La medida de suspensión fue solicitada por la Fiscalía Militar para que la Corte Suprema decida si el caso será llevado por la justicia militar o la civil. Mientras tanto, la Fiscalía de Arica debe frenar sus diligencias.
En el informe de Amnistía Internacional “No sabía que existían dos justicias” concluyeron que el el uso de la jurisdicción militar implica que -en la práctica- las víctimas y/o familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza policial, no tienen acceso a la justicia y a un recurso efectivo. De hecho, en muchos casos las sentencias han sido reducidas por los tribunales de alzada, mientras que en algunos casos no se llega a condena alguna.
“Es de esperar que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones en derechos humanos y tanto la muerte de Franco como las denuncias de torturas de conscriptos que hacían el servicio militar sean investigadas de manera oportuna y exhaustiva por la justicia ordinaria”, enfatizó en su cuenta de X el director ejecutivo de la Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos.