señalado que la sola celebración de un contrato con el Estado vulneraría la Constitución, incluso si esto se hace a través de terceros o mediante sociedades. Eso configuraría un ilícito constitucional, y los ilícitos constitucionales no prescriben”, afirmó Manouchehri en rueda de prensa.

Cabe recordar que el reportaje de The Clinic identificó a cinco parlamentarios con contratos estatales, incluidos los senadores Fidel Espinoza (PS), Juan Castro (PSC) y Cruz-Coke (Evópoli), además de los diputados Ximena Ossandón (RN) y Jaime Mulet (FRVS). Esto aumentó la presión para actuar.

Manouchehri adelantó que buscan sumar apoyos: “Estamos conversando con otros parlamentarios para contar con las 10 firmas necesarias y prontamente anunciar el primero de estos requerimientos”, según declaró a The Times en español.

La destitución de Allende marcó un precedente que los diputados socialistas exigen aplicar con uniformidad. La controversia refleja tensiones en el Congreso por posibles conflictos de interés, mientras avanza la revisión jurídica.

Ver también publicación del investigador académico, Claudio Fuentes:

“No podrán ser candidatos/as al Congreso personas o gerentes o administradores de empresas que tienen contratos con el Estado al momento de inscribir sus candidaturas….art 57 de la Constitución (…) ¿Algún honorable en la sala cumplía esa condición en la última elección”