Cárcel para Piñera: Las violaciones a los derechos humanos en su periodo

«Cárcel para Sebastián Piñera», es el nombre de la iniciativa popular constituyente que fue ingresada a la Convención Constitucional con más de 20 mil firmas de apoyo, la que fue aprobada en general por la Comisión de Sistemas de Justicia. Ahora, corresponde ser votada dentro de la misma comisión en particular. Con las modificaciones que allí se levanten la norma pasaría a ser votada por el pleno en un segundo informe de la comisión.

El artículo propuesto por la iniciativa popular establece «la garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo».

¿Por qué cárcel para Piñera y garantías de no repetición? Cifras oficiales durante su periodo presidencial:

Sebastián Piñera el 20 de octubre del 2019, comunicaba a la opinión pública que: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a dejar “ambigüedades”, mientras el gobierno se convertía en un gobierno de facto y se intentaba controlar el estallido social a través de un estado de excepción.

El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó en dicho periodo 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.

El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la cámara de diputadas y diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

El actuar de agentes represores y de unidades de inteligencia, con masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales, fueron cometidas mayoritariamente cuando involucra proteger los intereses de los principales grupos económicos del país vinculados a Afps, educación, salud e intereses extractivistas industriales forestales-celulosas, latifundistas agro industriales, acuicolas, entre otros, que dan cuenta del servil comportamiento de su estructura jerárquica con redes del poder político y económico.

Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional el 21 de noviembre del 2019.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, sentenció la representante del organismo internacional de derechos humanos.

Otros hechos

Durante la noche del 1 de agosto del 2020, grupos de civiles armados racistas atacaron a comuneros mapuche, quienes habían ocupado, en modo de protesta, edificios municipales en la provincia de Malleco con el fin de apoyar la huelga de hambre que llevaron 27 presos mapuche en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu. Frente a esto, sectores conservadores y empresariales justificaron tales acciones, entre estos personeros está la ex ministra, Marcela Cubillos, actual constituyente y el empresario Andrónico Luksic.

El gobierno de Sebastián Piñera ha tenido en su cartera ministerial a personeros vinculados a crímenes de lesa humanidad, cómplices del terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Entre ellos, el ex ministro del interior Víctor Pérez y el ministro de justicia y derechos humanos, Hernán Larraín, quienes han sido denunciados con diversos antecedentes de haber estado vinculados a sectas nazis dentro de Colonia Dignidad.

Cabe mencionar que mientras se violaban Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales o de reivindicaciones indígenas en Chile, el gobierno realizó diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. A fines de julio de este 2020, Sebastián Piñera indultó a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar y recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.

Asimismo, queda el asesinato por la espalda del joven comunero Mapuche Camilo Catrillanca, cometido el 14 de noviembre del 2018 por agentes represores estatales del GOPE de Carabineros.

También, sin que aún sean condenados y favorecidos con cambios de medidas cautelares y múltiples suspensiones de juicio, están los agentes que fueron parte de la “Operación Huracán”, involucrados en diversos montajes de inteligencia de Carabineros para inculpar a numerosas personas Mapuche, siendo la antesala a otro plan que no alcanzó a concretarse y de características transfronterizas: “Operación Andes”.

Alfredo Seguel