Cámara aprobó cuestionado proyecto ley anti tomas que incluye “justicia por la propia mano”

Proyecto Ley sobre «ocupaciones ilegales de inmuebles»: Autotulela y criminalización de la pobreza

Luego de la aprobación del proyecto de ley de legítima defensa privilegiada, conocida como ley Nain Retamal, el cual aumenta las penas por delitos cometidos contra policías, y establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza, hecho que fue ampliamente cuestionado por organismos de derechos humanos por las graves consecuencias que podría traer consigo, hoy, en el mismo seno del Congreso, se pretende el mismo estado, pero para privados, promoviéndose un proyecto ley que establece la autotutela, que, de acuerdo a sus detractores, es hacer justicia por la propia mano y a su vez, esta iniciativa promovería la criminalización de los sectores más vulnerables del país.

Cabe consignar que, el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores de Chile, a través de una carta pública difundida previamente a la votación de la Cámara, había señalado: “Rechazamos rotundamente que se intente resolver la crisis habitacional desde el parlamento vía castigos ya sea con cárcel, o a través de la auto tutela, política absolutamente peligrosa que puede llevar a la ley de la selva poniendo en riesgos la vida a quienes ante la incapacidad del Estado de dar respuesta a la actual crisis habitacional busquen resolver su condición de falta de vivienda ocupando terrenos o también a los dueños de los mismos, solo será posible avanzar cuando nosotros como movimientos y el estado busquemos los caminos de solución a la profunda crisis habitacional que hoy aqueja a miles de familias”.

También señalaron: “Si el parlamento continúa con esta ley irresponsable y anti pobre exigimos al presidente que use su poder de veto y use el Veto presidencial para detener esta ley Maldita, ante una inminente crisis humanitaria de la cual será responsable si no veta esta ley”.

Cámara aprobó cuestionado proyecto ley: Pasó a tercer trámite con cuestionados artículos

Tras dos jornadas de análisis, la Sala de la Cámara despachó la norma al Senado, desestimando la mayoría de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, que consideraban la precariedad económica de quienes realicen tomas u ocupaciones, así como revertir la legítima defensa privilegiada.

La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a tercer trámite el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución (boletines refundidos 14015 y 13657).

El texto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior. Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí el Ejecutivo intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.

Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.

Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.

Debate

Durante el debate parlamentarios de la oposición, de acuerdo a Prensa de la Cámara de Diputados y Diputadas, sostuvieron que el texto busca atacar los loteos irregulares. Lo propio en materia de narcotráfico y asociación ilícita en las tomas de terreno. Además, rechazaron categóricamente que el proyecto permita el enfrentamiento entre civiles.

Para los legisladores oficialistas, la iniciativa tal como quedó, equivoca el foco. Ello porque sanciona la precariedad al criminalizar la pobreza y atentar contra derechos fundamentales, cómo es el derecho a vivienda.

En tanto, la ministra del Interior Carolina Tohá dijo que esta ley tiene que endurecerse, pero no a tal punto de que los ciudadanos defiendan sus derechos por sus propias manos, según consigna prensa de la Cámara.

Precisó que hoy las herramientas para defenderse de la usurpación son muy débiles, por lo que se necesita una ley que salga pronto. Sin embargo, recalcó que se requiere que sea una buena ley de ocupaciones.

“El Ejecutivo está de acuerdo en endurecer las penas, pero no es lo mismo saltarse una reja que amenazar a alguien con una pistola; no está de acuerdo con que se arme un lote de gente con palos o armas a hacer justicia por sus propias manos”, precisó.

Ocupaciones ilegales o usurpaciones

Cabe recordar que el proyecto establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.

Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.

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