Caso Julia Chuñil no es aislado: Ataques sistemáticos a defensoras territoriales y ambientalistas en Chile

La defensora territorial mapuche Julia Chuñil desaparece tras años de amenazas. Su caso se suma a una preocupante escalada de ataques contra defensoras ambientalistas en Chile, marcada por incendios, intimidaciones y amenazas de muerte.

Caso Julia Chuñil no es aislado: Ataques sistemáticos a defensoras territoriales y ambientalistas en Chile

Autor: Seguel Alfredo

Ataques sistemáticos contra defensores territoriales y ambientalistas en Chile

Imagen portada publicada por Crónica Digital

Desde el 8 de noviembre de 2024, la defensora ambiental y territorial Julia Chuñil, presidenta de una comunidad mapuche en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, se encuentra desaparecida. Su desaparición ocurre en un contexto de años de amenazas e intimidaciones por su liderazgo en la defensa de 900 hectáreas de bosque nativo. Chuñil, madre de cinco hijos y abuela de diez nietos, enfrentaba presiones de latifundistas y empresarios forestales interesados en apropiarse de tierras ancestrales.

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El día de su desaparición, se dirigía a la Reserva Cora Número Uno-A en busca de animales extraviados, donde se hallaron huellas de una camioneta «inusual». Las comunidades exigen una investigación exhaustiva y denuncian la inacción de las autoridades.

Este caso no es aislado. En una carta abierta a TVU, la Fundación Pongo, la Comunidad Ciruelo Sur y la Coordinadora Socioambiental Biobío recordaron el hostigamiento sufrido por otras defensoras, como Vilma Mellado, quien enfrentó amenazas anónimas por oponerse a proyectos eólicos de la empresa AES Andes. Mellado recibió una carta con recortes de revista que decía: «el pueblo olvida a mujeres sin el respaldo». Estos hechos fueron documentados en un informe de la Fundación Pongo en agosto de 2023, que revela un patrón de amedrentamiento contra líderes ambientales.

Ver también transmisión en TVU 2023

En otro incidente, la abogada mapuche Orietta Llauca sufrió un atentado incendiario en su oficina en Llanquihue el 29 de noviembre de 2024. El incendio, que consumió documentos judiciales clave, fue atribuido a sustancias acelerantes y descartó una falla eléctrica. Llauca, reconocida defensora ambiental, vinculó el ataque a su labor en la defensa de los derechos territoriales mapuche. «Esto no es un accidente, es un paso más en la escalada de amenazas», declaró.

En Chiloé, la comunidad Mapuche Huilliche Cacique Pairo de Apeche de Queilen, denunció más de 60 casos de ataques y amenazas de muerte desde 2006, relacionados con su resistencia a la tala ilegal de bosques nativos. La cacique Oriana Oyarzún Teca lidera esta lucha, enfrentando violencia física y despojo territorial. La Fundación Escazú Ahora exigió la implementación del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales.

La científica y ambientalista Cristina Dorador también ha sido víctima de amenazas. En enero de 2024, publicó un mensaje anónimo que decía: «Una de las miles de basuras que tendrá que ‘desaparecer por obligación'». Dorador, exconvencional constituyente, es una activa defensora del medio ambiente.

Una lucha que se ha replicado durante siglos en defensa de las aguas y territorios sagrados tiene como ejemplo a la Machi Millaray Huichalaf, autoridad ancestral que protege el Ngen Mapu Kintuante, en el territorio de Pilmaikén. Junto a diversas comunidades, ha sostenido durante años una activa resistencia frente a la invasión transnacional, enfrentando un constante hostigamiento como consecuencia.

El caso de Macarena Valdés, encontrada muerta en 2016 en su hogar en Tranguil, Panguipulli, sigue sin resolverse. Valdés, opositora a un proyecto hidroeléctrico, fue hallada colgada en circunstancias sospechosas, antecediendo una serie de amenazas y hostigamientos. Un peritaje independiente reveló que su muerte tuvo la participación de terceros, pero las investigaciones permanecen estancadas.

Estos casos reflejan una crisis sistemática contra defensores ambientales e indígenas en Chile, donde la defensa del territorio y la naturaleza se enfrenta a poderosos intereses económicos y la inacción estatal. Desde diversas comunidades y organizaciones, se exige justicia, la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú y protección inmediata para quienes arriesgan sus vidas por el medio ambiente y los derechos indígenas..


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